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La Vicky, la Mama Mía, La Papuchina y Jairo. Así se reconocían y así los vamos a nombrar. Tres mujeres trans y un hombre gay que fueron victimizados, entre los años 2001 y 2003, por los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (Acpb), en cabeza de Arnubio Triana Mahecha, conocido como Botalón. La Vicky, la Mama Mía y Jairo no sobrevivieron para contar qué les hicieron. Fueron asesinados y desaparecidos, pues sus cuerpos fueron arrojados al río Magdalena. Las dos mujeres, además, fueron desmembradas. A la Papuchina la torturaron y la desplazaron, pero sobrevivió.
Por estos crímenes, Mahecha y otros 25 paramilitares fueron condenados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en 2014. Es la primera sentencia, en el marco de Justicia y Paz, que condena a miembros de las autodefensas por afectar a la población de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) por razón de su orientación sexual e identidad de género, es decir, por sentir y verse distinto a lo que dictan las normas sociales de la heterosexualidad.
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“En otras sentencias hay menciones de que las personas fueron asesinadas por su orientación sexual, pero es una mención en el caso. En este específico hay una mención clara y la identificaron como un patrón. Ellos dicen que fue abiertamente un patrón criminal y una política de exterminio de Botalón y sus hombres contra estas personas”, dice Carolina Restrepo, coordinadora de Sentencia del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este fallo ordenó al CNMH hacer un proceso de documentación y memoria sobre lo que vivieron y viven las personas LGBT en el Magdalena Medio, una región conformada por 39 municipios en siete departamentos.
Así, durante 2017 y 2018, investigadores e investigadoras del CNMH hicieron entrevistas, talleres y visitas a estos lugares. Hablaron con los familiares y amigos de las víctimas, así como con otras personas LGBT de los territorios. Ese trabajo dio como resultado el informe: “Ser marica en medio del conflicto armado, memorias de personas LGBT en el Magdalena Medio”, un nombre que pusieron como una forma de reivindicar llamarse a sí mismas “maricas”, porque quisieron avergonzarlas por lo que eran y mostraban con orgullo.
El documento ya se encuentra en la página web del centro y, dice Restrepo, está próximo a imprimirse, aunque aún no hay fechas de su lanzamiento público y regional. Se publicó anticipadamente porque necesitaba socializarse con los familiares e, incluso, con los condenados en una audiencia de seguimiento a la sentencia, que sucedió este lunes 22 de julio en Bogotá.
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En la diligencia, Restrepo contó algunas de las conclusiones e hipótesis del informe, y los condenados, conectados vía streaming desde sus sitios de reclusión, guardaron silencio. Las cifras hablaron: Entre 1981 y 2016, 175 personas LGBT fueron víctimas del conflicto armado, por causa de su orientación sexual e identidad de género, en 39 municipios del Magdalena Medio, y, en total, sufrieron 261 casos de violencia. La violencia contra La Vicky, La Papuchina, La Mama Mía y Jairo fueron apenas una pieza violentada de esa estrategia de odio, de “violencia heternormativa”, dice el informe.
Esta violencia fue cometida, en su mayoría, por paramilitares, pero también están las guerrillas, la Fuerza Pública, grupos armados posdesmovilización y más de un perpetrador. “En Colombia las personas que se apartan de la heterosexualidad obligatoria han sufrido, en todos los tiempos, múltiples formas de violencia que se fundan en la construcción de estos sujetos como “indeseables””, explica el documento. Y el Magdalena Medio no es la excepción. De esta manera, quienes portan armas también piensan que a “las maricas bien portadas y a las boletosas, a las machorras y a las travestis, al gay serio y al relajoso” hay que enderezarlas. Y las armas y la impunidad de estos delitos les dan el poder para hacerlo.
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En esta región, particularmente, la confluencia de actores de la guerra ha hecho aún más hostil el escenario. Esto tiene una explicación: el Magdalena Medio es una región rica. Hay gran producción de oro, carbón y petróleo. De hecho, es en Barrancabermeja donde se refina el 70% del petróleo producido en el país, según la oficina de la ONU para el desarrollo (Pnud). Además, la comunicación con otras regiones es sencilla, a causa del río Madgalena, que desemboca en el mar Caribe, en Barraquilla, la ciudad más importante de la costa norte.
En ese contexto se reclutaron niños y jóvenes de estos territorios, los mismos que tenían condiciones de vida muy precarias, así como una idea preconcebida sobre los roles de género. Hombres: heterosexuales, masculinos, bruscos, que se hacen respetar. Mujeres: heterosexuales, delicadas, madres, que permanecen en casa. Todo lo que se saliera de ese molde estrecho estaba mal.Por eso las violentaron, pero tenían historias.
La Vicky, por ejemplo, “Primero se llamó Duván, luego le decían La Paícho y terminó siendo La Vicky. Desde pequeña le gustó ponerse vestidos, pantalonetas cortas y blusas ceñidas al cuerpo. Maquillarse". Le gustaba estudiar, tenía 14 años y cursaba quinto de primaria cuando la desaparecieron. Un hombre apodado Chiqui Bomba fue a buscarla hasta su casa en una moto, le ofreció un trabajo y se la llevó. Nunca se supo más de ella. La buscaron y nada. Después de trece años se supo al fin lo que había ocurrido. La asesinaron, la desmembraron y la arrojaron al río.
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O la Mama Mía, a la que ”siempre le gustaron las blusitas esqueleto y las licras ajustadas y corticas. Era amiga de La Vicky y de la Papuchina. “Eran cerca de las diez de la noche del 12 de enero de 2002, cuando se la llevaron. Mama Mía, su hermana y sus sobrinos estaban a punto de acostarse cuando un muchacho conocido tocó a la puerta y le dijo que la necesitaban, que fuera con él”. Se fue para no volver. Su madre y su hermana la buscaron durante días, hasta que “unos pescadores les dijeron que habían encontrado una pierna. La hermana recuerda que antes de que la volvieran a tirar al río alcanzó a ver en ella el sol que Mama Mía llevaba tatuado. “No podemos guardarla porque nos metemos en problemas”, escuhó que dijeron los hombres. Solo tuvo la certidumbre de que estaba muerta cuando, en versiones libres de Justicia y Paz, paramilitares aceptaron haberla asesinado, desmembrado y arrojado al río Magdalena.
O Jairo, que leía las cartas y el café de manera tan certera, dicen, que podía darles respuestas a las familias que buscaban a sus desaparecidos. Y la Papuchina, que se tuvo que desplazar para poder sobrevivir, cayó en una depresión profunda después de las muertes de sus amigas y estuvo dando tumbos por la vida.
La violencia contra estas personas fue, dice Tatiana Romero, investigadora principal del informe, justificada de alguna manera. Los paramilitares dijeron que era porque vendían drogas, o porque se robaron alguna cosa, quizás porque estuvieron involucradas en una pelea. Pero lo único cierto, dice Romero, es que la violencia ha sido sistemática. “Se ejerce violencia física, simbólica y estructural hacia la población LGBT y todo depende de cómo se asuma y se visibilice el ser. El factor de hacer pública su orientación sexual o identidad de género incide bastante en la violencia que se ejerce contra la persona”. La investigadora también cuenta que aún entre 2017 y 2018 fue complicado hacer la investigación. En Puerto Boyacá, Barrancabermeja (Santander) y San Pablo (Bolívar) hubo momentos de tensión. Ahí donde “la presencia de los actores permeó y eso se mantiene en la cultura”.
Este informe conmemora estas vidas olvidadas y marginadas. Es una forma, también, de decir que las “formas rígidas de ser mujer y de ser hombre, que aparecen en el imaginario colectivo como “deber ser” y que los actores armados también defendieron con el rigor de las armas” han condenado a las personas con expresiones de género y orientaciones sexuales diversas a la violencia, la muerte y la indignidad. Y, sobre todo, es un grito para sacarlas de esos lugares y reconocer que la culpa no fue de “las maricas” por existir en el Magdalena Medio.