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Desde el 6 de marzo pasado, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Colombia, y mientras la peste se irrigaba por 85 países del mundo, en ese momento, la agenda mediática poco a poco se sumergió en la pandemia que generó pánico colectivo y que hoy nos tiene aislados. No obstante, debajo del puente la realidad de la guerra en Colombia ha seguido su curso y se ha llevado a varios líderes sociales, quienes han muerto en total indefensión y bajo prácticas de crueldad. Desde entonces y hasta la fecha, cuatro defensores fueron acribillados por sicarios desconocidos.
De ahí en adelante, a medida que se fueron conociendo los casos de personas contagiadas del coronavirus y tras las decisiones del Gobierno hasta terminar aislados, todo lo demás quedó opacado con la bruma del pánico colectivo. Por ejemplo, los tres homicidios que se cometieron el 19 de marzo pasado en tres regiones aún en guerra: Antioquia, Norte de Santander y Putumayo. Al día siguiente, el presidente Iván Duque, mientras velaban al último asesinado en el sur del país, decretó en una alocución presidencial histórica la cuarentena nacional.
“Hoy, ese motor comunitario que muy bien representaba Marcos Rivadeneira ya no está. La orfandad y terror en que quedan las comunidades se convierten en un muro pesado y frío que aplastan la esperanza de ellas. Marco nunca las abandonó, nunca tuvo miedo, siempre cubrió ese espacio que muchos no ocupaban, justo por el temor que los grupos armados y la Fuerza Pública han generado en esos sufridos territorios del Putumayo”, le escribió Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y quien viajó desde Bogotá al sepelio del líder comunitario.
Marco Rivadeneira fue un defensor incansable de los derechos humanos. Lideró las Juntas de Acción Comunal de varias veredas del corredor Puerto Vega – Teteyé; la Asociación Acsomayo y la Asociación Campesina de Puerto Asís (Asocpuertoasis), de la que era su actual presidente. También fue el vocero departamental del Proceso Nacional de Garantías desde 2009 y delegado ante la plataforma de Derechos Humanos, Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos. Igualmente, fue un líder activo del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos en el Putumayo.
El jueves pasado, mientras estaba reunido con otros líderes de la zona, tres hombres vestidoS de civil y armados llegaron al salón, lo llamaron con señas y se lo llevaron secuestrado. Horas después, su cadáver fue encontrado con tiros de arma de fuego y con su mochila terciada, la que siempre lo acompañó en su lucha por la vida y el territorio.
Según un informe del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz), el balance de homicidios en los dos primeros meses del 2020 es preocupante, siendo el más alto en los últimos años. El conteo de las Naciones Unidas hasta febrero pasado marcaba 10 asesinatos, mientras que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), registra 17 casos. Este documento, que trae un análisis sobre la situación de los líderes sociales en el país, analizó los 108 asesinatos que documentó la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia en 2019, y encontró que: “el 75 % ocurrió en zonas rurales; el 86 %, en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; el 91 %, en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98 %, en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como de otros grupos violentos y de grupos criminales”.
Finalmente, es válido, en medio de este desangre que están viviendo los defensores en Colombia, traer a colación una conclusión del informe del relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst, sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos: “La gran mayoría de las personas defensoras en Colombia no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio (...) Están en peligro y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del Acuerdo de Paz. Al menos, 323 personas defensoras han sido asesinadas desde entonces en un contexto de altos índices de impunidad. Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado”.