Los dos discursos que este jueves dieron desde Córdoba el presidente Gustavo Petro y Salvatore Mancuso tuvieron pedidos de parte y parte. El presidente le propuso al exjefe paramilitar “finiquitar” el proceso que inició con el expresidente Álvaro Uribe y reabrir los diálogos de paz con los exparamilitares que, a través de la Ley de Justicia y Paz, se desmovilizaron en 2005.
“Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”, aseguró Petro en un mensaje directo a Mancuso, que participaba por primera vez en un encuentro con Petro tras su llegada a Colombia el pasado febrero luego de 15 años de extradición.
En el encuentro “Tierras para la reconciliación”, que se dio en Montería y donde se entregaron 8.430 hectáreas de tierras para restitución e incluso, el mandatario criticó ese proceso que se llevó hace 20 años con las extintas Autodefensas Unidad de Colombia y dijo que el proceso había “terminado mal”. “A ustedes los extraditaron, no estaba en el acuerdo de paz. Quienes los aplaudía considerándolos héroes, los pusieron en un avión, esposados a una justicia extranjera, los traicionaron. La paz no se hace con traiciones, sino con la palabra puesta sobre la mesa”.
Petro también anunció que están por salir nuevos decretos designando a gestores de paz. “Voy a expedir las cartas para sus antiguos compañeros, convertirlos en gestores de paz”, dijo el jefe de Estado sin mencionar los nombres.
Colombia+20 conoció que, en efecto, se están moviendo a toda máquina varios decretos para nombrar no solo a gestores de paz, sino delegados de los diálogos que a mediados de agosto se anunciaron con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), ambos grupos herederos del paramilitarismo. De hecho, es posible que la otra semana se dé la instalación con esta última estructura armada que justamente había pedido a Mancuso como gestor de paz.
Por su parte, Mancuso le pidió a Petro que haya celeridad en la instalación de la mesa de diálogo con las “exautodefensas”. “Señor presidente, hay actores que han jugado con la buena voluntad de su Gobierno, lo sabemos, pero hay otros que están listos, doy fe de ello, listos para iniciar la instalación de mesas de diálogo con el Gobierno Nacional para la pacificación de los territorios. Por favor, señor presidente, démosle celeridad, que los trámites para la instalación de estos diálogos y las mesas con las exautodefensas, entre otras, para la búsqueda de bienes que usted nos solicitó, sea un hecho cumplido. Estamos listos para instalar esa mesa inmediatamente”, afirmó.
Tras el evento, Petro aclaró que una mesa con los ex-AUC —una más dentro de las nueve que actualmente tiene su tablero de paz total— tendría como objetivo entregar tierras a las víctimas del conflicto armado. Aún se desconoce cómo se haría y bajo qué marco jurídico se haría.
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¿Qué esperar de los diálogos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo?
Con esos dos diálogos, que tienen una naturaleza distinta, el Gobierno se juega una última carta para darle oxígeno a la paz total. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, por su parte, representan un grupo con raíces más localizadas, cuyas operaciones se mueven en esa zona de Santa Marta, Magdalena y algunos municipios de La Guajira y Cesar. Si bien están vinculadas al paramilitarismo, con el tiempo su rol y estructura se han transformado. Este grupo, al igual que el Clan del Golfo, tiene una influencia no solo militar, sino también social y económica, controlando territorios estratégicos y, en algunas zonas, suplantando totalmente al Estado.
En el caso del Clan del Golfo, es la organización ilegal más poderosa del país. Surgido de las desmovilizaciones paramilitares en los años 2000, el Clan ha consolidado un control territorial significativo en varias regiones, especialmente en el Urabá antioqueño y chocoano, el Caribe y zonas del Pacífico. El grupo, hoy comandado por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego —conocido como Chiquito Malo y quien es uno de los seis representantes de la estructura en la mesa—, tiene actividades delictivas diversas, y que abarcan desde el narcotráfico hasta la minería ilegal, pasando por la extorsión y el sicariato.
En el último año, el Clan reiteró en más de cinco comunicaciones oficiales su intención de dialogar con el Gobierno, pero durante varios meses el Ejecutivo no respondió a sus solicitudes. El giro de esta semana para abrirle la puerta a la paz total puede responder a que el grupo se ha convertido en la principal amenaza para las otras negociaciones y para la paz en el país debido a su expansión territorial, control social y compleja organización interna.
Un hecho que lleva a tener expectativas moderadas con estos procesos es que aún no hay un marco normativo que regule los diálogos sociojurídicos. Pero de fondo, el mayor desafío es el modelo de negociación a acordar con el EGC y las ACSN. ¿Estamos ante un proceso de paz o más bien un proceso de sometimiento? Si bien la resolución del Gobierno dice que será un proceso para someter a la justicia a ambos grupos, esas estructuras armadas —en especial los gaitanistas— ya han dicho en muchas ocasiones que eso no es lo que quieren. De hecho, lo que buscan es una negociación y el estatus político.
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