Respaldo internacional al relator Forst en Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Este miércoles el relator de la ONU Michel Forst presentó su informe sobre los defensores de Derechos Humanos en Colombia, ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo multilateral, en Ginebra (Suiza). El documento había generado polémica en el país al conocerse que el Gobierno colombiano, según Forst, había impedido la entrada del relator al país durante 2019 para completarlo y presentar una versión más actualizada ante el consejo.

Lea los detalles del informe: Gobierno dice que ha esclarecido el 50% de asesinatos de líderes; ONU dice que solo el 11%

Precisamente la negativa reacción del Gobierno a ese informe fue uno de los temas más recurrentes entre quienes tomaron la palabra en la sesión de hoy. Empezando por el propio relator Forst, quien recordó que su mandato se orienta a proveer asesoría y cooperación a los Estados en materia de derechos humanos, más que a realizar señalamientos. A su vez agradeció a los países que le permitieron desarrollar su labor sin trabas durante los seis años en que desempeñó ese papel, pues este ya es el último consejo de Derechos Humanos al que asiste en esa calidad.

El reporte que presentó el relator ante ese consejo recibió un fuerte respaldo de parte de representantes de ONG de distintas partes del mundo, que además invitaron al Gobierno colombiano a aplicar las recomendaciones del informe, orientadas principalmente a la implementación del Acuerdo de Paz.

“En vez de enfrentarse con el Relator, el Gobierno debería aplicar sus recomendaciones, como la de reafirmar el compromiso con el Acuerdo de Paz, priorizar su implementación, dotarlo de los recursos necesarios para ello, y fortalecer los mecanismos de protección de personas defensoras. También es urgente continuar priorizando la lucha contra la impunidad de otras agresiones contra ellas, además de los asesinatos”, dijo Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) e integrante por parte de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías.

Gallón, además, señaló de irresponsable que el Gobierno haya insultado al relator Forst, así como a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que también había presentado un informe calificado en su momento por el Gobierno como intromisión a la soberanía. “Debería haber una reacción al respecto de parte del Consejo”, reclamó el director de la CCJ.

En la sesión intervinieron representantes de la Red Internacional de DD.HH. y de la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco) que se sumaron de manera vehemente al respaldo del informe. Uno de los representantes, incluso, cuestionó el compromiso del Gobierno colombiano con la defensa de los derechos humanos poniendo como ejemplo las declaraciones de la ministra del Interior, Alicia Arango, durante la mesa por la Vida en Putumayo, en donde aseguró que en Colombia mueren más personas por robo de celulares que por ser líderes sociales.

Asimismo, en la sesión también participó Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, quien calificó la valoración hecha por el informe como “ponderada y justa con la realidad”. “En particular quiero destacar el diálogo con la Defensoría del Pueblo, que se ha extendido en el tiempo, ha sido altamente productivo no solamente para caracterizar la situación de los defensores de Derechos Humanos sino además para fortalecer nuestro rol como institución nacional de Derechos Humanos. La situación para las personas defensoras de Derechos Humanos en el país es compleja: grupos armados interesados en explotar las rentas ilegales del narcotráfico, la minería legal, la deforestación, entre otras, le han puesto bajo su mira por la valiente defensa que realizan en territorio y abanderar causas relacionadas con la construcción de paz”, dijo el defensor en el consejo.

Este miércoles el relator de la ONU Michel Forst presentó su informe sobre los defensores de Derechos Humanos en Colombia, ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo multilateral, en Ginebra (Suiza). El documento había generado polémica en el país al conocerse que el Gobierno colombiano, según Forst, había impedido la entrada del relator al país durante 2019 para completarlo y presentar una versión más actualizada ante el consejo.

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Precisamente la negativa reacción del Gobierno a ese informe fue uno de los temas más recurrentes entre quienes tomaron la palabra en la sesión de hoy. Empezando por el propio relator Forst, quien recordó que su mandato se orienta a proveer asesoría y cooperación a los Estados en materia de derechos humanos, más que a realizar señalamientos. A su vez agradeció a los países que le permitieron desarrollar su labor sin trabas durante los seis años en que desempeñó ese papel, pues este ya es el último consejo de Derechos Humanos al que asiste en esa calidad.

El reporte que presentó el relator ante ese consejo recibió un fuerte respaldo de parte de representantes de ONG de distintas partes del mundo, que además invitaron al Gobierno colombiano a aplicar las recomendaciones del informe, orientadas principalmente a la implementación del Acuerdo de Paz.

“En vez de enfrentarse con el Relator, el Gobierno debería aplicar sus recomendaciones, como la de reafirmar el compromiso con el Acuerdo de Paz, priorizar su implementación, dotarlo de los recursos necesarios para ello, y fortalecer los mecanismos de protección de personas defensoras. También es urgente continuar priorizando la lucha contra la impunidad de otras agresiones contra ellas, además de los asesinatos”, dijo Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) e integrante por parte de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías.

Gallón, además, señaló de irresponsable que el Gobierno haya insultado al relator Forst, así como a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que también había presentado un informe calificado en su momento por el Gobierno como intromisión a la soberanía. “Debería haber una reacción al respecto de parte del Consejo”, reclamó el director de la CCJ.

En la sesión intervinieron representantes de la Red Internacional de DD.HH. y de la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco) que se sumaron de manera vehemente al respaldo del informe. Uno de los representantes, incluso, cuestionó el compromiso del Gobierno colombiano con la defensa de los derechos humanos poniendo como ejemplo las declaraciones de la ministra del Interior, Alicia Arango, durante la mesa por la Vida en Putumayo, en donde aseguró que en Colombia mueren más personas por robo de celulares que por ser líderes sociales.

Asimismo, en la sesión también participó Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, quien calificó la valoración hecha por el informe como “ponderada y justa con la realidad”. “En particular quiero destacar el diálogo con la Defensoría del Pueblo, que se ha extendido en el tiempo, ha sido altamente productivo no solamente para caracterizar la situación de los defensores de Derechos Humanos sino además para fortalecer nuestro rol como institución nacional de Derechos Humanos. La situación para las personas defensoras de Derechos Humanos en el país es compleja: grupos armados interesados en explotar las rentas ilegales del narcotráfico, la minería legal, la deforestación, entre otras, le han puesto bajo su mira por la valiente defensa que realizan en territorio y abanderar causas relacionadas con la construcción de paz”, dijo el defensor en el consejo.