Es falso que Gobierno pretenda retirar del Congreso a representantes de FARC: Archila

Emilio Archila, consejero para la Estabilización, le salió al paso este martes a la misiva que la plataforma Defendamos la Paz le envió el pasado 28 de abril al jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertándolo por las "embestidas contra la implementación del Acuerdo de Paz en tiempos de coronavirus". De acuerdo con el consejero Archila, dicha comunicación contiene información falsa. 

(Contexto: Defendamos la Paz alerta a Naciones Unidas de las “embestidas contra el Acuerdo”)

Los puntos que rebatió el consejero son particularmente los referidos al segundo apartado de la carta de Defendamos la Paz, que tratan sobre las intenciones del Gobierno de evadir el cumplimiento del Acuerdo. "Se pretendió, seguramente de buena fe, argumentar que en mi más reciente reporte mensual de avances de la implementación se habrían hecho unas afirmaciones que definitivamente no hice", dijo Archila. 

El primer punto que contradijo fue aquel en el que esa plataforma habló de los intentos del Gobierno y el partido de Gobierno de retirar del Congreso a los senadores y representantes de la FARC, mientras cumplen con las condenas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Archila sostuvo que lo que generó el malentendido fue que en el reporte se incluyó una parte de la introducción de la política de Paz con Legalidad, donde "se señala que se iban a presentar, como en efecto se presentaron, dos propuestas de modificación constitucional. Este punto no es una de esas modificaciones y no se pretende tal modificación". 

A renglón seguido, aclaró: "Creemos que por ética, quienes sean condenados por delitos de lesa humanidad deberían retirarse del Congreso, pero eso nunca lo hemos tratado de imponer porque leímos correctamente la sentencia de la Corte Constitucional".

(Lea también: “Los seguimientos ilegales afectan la consolidación de la paz”: Francisco de Roux)

Igualmente rebatió lo dicho por Defendamos la Paz sobre la intención del Gobierno de que los excombatientes de las Farc que no hayan entregado los bienes al próximo 31 de julio pierdan los beneficios de la JEP. "Lo que el reporte reitera es lo que se señala en la política de Paz con Legalidad, en el sentido de que quienes no hayan cumplido con todos los requisitos que se exigen para los beneficios de la JEP, incluida la entrega de los bienes en favor de las víctimas, deberían perder la totalidad de los beneficios de la justicia transicional. Obvio."

Y por último, se refirió al punto del inminente regreso de la fumigación con glifosato a los cultivos de coca. En ese sentido, fue enfático en reafirmar la posición del Gobierno sobre lo necesario que es utilizar la aspersión aérea dentro de las estrategias para combatir los cultivos de uso ilícito, junto a la erradicación y la sustitución. Sin embargo, dijo, "es absolutamente falso que en mi reporte mensual se haya hecho referencia a alguna propuesta de la manera como eso debería ocurrir o en el momento en el cual debería ocurrir". 

En relación con ese punto, actualmente cursa en el Ministerio de Justicia una revisión a las observaciones que la ciudadanía hizo al proyecto de decreto publicado por esa cartera en diciembre de 2019 para retomar la aspersión con glifosato.

Sin embargo, en su respuesta, el consejero no se refirió a otras críticas manifestadas por Defendamos la Paz en esa misiva, como los asesinatos de excombatientes de la guerrilla y líderes sociales. Respecto a los primeros, señaló que la cifra ya se aproxima a los 200 exguerrilleros asesinados y sobre los segundos, resaltó la cifra de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que habla de 108 homicidios de líderes en 2019 y 56 denuncias de asesinatos en los tres primeros meses de 2020. 

Emilio Archila, consejero para la Estabilización, le salió al paso este martes a la misiva que la plataforma Defendamos la Paz le envió el pasado 28 de abril al jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertándolo por las "embestidas contra la implementación del Acuerdo de Paz en tiempos de coronavirus". De acuerdo con el consejero Archila, dicha comunicación contiene información falsa. 

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Los puntos que rebatió el consejero son particularmente los referidos al segundo apartado de la carta de Defendamos la Paz, que tratan sobre las intenciones del Gobierno de evadir el cumplimiento del Acuerdo. "Se pretendió, seguramente de buena fe, argumentar que en mi más reciente reporte mensual de avances de la implementación se habrían hecho unas afirmaciones que definitivamente no hice", dijo Archila. 

El primer punto que contradijo fue aquel en el que esa plataforma habló de los intentos del Gobierno y el partido de Gobierno de retirar del Congreso a los senadores y representantes de la FARC, mientras cumplen con las condenas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Archila sostuvo que lo que generó el malentendido fue que en el reporte se incluyó una parte de la introducción de la política de Paz con Legalidad, donde "se señala que se iban a presentar, como en efecto se presentaron, dos propuestas de modificación constitucional. Este punto no es una de esas modificaciones y no se pretende tal modificación". 

A renglón seguido, aclaró: "Creemos que por ética, quienes sean condenados por delitos de lesa humanidad deberían retirarse del Congreso, pero eso nunca lo hemos tratado de imponer porque leímos correctamente la sentencia de la Corte Constitucional".

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Igualmente rebatió lo dicho por Defendamos la Paz sobre la intención del Gobierno de que los excombatientes de las Farc que no hayan entregado los bienes al próximo 31 de julio pierdan los beneficios de la JEP. "Lo que el reporte reitera es lo que se señala en la política de Paz con Legalidad, en el sentido de que quienes no hayan cumplido con todos los requisitos que se exigen para los beneficios de la JEP, incluida la entrega de los bienes en favor de las víctimas, deberían perder la totalidad de los beneficios de la justicia transicional. Obvio."

Y por último, se refirió al punto del inminente regreso de la fumigación con glifosato a los cultivos de coca. En ese sentido, fue enfático en reafirmar la posición del Gobierno sobre lo necesario que es utilizar la aspersión aérea dentro de las estrategias para combatir los cultivos de uso ilícito, junto a la erradicación y la sustitución. Sin embargo, dijo, "es absolutamente falso que en mi reporte mensual se haya hecho referencia a alguna propuesta de la manera como eso debería ocurrir o en el momento en el cual debería ocurrir". 

En relación con ese punto, actualmente cursa en el Ministerio de Justicia una revisión a las observaciones que la ciudadanía hizo al proyecto de decreto publicado por esa cartera en diciembre de 2019 para retomar la aspersión con glifosato.

Sin embargo, en su respuesta, el consejero no se refirió a otras críticas manifestadas por Defendamos la Paz en esa misiva, como los asesinatos de excombatientes de la guerrilla y líderes sociales. Respecto a los primeros, señaló que la cifra ya se aproxima a los 200 exguerrilleros asesinados y sobre los segundos, resaltó la cifra de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que habla de 108 homicidios de líderes en 2019 y 56 denuncias de asesinatos en los tres primeros meses de 2020.