¿Qué hacer para que no sigan asesinando a líderes sociales en el Pacífico?

Desde el 2016 a la fecha, al menos 30 líderes y lideresas sociales de la región del Pacífico han sido asesinados, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, entidad que este 28 de noviembre realizó en Quibdó (Chocó) un diálogo para reflexionar sobre las causas y afectaciones que generan estas muertes en los pueblos étnicos del país.

El narcotráfico, la minería ilegal, la presencia de disidencias de las Farc, grupos como el ELN, bandas criminales y reductos del paramilitarismo han recrudecido la guerra en esta región, que comprende cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

La Comisión también reportó que desde 1986, en Colombia han asesinado a 233 autoridades étnicas, “varias de ellas en el Chocó, constituyéndolo como uno de los departamentos más peligrosos para el ejercicio del liderazgo y la defensa de los derechos humanos”. 

Por esta razón y como parte del mandato de la Comisión de la Verdad, de promover escenarios donde se reflexione sobre los estragos de la guerra y se evite su repetición, convocó a líderes, lideresas, excombatientes, periodistas y miembros del sector empresarial para dialogar sobre las razones que conllevan a los asesinatos, desapariciones y agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. 

En Quibdó, durante la mañana de este jueves, estuvieron sentados Dora Sepúlveda, lideresa de la Mesa de Mujeres Indígenas de Chocó; Helfer Andrade, líder de la Mesa Indígena Chocó; Orlando Castillo, líder social de Tumaco; Miller Mejía Chichiliano, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífica; Danelly Estupiñán, lideresa del Proceso de Comunidades Negras Palenque del Congal; el periodista Daniel Pacheco, director del programa de opinión Zona Franca; Richard Moreno, procurador delegado para Asuntos Étnicos; Pastor Alape miembro del Partido FARC; Euliquio Biojó Guevara, líder de Tumaco; Froilán Zapata, del Pueblo de la Memoria Histórica Carmen de Atrato; Abid Manuel Romaña, del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y Andrés Ramírez, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

(Le puede interesar:  Chocó debe estar en la 'conversación nacional': líderes sociales)

El diálogo, moderado por las comisionadas Ángela Salazar y Patricia Tobón, comenzó respondiendo a la pregunta de cuáles son las afectaciones en las comunidades indígenas y afro del Pacífico de los asesinatos de sus autoridades y líderes. 
Y principalmente, según los participantes del diálogo, lo que produce es un resquebrajamiento del tejido social que hay en las comunidades y familias porque elimina la defensa por lo colectivo. El asesinato de un líder o lideresa que defiendía el derecho a la tierra, al cuidado del medio ambiente o exige mayores oportunidades de inversión sostenible en sus territorios, al morir, deja sin vocería y representación esa colectividad. 

“Matan al pastor y la oveja corre. Matas al líder y el consejo comunitario o el resguardo indígenas se debilita porque no hay autoridad”, dio a manera de ejemplo Richard Moreno, procurador delegado para Asunto Étnicos. 

Para Euiliquio Biojó y Helfer Andrade, hay quienes quieren el poder político y económico en esas regiones a través de la apropiación de la tierra y los recursos naturales. Los líderes y lideresas entonces se convierten en un obstáculo por defender lo colectivo y los territorios que por años han sido fuente de vida para muchas personas. 

Para el caso de las mujeres, aseguró Danelly Estupiñán, lideresa del Proceso de Comunidades Negras Palenque del Congal, ellas son quienes mantienen la existencia de las prácticas culturales y valores que caracteriza al Pacífico. Son muy importantes a la hora de “curar y cuidar el cuerpo y el alma”. Por eso, su muerte o desaparición, significa una pérdida de la sabiduría ancestral de los pueblos negros e indígenas. 

Andrés Ramírez, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, señaló que una de las causas detrás de estos asesinatos es el olvido en el que se ha tenido a esta región, una de las que más le aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país. “Colombia ha sido y sigue siendo racista. Se ha olvidado del Pacífico, de las zonas rurales o sectores populares”. Y añadió: “Eso se manifiesta en que el Pacífico no está conectado con el país. La única vía que está en mejores condiciones es la que va hacia Buenaventura y no se ha terminado”. 

La falta de presencia estatal, de apoyo a nivel de vías y mecanismos para comercializar sus productos, conlleva a que muchos opten por la minería ilegal o el cultivo de coca. A eso se le suma la corrupción de entidades locales y la presencia de grupos armados. Un gran llamado fue a que el gobierno cumpla con el Programa de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), que le brinda la oportunidad a los campesinos de cosechar y comercializar productos autóctonos a cambio de la erradicación de la hoja de coca de manera voluntaria. 

¿Cómo detenemos los asesinatos de líderes sociales?

Pastor Álape, excombatiente de las Farc y uno de los encargados ahora de verificar la implementación del acuerdo de paz, sostuvo que el proceso de paz es lo que ha permitido que se abra el diálogo entre distintas voces para arreglar los problemas de desigualdad y violencia que hay en tantos territorios del país. 

Para él, la implementación del acuerdo, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a tierras que está consignado en ese documento, como la Reforma Rural Integral o el catastro multipropósito, son indispensables para que cese la violencia y el asesinato a defensores y líderes que protegen esos territorios, que en su mayoría no están titulados a nombre de las comunidades. 

Otros aspectos para considerar son, para él, que se insista en las 16 curules para las víctimas en el Congreso, con voz y voto en la creación de políticas públicas que los beneficien. También en que se dé inició a un proceso de paz con el ELN, uno de los grupos que ha disputado el control de los territorios que dejaron las Farc. 

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC fue muy puntual en lo que se debe hacer para que no sigan presentándose más muertes: cumplir con el capítulo étnico del acuerdo de paz, que se den las garantías individuales y colectivas de protección, que haya formalización y titulación de territorios colectivos, al igual que garantías de no repetición de hechos de violencia. 

Richard Moreno y Dora Sepúlveda, lideresa de la Mesa de Mujeres Indígenas de Chocó, agregaron a su vez que una manera de hacer resistencia en pro de los derechos de sus comunidades es la unión entre las organizaciones, entre los liderazgos; la unión de fuerzas. Pero también hicieron un llamado a que los demás colombianos, sobre todos quienes viven en ciudades capitales, conozcan y reconozcan a las personas y comunidades que luchan por sus territorios en el Pacífico. “No queremos un trato diferencial”, aseguró Moreno, “sino que nos den oportunidades en igualdad de condiciones y demostraremos que podemos prosperara de manera legal”. 

La solución para todos es que llegue el Estado. No a nivel militar, sino con inversión y educación. Asimismo, que se deje de etiquetar el territorio como un bien comercial, sino que sea visto como parte indispensable de la vida misma de todos los colombianos. Así lo consideran ellos. 

Acá puede ver el Quinto Diálogo para la No Repetición.

Desde el 2016 a la fecha, al menos 30 líderes y lideresas sociales de la región del Pacífico han sido asesinados, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, entidad que este 28 de noviembre realizó en Quibdó (Chocó) un diálogo para reflexionar sobre las causas y afectaciones que generan estas muertes en los pueblos étnicos del país.

El narcotráfico, la minería ilegal, la presencia de disidencias de las Farc, grupos como el ELN, bandas criminales y reductos del paramilitarismo han recrudecido la guerra en esta región, que comprende cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

La Comisión también reportó que desde 1986, en Colombia han asesinado a 233 autoridades étnicas, “varias de ellas en el Chocó, constituyéndolo como uno de los departamentos más peligrosos para el ejercicio del liderazgo y la defensa de los derechos humanos”. 

Por esta razón y como parte del mandato de la Comisión de la Verdad, de promover escenarios donde se reflexione sobre los estragos de la guerra y se evite su repetición, convocó a líderes, lideresas, excombatientes, periodistas y miembros del sector empresarial para dialogar sobre las razones que conllevan a los asesinatos, desapariciones y agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. 

En Quibdó, durante la mañana de este jueves, estuvieron sentados Dora Sepúlveda, lideresa de la Mesa de Mujeres Indígenas de Chocó; Helfer Andrade, líder de la Mesa Indígena Chocó; Orlando Castillo, líder social de Tumaco; Miller Mejía Chichiliano, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífica; Danelly Estupiñán, lideresa del Proceso de Comunidades Negras Palenque del Congal; el periodista Daniel Pacheco, director del programa de opinión Zona Franca; Richard Moreno, procurador delegado para Asuntos Étnicos; Pastor Alape miembro del Partido FARC; Euliquio Biojó Guevara, líder de Tumaco; Froilán Zapata, del Pueblo de la Memoria Histórica Carmen de Atrato; Abid Manuel Romaña, del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y Andrés Ramírez, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

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El diálogo, moderado por las comisionadas Ángela Salazar y Patricia Tobón, comenzó respondiendo a la pregunta de cuáles son las afectaciones en las comunidades indígenas y afro del Pacífico de los asesinatos de sus autoridades y líderes. 
Y principalmente, según los participantes del diálogo, lo que produce es un resquebrajamiento del tejido social que hay en las comunidades y familias porque elimina la defensa por lo colectivo. El asesinato de un líder o lideresa que defiendía el derecho a la tierra, al cuidado del medio ambiente o exige mayores oportunidades de inversión sostenible en sus territorios, al morir, deja sin vocería y representación esa colectividad. 

“Matan al pastor y la oveja corre. Matas al líder y el consejo comunitario o el resguardo indígenas se debilita porque no hay autoridad”, dio a manera de ejemplo Richard Moreno, procurador delegado para Asunto Étnicos. 

Para Euiliquio Biojó y Helfer Andrade, hay quienes quieren el poder político y económico en esas regiones a través de la apropiación de la tierra y los recursos naturales. Los líderes y lideresas entonces se convierten en un obstáculo por defender lo colectivo y los territorios que por años han sido fuente de vida para muchas personas. 

Para el caso de las mujeres, aseguró Danelly Estupiñán, lideresa del Proceso de Comunidades Negras Palenque del Congal, ellas son quienes mantienen la existencia de las prácticas culturales y valores que caracteriza al Pacífico. Son muy importantes a la hora de “curar y cuidar el cuerpo y el alma”. Por eso, su muerte o desaparición, significa una pérdida de la sabiduría ancestral de los pueblos negros e indígenas. 

Andrés Ramírez, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, señaló que una de las causas detrás de estos asesinatos es el olvido en el que se ha tenido a esta región, una de las que más le aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país. “Colombia ha sido y sigue siendo racista. Se ha olvidado del Pacífico, de las zonas rurales o sectores populares”. Y añadió: “Eso se manifiesta en que el Pacífico no está conectado con el país. La única vía que está en mejores condiciones es la que va hacia Buenaventura y no se ha terminado”. 

La falta de presencia estatal, de apoyo a nivel de vías y mecanismos para comercializar sus productos, conlleva a que muchos opten por la minería ilegal o el cultivo de coca. A eso se le suma la corrupción de entidades locales y la presencia de grupos armados. Un gran llamado fue a que el gobierno cumpla con el Programa de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), que le brinda la oportunidad a los campesinos de cosechar y comercializar productos autóctonos a cambio de la erradicación de la hoja de coca de manera voluntaria. 

¿Cómo detenemos los asesinatos de líderes sociales?

Pastor Álape, excombatiente de las Farc y uno de los encargados ahora de verificar la implementación del acuerdo de paz, sostuvo que el proceso de paz es lo que ha permitido que se abra el diálogo entre distintas voces para arreglar los problemas de desigualdad y violencia que hay en tantos territorios del país. 

Para él, la implementación del acuerdo, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a tierras que está consignado en ese documento, como la Reforma Rural Integral o el catastro multipropósito, son indispensables para que cese la violencia y el asesinato a defensores y líderes que protegen esos territorios, que en su mayoría no están titulados a nombre de las comunidades. 

Otros aspectos para considerar son, para él, que se insista en las 16 curules para las víctimas en el Congreso, con voz y voto en la creación de políticas públicas que los beneficien. También en que se dé inició a un proceso de paz con el ELN, uno de los grupos que ha disputado el control de los territorios que dejaron las Farc. 

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC fue muy puntual en lo que se debe hacer para que no sigan presentándose más muertes: cumplir con el capítulo étnico del acuerdo de paz, que se den las garantías individuales y colectivas de protección, que haya formalización y titulación de territorios colectivos, al igual que garantías de no repetición de hechos de violencia. 

Richard Moreno y Dora Sepúlveda, lideresa de la Mesa de Mujeres Indígenas de Chocó, agregaron a su vez que una manera de hacer resistencia en pro de los derechos de sus comunidades es la unión entre las organizaciones, entre los liderazgos; la unión de fuerzas. Pero también hicieron un llamado a que los demás colombianos, sobre todos quienes viven en ciudades capitales, conozcan y reconozcan a las personas y comunidades que luchan por sus territorios en el Pacífico. “No queremos un trato diferencial”, aseguró Moreno, “sino que nos den oportunidades en igualdad de condiciones y demostraremos que podemos prosperara de manera legal”. 

La solución para todos es que llegue el Estado. No a nivel militar, sino con inversión y educación. Asimismo, que se deje de etiquetar el territorio como un bien comercial, sino que sea visto como parte indispensable de la vida misma de todos los colombianos. Así lo consideran ellos. 

Acá puede ver el Quinto Diálogo para la No Repetición.