“Los seguimientos ilegales afectan la consolidación de la paz”: Francisco de Roux

Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. / El Espectador

Una de las grandes conclusiones del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), sobre el nuevo episodio de seguimientos a 130 personas —entre ellas periodistas nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, políticos y organizaciones— es que debe haber una reforma estructural dentro de las fuerzas armadas. No se trata solo, según el sacerdote, de imponer sanciones disciplinarias o penales, porque las ha habido en anteriores ocasiones, sino de un cambio en la ética y la moral de los funcionarios.

Si se quiere acabar con el conflicto, para De Roux, es crucial que estas actuaciones desaparezcan. De lo contrario, como ya ha sucedido, se repetirán acciones violentas en contra de quienes defienden las comunidades o piensan diferente. El presidente de la CEV explica que hoy están trabajando para esclarecer este patrón dentro de los organismos de inteligencia, aunque señala que no ha habido buenos resultados para acceder a información.

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¿Qué documentos le pidió al Ministerio de Defensa?

Nosotros le hemos pedido al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que nos entregue la información que tiene que ver con esta historia de perfilamientos, hechos en distintos momentos durante el conflicto armado colombiano, para averiguar información privada de periodistas, políticos, sindicalistas, líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos.

¿Por qué?

Nosotros tenemos varios ejemplos que demuestran que ese tipo de comportamientos de grupos de inteligencia de las fuerzas armadas produjeron actos de violencia, estigmatizaciones, señalamientos, desprestigio e incluso intimidaciones y procesos judiciales arbitrarios en contra de personas que aparecieron en esas listas. La Comisión tiene la misión de trabajar por el esclarecimiento de la verdad en el conflicto armado. Una verdad que no es jurídica, porque no condenamos a personas, sino que vamos detrás de entender qué sucedió y por qué se dio lugar a este tipo de sospecha y persecución. Nos preocupa porque esto tiene mucho que ver con lo que se llamó la teoría del enemigo interno que afectó tanto a Colombia. El hecho de ver que esto vuelve a aparecer, inmediatamente, levanta la inquietud de la continuidad del conflicto, y a nosotros se nos ha pedido que trabajemos por la no repetición. 

¿Qué buscan con esta información?

Nos preocupa porque esto tiene mucho que ver con lo que se llamó la teoría del enemigo interno que afectó tanto a Colombia. El hecho de ver que esto vuelve a aparecer, inmediatamente, levanta la inquietud de la continuidad del conflicto, y a nosotros se nos ha pedido que trabajemos por la no repetición. Por otro lado, nosotros vamos a profundizar en el esclarecimiento de casos y problemas que explican qué pasó en la guerra. Necesitamos esa información para comprender y contrastar con otras fuentes, como las víctimas, otros centros de investigación del país, procesos judiciales, los excombatientes, en Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, entre muchas más instituciones. 

¿Qué pasa si el Ministerio de Defensa no le entrega esos documentos?

El Decreto deja claro el derecho que tiene la Comisión para acceder a información reservada. Todas las entidades del Estado de prestar su colaboración a la CEV para el cumplimiento de sus objetivos. Incluso hay un artículo, el 16, que estipula el acceso a información reservada y dice: "La CEV podrá de las instituciones públicas la información necesaria para el ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna...". Y se agrega, en el artículo 17, que "la negativa o negligencia de un funcionario o un servidor público que impida o dificulte el desarrollo de las funciones de la CEV constituirá causal de mala conducta". Eso significa que si no nos entregan esa información, el ministro o el funcionario encargado de suministrarnos esa documentación incurre en una falta. 

¿Ha hablado con el ministro en esta ocasión?

No, hemos hecho bastantes peticiones a las fuerzas armadas del Estado. Tengo que ser franco: no hemos tenido un buen resultado y justamente por esto estamos planeando una reunión de las partes para tratar de clarificar los procesos. Nosotros ya hemos firmado protocolos con las distintas ramas de defensa para pedir, recibir y proteger esa información. Estamos a la espera de sus respuestas.

¿Qué opina de la reacción del ministro de Defensa y el presidente Iván Duque ante este nuevo episodio de seguimientos?

He visto que el presidente ha tenido una visión ética y jurídica sobre el asunto. Y en el ministro, una posición más administrativa y una determinación en tomar decisiones de fondo. Pero me parece importante resaltar que ya se han tomado este tipo de decisiones anteriormente y varios militares han sido retirados de las fuerzas armadas, sin embargo, los episodios se repiten. Por eso nuestra enorme preocupación es que más allá de lo legal y lo administrativo, se toque el problema ético profundo. Esto tiene que ver con los comportamientos de moral pública y corporativa, no desde la mirada de "unas manzanas podridas". Mientras no se revise eso, no pensamos que estas cosas se van a arreglar. No se trata  sólo de poner leyes. Es el sujeto ético de la institución que debe transformarse. Para ponerlo en otros términos: lo que acaba de suceder públicamente es una vergüenza para el país, porque afecta a nuestras instituciones. Y no cualquier instituciones, se trata del Ejército, cuya legitimidad es muy importante. Estamos frente a una amenaza contra la constitución de Colombia, el derecho internacional e incluso de la vida, porque sabemos de casos de personas que fueron asesinadas y estigmatizadas por esas actuaciones. 

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¿Qué casos recuerda donde se demuestre que los seguimientos derivaron en otros hechos graves?

Hay varios. Me acuerdo del caso de Alfredo Correa, sociólogo barranquillero, asesinado en septiembre de 2004 por una combinación entre los paramilitares y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Fue señalado como ideólogo del frente 59 de las Farc. Hoy está condenado, por este homicidio, Jorge Noguera, exdirector del DAS. Y si nos vamos más atrás, está el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en agosto de 1994, en un operativo entre el Ejército y los paramilitares. Por este caso, el Estado fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Podría nombrarle también los homicidios de Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del CINEP, en mayo de 1997; del defensor de derechos humanos Eduardo Umañana, en abril de 1998; del periodista Jaime Garzón, en 1999, por el cual fue condenado a 26 años José Manuel Narváez, subdirector del DAS. Estoy hablando de los casos que fueron sometidos a la justicia solamente, pero hay muchos otros más que quedaron impunes y cuya responsabilidad también tuvieron fuerzas del Estado. Estas cosas tienen implicaciones inmensamente delicadas en lo que ha sido la historia del conflicto armado interno.

¿Cómo podría el Estado aterrizar eso que usted dice sobre la transformación ética?

Creo que debe haber un proceso educativo, cultural, de verdad interna que sea serio. Eso puede garantizar que las normas y las leyes se cumplan dentro de la misma institución. Aquí es muy importante el control ciudadano sobre las cosas. Es la ciudadanía la que debe decir que estos hechos son inaceptables. Así nos den mil razones para convencernos de que son solo pocas personas, eso hay que rechazarlo con vehemencia. Y al interior de la institución se deben mejorar los sistemas de control de estas conductas, se tomen o no decisiones de tipo administrativo o legal después. Es un asunto de prevención. Sé, porque conozco, que hay un deseo sincero dentro del Ejército de contribuir con la Comisión y una inquietud por su estatura ética. Por eso no perdemos la esperanza. 

Este periódico publicó un editorial en el que decía que estas actuaciones son una traición contra los colombianos, ¿usted cree lo mismo?

Sí. A mí ese tipo de planteamiento me gusta, porque es una forma de decir: nosotros esperamos otras cosas de nuestras instituciones, de quienes asumen responsabilidades tan grandes, como cuidar de la dignidad de todos los colombianos. Y ellos deben responder a esa delegación de confianza. En sus manos están nuestras vidas. Por eso esperamos la conducta ética del más alto nivel y una enorme exigencia moral. 

Usted habló de una depuración de archivos de inteligencia y contrainteligencia, ¿de qué se trata?

El origen de esa iniciativa salió en diciembre de 2017, justamente después del Acuerdo de Paz. Depuración porque en estos archivos fueron incluidos nombres de ciudadanos y ciudadanas justamente señalados como partes del conflicto o como sospechosos o criminales, personas a quienes no se les puede probar nada y quedan en esos archivos precisamente por las intenciones con que fueron producidos, que son intenciones muy preocupantes. La depuración consistía en eso: que saquen de esos archivos personas que nunca se les pudo comprobar absolutamente nada, y es evidente que se actuó hacia ellos con propósitos de perseguirlos o estigmatizarlos. Pero no sabemos en qué va esto y por eso expresamos nuestra inquietud. 

¿Tendrá el informe final de la CEV un apartado sobre este tema de inteligencia, sobre seguimientos ilegales de inteligencia en Colombia?

Seguramente sí. Es un tema que vamos a estudiar con cuidado, porque nos hemos dado cuenta de que es un caso significativo de lo que fue el conflicto en el país y puede tener implicaciones del otro lado. Seguramente los grupos armados ilegales, (paramilitares y guerrilla) también hacían acciones inteligencia y estigmatizaban ciudadanos. Eso influyó a que el sufrimiento se acrecentara en Colombia. Muchas personas inocentes entraron en sospecha y murieron por esas sospechas. 

¿Ha consultado la CEV a miembros de la inteligencia militar que les puedan dar explicaciones de esos patrones? 

Sí, tenemos testimonios de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos testimonios de personas que son de la reserva activa y de militares activos, por supuesto no podemos dar los nombres.

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¿Cree que estos hechos son un golpe a la consolidación de la paz?

Por supuesto que estos seguimientos ilegales afectan la consolidación de la paz y de un país que anhela confianza entre todos los ciudadanos, el respeto por el periodismo democrático y el trabajo de quienes luchan por defender las comunidades y los derechos humanos. Eso no puede ser objetivo de la inteligencia militar. Esos esfuerzos se deberían dirigir justamente hacia los actores armados que se levantan contra el Estado y hacia los criminales. Algunas de las preocupaciones que se planteaban en estos días eran: ¿por qué poner todo ese esfuerzo de inteligencia sobre periodistas y sobre oposición política y no concentrarlo sobre quienes están asesinando a los líderes campesinos y líderes en comunidades? ¿Por qué no dirigirlo hacia las personas que están matando a la gente si es que queremos trabajar para que se consolide la paz?