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Hace apenas 20 años los movimientos LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans) se juntaron para hablar de su participación en la paz y de cómo les había afectado la guerra. Fue en 1998, cuando el gobierno de Andrés Pastrana iniciaba unos diálogos de paz con la entonces guerrilla de las Farc. Ese acuerdo falló, la guerra se recrudeció, vinieron los años con más víctimas, pero las personas LGBT resistieron. Aunque no sin vivir graves violencias.
Y solo desde hace menos de 10 años se empezó a documentar qué les habían hecho los actores armados a estas personas.
Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo, una organización que trabaja por la defensa de los derechos de la población LGBT, explica que contra estas personas se han presentado amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual, desapariciones forzadas entre otras violencias por razón de prejuicios basados en su orientación sexual o su identidad y expresión de género. El Caribe no fue la excepción. Por eso, buscando la verdad de lo que les hicieron, firmaron un convenio de cooperación con la Comisión de la Verdad, el organismo del sistema de justicia transicional que en dos años debe emitir un informe sobre qué pasó en este medio siglo de conflicto. Sin embargo, esa búsqueda no comienza de cero y precisamente para esto se firmó el acuerdo.
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Castañeda explica cuál es el objetivo de este convenio, qué han encontrado en el Caribe y cómo continuará la búsqueda de esta verdad.
¿Con qué objetivo se firma este convenio?
La idea es generar puentes de diálogo entre ellos y nosotros, sobre todo en el tema de la violencia por prejuicio, la documentación de violencia y los hallazgos. Entonces esto tiene que ver con generar estrategias y jornadas con la confianza que les da a las víctimas acercarse a nosotros, tender un puente con la Comisión para que puedan recoger sus narrativas de verdad.
¿Cómo será esa cooperación?
Se da en tres líneas. Primero, identificar las prácticas que ya existen de construcción de paz, reconciliación, ciudadanía, porque sabemos y entendemos que la Comisión tiene la tarea de proponer una estrategia de reconciliación al país. Segundo, vamos a empezar un proceso de documentación de casos, ya nosotros trabajamos en el territorio y la idea no es revictimizar, sino compartir con la Comisión el trabajo que hemos hecho en los últimos años y poder generar una estrategia de documentación en los territorios para poder narrar la verdad a la Comisión. Y tercero, el convenio busca que efectivamente lo que ha pasado con Caribe Afirmativo (el convenio de cooperación) pase con otras organizaciones del movimiento LGBT, de modo que la Comisión pueda tener base para esos diálogos.
Además de este convenio, acompañamos debates y tenemos dos acciones más: presentar informes y también vamos a ayudarles en esa tarea de recorrer el país en la documentación de casos.
¿Desde Caribe Afirmativo han encontrado patrones de violencia?
Hemos identificado cinco territorios en el Caribe que tienen mayores niveles de afectación del conflicto armado en las personas LGBT.
El primero son los Montes de María, entre Bolívar y Sucre y alguna extensión que llega al Golfo de Morrosquillo. Aquí hemos encontrado particularmente amenazas a líderes y lideresas LGBT por panfletos y llamadas directas que pretendían que cesaran en su activismo o dejaran el territorio. El segundo es la Serranía del Perijá, entre Cesar y Guajira. Aquí vemos prácticas que tienen que ver con persecuciones directas e indirectas a personas LGBT en espacios públicos, la negación de estas personas en los espacios públicos, la prohibición sobre todo a las mujeres trans de llevar atuendos femeninos y a los hombres gais de manifestarse abiertamente como homosexuales en público, sobre todo en municipios cercanos a Valledupar y en general en Cesar.
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El tercero es en “los sures”, sur de bolívar y del Magdalena; encontramos prácticas de desplazamiento forzado y amenazas como en los Montes de María y en algunos casos prácticas de desapariciones forzadas sobre todo en el sur de Bolívar, que queremos desarrollar con la UBPD. U finalmente el Sur de Córdoba y su vecindad con el Golfo de Urabá y con el Bajo Cauca Antioqueño. Encontramos las prácticas temporalmente más fuertes, porque se reflejan sobre todo en los últimos años de estudio de conflicto armado y tienen que ver con la combinación de tres acciones: asesinato de líderes y lideresas LGBT en municipios como Montelíbano, Tierralta y Caucasia; amenazas panfletarias a quienes son líderes y en los últimos años estaban relacionados con posteriores acciones violentas; y desplazamiento forzado sobre todo en Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta y algunas restricciones y prácticas de persecución a las personas con un liderazgo más significativo.
¿Van a trabajar con la Jurisdicción Especial para la Paz y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas?
Sí, por medio de la alianza Voces LGBT, que cuenta con el apoyo técnico del ICTJ y la embajada de Holanda. En lo que compete a la JEP, apoyamos una discusión que tuvo esta entidad al principio de su mandato sobre el papel del enfoque de género, particularmente sobre judicializar violencias hacia personas LGBT. Hemos empezado un proceso de entrega de informes sobre violencia por prejuicio hacia personas LGBT en el marco del conflicto armado. Entregamos un informe correspondiente al caso 002, de Barbacoas y Tumaco, otro en relación con el 004, Urabá, un informe sobre violencia en los Montes de María y estamos pendientes de uno en el norte del Tolima. Vamos a seguir en un ejercicio de acompañamiento a las víctimas.
Frente a la UBPD es donde hemos avanzados menos, porque tiene más duración ene l tiempo. Ya hemos entablado un diálogo y tenemos muchas expectativas, estamos tratando de aprender de búsqueda de personas dadas por desaparecidas desde las organizaciones de familiares.
¿Qué les pudo pasar a las personas LGBT en materia de desaparición forzada?
Tenemos dos intuiciones. Una, que seguramente muchas personas trans que salieron de los territorios más rurales de nuestro país, de las que nadie se preocupaba y nadie preguntaba por ellas, seguramente habrá muchos casos de desaparecidas. Lo segundo tiene que ver con la mal llamada limpieza social, que fue muy fuerte en Barranquilla, Montería y Valledupar. Cuando revisamos los reportes de prensa encontramos que las mujeres trans en trabajo sexual y los hombres que tenían sexo con hombres con VIH y algunos hombres con prácticas de afeminamiento eran víctimas de esas prácticas de limpieza social.