La Corte Constitucional despenalizó, hace 25 años, la dosis mínima de sustancias psicoactivas. Con una ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria se interpretó que las leyes que prohibían y castigaban el porte de marihuana, cocaína y heroína atentaban contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El Espectador habló con Julián Quintero, director e investigador de la Corporación Acción Técnica Social (Ats), una organización social que documenta y educa sobre el consumo responsable de estas sustancias.
Según Quintero, el panorama al que se enfrentó la Corte hace 25 años es muy diferente al que hay ahora en este tema y en el país hay algunos avances, aunque también muchos desaciertos. En el Acuerdo de Paz, por ejemplo, se firmó un enfoque de salud pública frente al consumo sobre el cual, dice, “no se ha hecho nada”.
¿Cómo es el consumo de drogas una forma de desarrollo de la personalidad?
Una parte de la sentencia dice: "el considerar a la persona como autónoma consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen sólo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto". Quiere decir que todo lo que esté de la piel hacia adentro responde y es obligación del albedrío de la persona y quien toma la decisión es él o ella. Eso es el libre desarrollo de la personalidad. Siempre y cuando yo no vaya en contra de los derechos de las demás personas, el Estado me debe proteger y me debe garantizar eso.
Después de todo el ruido que hizo esta sentencia en 1994, ¿qué ha cambiado en el país en estos 25 años en cómo se afronta el consumo de drogas?
Sí ha cambiado mucho. Partamos de la base que el fallo de la Corte solamente reconocía la dosis mínima en términos de: cocaína, un gramo; hachís, cinco gramos; marihuana, veinte gramos; metacualona, que ya no se usa, otra medida. Hoy en día, en el mercado, podría haber tranquilamente entre diez y quince sustancias de consumo regular: éxtasis, LSD, 2CB, los poppers, heroína y otro montón. Entonces, hay más sustancias, por una parte, y, por otra, hay mayor prevalencia del consumo. Lo que hemos visto nosotros es que, pese a todos los intentos por las líneas más conservadoras y retardatarias de que el modelo de salud pública no avance, sí hay un avance en estos 25 años.
¿Qué rescata y qué se puede hacer mejor en cómo se aborda el consumo de drogas en Colombia?
La política que tenemos en este momento frente al consumo nos permite ver hasta dónde se ha avanzado en los últimos años. Este Gobierno la echó para atrás, pero no logró devolvernos del todo. Pese al pesimismo que hay en el ambiente por el regreso a políticas más anticuadas, lo que vemos es que se han logrado poner nuevas fronteras en términos de política pública de drogas. Por más que se intenta retroceder, ya quedaron pilares básicos como, por ejemplo, la reducción de riesgo y daños. Me parece que es algo que el país debe aprovechar, es algo en lo que hay que avanzar. Es lo que más rescataría en este momento de la política actual de consumo de psicoactivos: el enfoque de reducción del riesgo y dañó pasó la prueba del regreso al pasado que le querían aplicar.
Una cosa es lo que se dice en la jurisprudencia y otra cómo esa jurisprudencia se aterriza en la cotidianidad, ¿cómo ha sido ese proceso de descriminalizar el consumo?
La despenalización del consumo se ha ganado más a pulso por parte de los activistas, de los técnicos y de quienes defienden los derechos, que por las oportunidades que el gobierno da. Se ha ganado más en un agotamiento de la fuerza pública en las calles. Lo dicen los activistas: ya están acostumbrados al juego del gato y el ratón. Se sabe que cuando llega el policía a buscar no encuentra nada, pero que cuando se va, se prende el otro. Se ve que cada vez el consumo ha ganado más espacio, que cada vez se han logrado posicionar más los derechos de los consumidores, la salud pública. En términos de la práctica es más lo que se gana con tutelas, con fallos judiciales y con el desgaste natural del prohibicionismo, que por el reconocimiento de los derechos que ha hecho el Estado, porque lo único que ha hecho es intentar quitarlos.
(Lea aquí: Dosis mínima: más allá de oferta y demanda).
El informe de la agencia de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) de 2018 expresa su preocupación por el incremento en el consumo de fármacos sin prescripción, ¿cuál es la tendencia en Colombia?
Lo que nos está diciendo ese dato es que el problema no son las sustancias, porque se pueden consumir sustancias legales, ilegales o legales de uso indebido, como son los fármacos de prescripción. Tenemos es que concentrarnos más en educar de manera adecuada a los ciudadanos para que sepan muy bien cuáles son los riesgos y los daños que los rodean en torno a lo que están consumiendo. Prohibir o restringir los fármacos es caer en la misma trampa, meter a la cárcel a un farmaceuta es caer en la misma trampa.
¿Cuáles son las drogas que más observan que se consumen en el país?
Pareciera ser que se está posicionando muy fuertemente el LSD o lo que se conoce como “papeles”. Esto sería lo que más llama la atención, por lo menos en las encuestas del consumo que hacemos. Después están los inhalantes, que también han tomado mucha fuerza. Especialmente en los más jóvenes, en la población escolar, los inhalantes se posicionan por encima de drogas como el éxtasis o la cocaína, hasta por encima de la marihuana —la más consumida en Colombia— en algunas partes del país.
El éxtasis es otra sustancia que ha tomado cada mucha fuerza y ahorita yo creo que, en estos últimos cinco años, lo que se conoce como 2CB o el falso 2CB. Es una realidad completamente diferente a la que tenía la Corte Constitucional hace 25 años y, claramente, es una realidad para la que el país y las instituciones no se prepararon y la sociedad civil necesita de organizaciones expertas en el tema para poder avanzar. Las instituciones deben llamar a participar a los consumidores para poder entender este fenómeno y por lo menos acercarse un poquito a los años de ventaja que ya le tomó.
¿Qué pasa con la posición del gobierno de Iván Duque frente al consumo?
Este último gobierno, puntualmente, ha querido retroceder. Por el lado de penalizar, sacó un decreto que sigue, restringiendo y sancionando el porte y consumo, y, por el lado de salud, volvió a instalar el consumo de sustancias en un tema de salud mental, donde estaba hace veinte años. Yo creo que esto detrás hay defensores del prohibicionismo que ven que hay una ola mundial que se está acomodando y que avanza de una manera diferente hacia los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, la salud pública y la regulación de los mercados.
(También: El laberinto jurídico frente a la dosis personal).
¿Estaría entonces ese decreto en contra de lo dicho por la Corte?
Lo que firmó el presidente el año pasado es la demostración clara de lo que se llama populismo punitivo como política mediática. La gente se acordó de esos quince días y ya no se ha vuelto a acordar de más. A muchas personas las han sancionado, pero simplemente han tomado más precauciones. Nosotros hicimos una encuesta semanas después de que salió el decreto y, claramente, la gente no ha cambiado su posición de consumir. Simplemente han tomado medidas para que no sean sorprendidos.
Lamentablemente, la calidad de las sustancias, dicen, ha bajado y ha aumentado la posibilidad de corrupción, así como el precio de las sustancias. Entonces, los grandes beneficiados han sido los narcotraficantes y los policías corruptos que se prestan para eso. Yo creo que nadie se acuerda eso y fue nada más como el cumplimiento acciones de campaña y la situación sigue igual. Habrá que esperar qué dice el Consejo de Estado de las demandas que se interpusieron. Son seis demandas y se van a demorar mucho tiempo, pero creemos que los fallos van a ser a favor de seguir protegiendo la sentencia de la Corte Constitucional.
El punto 4 del Acuerdo de Paz concibe un tema del que se ha hablado poco: el abordaje del consumo de drogas desde un enfoque de salud pública, ¿cómo va esto?
No se ha hecho nada. No hay razón. Es el punto donde más está retrasado el gobierno en todo el punto cuatro de drogas. Tenían que hacer un enfoque, tenían que generar una comisión, tenían que hacer un evento internacional. No se ha hecho nada. Y usted le pregunta al Ministerio de Salud y simplemente le dice que han hecho "reuniones de concertación", "reuniones de conciliación", "reuniones para concertar la conciliación", "reuniones para planear la reunión de articulación". No se ha hecho nada. El Gobierno Nacional está incumpliendo el Acuerdo de paz totalmente en el tema de drogas, por lo menos desde la perspectiva consumo. No hay nada.