Una “inteligencia” que se depura a sí misma
Nadie sabe cómo avanza la depuración de los archivos de los organismos de inteligencia del Estado. Lo preocupante, según organizaciones de derechos humanos, es que quien hace esa clasificación son las mismas entidades que han estado involucradas en la comisión de graves delitos.
Un reciente reclamo del presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, señala que a pesar de que ha pedido insistentemente documentos relacionados con violaciones de derechos humanos a los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Ministerio de Defensa, los papeles no llegan a sus manos. La excusa, al parecer, es que están clasificando esos archivos. La pregunta que surge es quién y cómo está haciendo esa depuración. La respuesta no es alentadora.
La depuración de estos archivos quedó establecida en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia de 2013, con la que se esperaba mejorar las prácticas de estos organismos cuestionados en varias ocasiones, y organizar, clasificar y saber qué hay en los miles de papeles que, durante casi siete décadas, estos funcionarios recolectaron en operaciones de inteligencia.
(Lea también: “Los seguimientos ilegales afectan la consolidación de la paz”: Francisco de Roux)
La tarea, más allá de ser dispendiosa, es delicada. Por un lado, porque hay temas de seguridad nacional que tienen reserva. Y, por el otro, porque allí también reposan registros que podrían probar graves violaciones de derechos humanos. Lo preocupante es que en algunos de estos casos participaron miembros de esos organismos que adelantan la depuración. Y lo peor es que lo hacen sin vigilancia de la sociedad civil o de entidades que la representen.
Para organizaciones sociales, como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo José Alvear Restrepo, “es como si el ratón estuviese cuidando el queso”, y toda la información, que puede ayudar a rastrear graves crímenes cometidos por el Estado, a partir del registro de las operaciones, bases de datos de personas investigadas, procesos penales y disciplinarios, entre otros, está en riesgo. Una inquietud que renace ahora que se conocen nuevos escándalos por seguimientos y perfilamientos ilegales de los organismos de inteligencia y contrainteligencia a periodistas, líderes sociales y políticos, como los revelados por la revista Semana este año.
Un sistema sin sociedad civil
En la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia se estipuló que debía existir una comisión asesora para la depuración de los archivos, cuyo objetivo era elaborar, durante dos años, un informe en el que se recomendara al Gobierno Nacional cómo manejar aquellos datos que debían ser clasificados o retirados, teniendo en cuenta: la seguridad nacional, los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y el debido proceso, la preservación de la memoria histórica, la protección de la información de los servidores públicos que desarrollan estas actividades y las prácticas internacionales.
La comisión estuvo conformada por el entonces presidente Juan Manuel Santos, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo, organismos de inteligencia y contrainteligencia, así como representantes de la sociedad civil. Entre sus principales recomendaciones estaba, según explicó María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, “la creación de una instancia independiente para supervigilar el proceso de depuración”. De esta manera, la labor no quedaba únicamente en manos de los organismos de inteligencia, sino en otros contrapesos que harían una revisión del proceso.
También se sugirió elaborar “una propuesta de priorización con periodos, parámetros históricos y/o geográficos sobre la ocurrencia de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como en observancia de los mecanismos de justicia transicional que se creen en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, y Reparación y Garantías de no Repetición”, creado después del Acuerdo de Paz.
La instancia de depuración debía elaborar “un plan de trabajo y contar con un inventario” para adelantar los procesos archivísticos. Eso significa que los datos y archivos que incumplan con el criterio de legalidad tenían que ser retirados, así como aquellos que aun cumpliendo con el criterio de legalidad hayan perdido su valor. Por supuesto, debían quedar “registros escritos, fílmicos y fotográficos de todos y cada uno de los procesos y procedimientos, con copia al organismo de inteligencia objeto del proceso de depuración”.
(Lea también: Comisión de la Verdad solicita al Ministerio de Defensa documentos de seguimientos y espionajes)
En el informe se dejó claro qué hacer con los archivos, los mecanismos de control que deben tener las entidades y la necesidad de acompañamiento y vigilancia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y otras instancias, donde la sociedad civil tendría una participación activa. Sin embargo, señaló Llorente, nada de eso sucedió: “El Gobierno no acogió la propuesta y eligió crear un decreto lejano a todo el esfuerzo de la comisión”.
Ella se refiere al Decreto 2149 de 2017, con el que se crea el Sistema Nacional de Depuración de Datos de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. En efecto, no se instaló una nueva instancia, como lo sugirieron, sino que se estableció la creación de tres consejos (directivo, operativo y técnico), que adelantarían la tarea. Quedó enunciada la creación del sistema, con las funciones generales de estos comités, donde el Ministerio Público, al final, entró como un participante con voz, pero sin voto.
El decreto ha sido rechazado por la mitad de los integrantes que conformaron la comisión de depuración. Las organizaciones sociales le dijeron al presidente Santos que su reglamentación no solo iba en contra de lo que sugirieron, sino también de las víctimas, pues el nuevo sistema no contaba con un carácter civil, autónomo e independiente de los organismos de seguridad y del Gobierno Nacional que habían participado en esos graves delitos. Por el contrario, quienes lideran los comités son los ministros, directores de departamentos administrativos y jefes de inteligencia de la Fuerza Pública.
A la Defensoría y la Procuraduría, por ejemplo, se les negó su papel protagónico de vigilancia y los informes que debían ser entregados al país ahora “tienen un carácter preliminar y son para uso interno”, según la norma. Además, se descartaron por completo los espacios de participación de la población civil.
El Gobierno Nacional tampoco ordenó el análisis técnico y financiero para determinar el valor en recursos físicos y humanos de la totalidad del proceso y para la implementación del sistema. Y no estipuló, a pesar de la insistencia de la comisión, la necesidad de que el nuevo organismo estuviese obligado a trabajar de la mano con los mecanismos de justicia transicional, creados después del acuerdo de paz.
“A todas luces, este decreto va en contra de los derechos de las víctimas, porque es claro que no pueden acceder a la verdad sobre lo ocurrido. Muchos crímenes cometidos por funcionarios o agentes del Estado pueden tener un soporte en las evidencias que aparecen en estos archivos. No poder acceder, encontrarlos con claridad ni saber dónde están organizados o si fueron eliminados genera una incertidumbre absoluta sobre la posibilidad de esclarecer crímenes. Solo basta con poner un ejemplo: los casos de desaparición forzada, que ocurrieron con actuaciones del DAS, podrían estar soportados en esos documentos”, explicó Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que solicitó la nulidad del decreto ante el Consejo de Estado.
Las organizaciones creen que estas determinaciones van en contra de Los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información de 1996 (hoy llamados Principios de Tshwane, 2013), “que ratifican la importancia de que existan organismos de supervisión independientes operativa y financieramente de las instituciones a las que van a supervisar”, añadió la FIP. Los estándares internacionales establecen “que los organismos de supervisión, control y los tribunales deben tener acceso a todo tipo de información —incluso aquella sobre seguridad nacional y con independencia de su nivel de confidencialidad— que resulte relevante para el desempeño de sus funciones”.
(Lea: Fuerzas Militares insisten en que no tenían conocimiento de perfilamientos a periodistas)
Una fuente que acompañó el proceso, que prefirió no revelar su nombre, aseguró que Santos tuvo una fuerte presión de las Fuerzas Militares, quienes no querían que los civiles conocieran estos documentos. Pero ante las críticas, el exmandatario les pidió a las organizaciones y a la Procuraduría reunirse para revaluar el decreto y resolver las principales preocupaciones.
En esa reunión, el Ministerio Público hizo un diagnóstico, recopiló las sugerencias y Santos se comprometió con la creación de una nueva norma que tuviera en cuenta el informe de la comisión de depuración. Eso sí: dejó claro que no había presupuesto para una instancia independiente y que había que trabajar con un esquema parecido al ya planteado en el decreto. Sin embargo, el tiempo se agotó, y cuando quisieran hacer los cambios, el nuevo gobierno de Iván Duque llegó y se negó a cambiar la norma.
¿En qué va la depuración?
La Procuraduría ha advertido que con el decreto existe un vacío normativo que puede poner en riesgo la información de esas miles de cajas de documentos, al no saber a ciencia cierta cómo se debe realizar la tarea, que no se trata de destruir, sino de clasificar, ajustar y corregir.
Para resolver ese vacío, el consejo directivo del Sistema Nacional de Depuración convocó a una nueva reunión para presentar el Acuerdo 010 del 19 de diciembre de 2018, creado entre el Archivo General de la Nación (AGN) (que custodia gran parte de los archivos) y el Ministerio de Defensa. El encuentro, según fuentes consultadas por este diario, fue un caos. La Procuraduría se molestó al enterarse de que ese documento tenía un anexo, de carácter reservado, donde se estipulan los procedimientos, criterios y mecanismos para la actualización, corrección, retiro, conservación y custodia de los archivos de inteligencia y contrainteligencia.
El Ministerio Público insistió en que ese documento debía ser público, pues la sociedad civil estaba interesada en conocer ese procedimiento. Eso no implica que se revele información delicada, sino que se muestre el protocolo para la depuración, a la luz del principio de máxima divulgación de la Ley de Transparencia y teniendo en cuenta que organismos de inteligencia en Colombia han cometido graves violaciones de derechos humanos y las organizaciones quieren tener la garantía de que esas pruebas no serían destruidas.
El reclamo de la Procuraduría quedó por escrito en un oficio del 29 mayo de 2019, conocido por este diario. Fue dirigido al entonces director del AGN, Jorge Enrique Cachiotis, y en él expresó: “Es mi deber llamar su atención sobre la preocupación que tengo come Procurador Delegado - entre otras competencias - para la transparencia, pues no vemos razón legal alguna por la cual un documento come este deba ser reservado. Por el contrario, vemos que a toda la ciudadanía le asiste el derecho con acceder a este documento, y que por consiguiente existe la correlativa obligación del Archivo General de la Nación de hacerlo público”.
En esa misma comunicación, cuestionó por qué sólo participaron las dos entidades, teniendo en cuenta que esa labor debía ser de todos los miembros del consejo directivo y que la AGN ni siquiera tiene voto dentro del Sistema de Depuración y su participación consiste en un apoyo básico para sugerir protocolos de acceso a la información: “El Archivo General de la Nación no hace parte de la comunidad de inteligencia y tampoco es receptor autorizado de productos o información de inteligencia ni tiene competencia para reglamentar procedimientos de depuración de archivos de inteligencia ni competencia asignada en el proceso”. Colombia 2020 intentó comunicarse con el AGN sin éxito.
En su última comunicación al consejo directivo, en octubre de 2019, la Procuraduría le solicitó el informe anual sobre la implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Depuración. Pero su respuesta, dos meses después, fue negativa.
Este diario se comunicó con el Ministerio de Defensa y la DNI para indagar cómo va el proceso. El Ministerio aseguró que el consejo directivo ha sesionado en tres ocasiones, pero sostuvo que no puede dar más información por “la reserva legal consagrada en la Ley estatutaria 1621 de 2013”.
“Con porcentaje, años de avance en la depuración de datos, cifras aproximadas del estado actual de los archivos, costo estimado de la depuración y recurso humano necesario para el desarrollo de la actividad, los organismos de inteligencia en el marco del Consejo Operativo del SND analizaron y entregaron al Consejo Técnico un informe con los resultados de estas verificaciones, documento que goza de reserva legal”, agregó.
Sobre los costos del proceso de depuración tampoco se dio un estimado, aunque se refirió a que dependen de varios factores, como “volumen, espacios físicos, sistemas de seguridad y bioseguridad, sistemas de conservación (temperatura, etc.), almacenamiento, custodia, protocolos, entre otros”.
En cuanto a los mecanismos de control, mencionó que el Sistema Nacional de Depuración tiene controles externos que participan en las reuniones del consejo directivo, es decir, los ministerios y la DNI, además de la participación de un representante del Ministerio Público. También nombró la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, que “cumple funciones de control y seguimiento político. Y, finalmente, la inspección de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La DNI, por su parte, aseguró que se creó un Comité de Actualización, Corrección, Retiro y Protección de Datos de Archivos de Inteligencia, que se encarga de que sus procesos se adelanten de acuerdo con la Constitución y los derechos humanos. En estos, “por no existir una estipulación legal”, no hay representación de la sociedad civil.
Ambas entidades manifestaron que existen complejidades en la labor por el volumen de la documentación, las limitaciones en los recursos humanos, tecnológicos y financieros, y la clasificación de reservado de los archivos, pues solo puede entrar personal autorizado de los organismos de inteligencia. Y reiteraron que sus acciones se enmarcan en la ley y el respeto por la Constitución.
Una fuente dentro del Sistema Nacional de Depuración le expresó a este diario que “son ellos mismos (militares y organismos de inteligencia) los que se controlan, se depuran y se regulan. Y la Procuraduría no tiene forma de exigir más”. Por eso no dudó al afirmar que, sin un control que cumpla con estándares internacionales, se podrían presentar arbitrariedades contra las víctimas e incluso comisión de nuevos delitos sin que nadie se dé cuenta: “Tengo miedo de saber qué están haciendo. Allá puede estar pasando de todo. Pueden tener prendida la máquina para picar papel y qué. Nadie sabe cómo va el proceso ni cómo son los mecanismos de control, solo ellos”.
Lo cierto es que, hasta ahora, aparte de los miembros del consejo directivo, nadie conoce los avances de la depuración y hoy, a un año de terminar su mandato, la Comisión de la Verdad no tiene en sus manos los archivos.
Colombia2020 también intentó comunicarse con la Comisión, pero prefirieron no referirse a este asunto, pues se adelantan reuniones con el Ministerio de Defensa para agilizar un convenio en el que se entreguen los papeles. Aunque hasta hace un mes, advirtió que no había tenido un buen resultado, a pesar de haber firmado protocolos con las distintas ramas de defensa para pedir, recibir y proteger esa información.
Las organizaciones afirmaron que seguirán insistiendo. Reinaldo Villalba, director del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), recalcó que la depuración se ha convertido en una apuesta, en un intento de reivindicación histórica de parte de las organizaciones de derechos humanos que siempre han sido perseguidas. “Para quienes hemos tenido que lidiar con seguimientos e intimidaciones esta información es crucial. Hay una verdad que no podemos evadir: no hay controles efectivos sobre los organismos de inteligencia. No hay interés tampoco del Gobierno de que se ejecuten las recomendaciones de la comisión de depuración. En vista de lo que está sucediendo, debería haber una comisión civil, que haga una vigilancia, porque aquí los altos oficiales y las autoridades lo saben, pero quienes hemos sido víctimas de actuaciones ilegales de inteligencia, no”.
Saber cómo se cometieron estos delitos, dijo, es el verdadero punto de partida para no repetir más las historias de estos hechos cometidos por la inteligencia: “Actuaciones, que valga la pena resaltar, van más allá de unas simples chuzadas. Tuvimos que aguantar amedrentamientos, como muñecas descuartizadas que llegaban a los hogares de las abogadas del CAJAR. Nosotros pedimos y exigimos que se depure a partir de la normatividad internacional, que hayan cambios estructurales y se revisen los vacíos que permiten que a 2020 sigamos teniendo escándalos”.
Un reciente reclamo del presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, señala que a pesar de que ha pedido insistentemente documentos relacionados con violaciones de derechos humanos a los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Ministerio de Defensa, los papeles no llegan a sus manos. La excusa, al parecer, es que están clasificando esos archivos. La pregunta que surge es quién y cómo está haciendo esa depuración. La respuesta no es alentadora.
La depuración de estos archivos quedó establecida en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia de 2013, con la que se esperaba mejorar las prácticas de estos organismos cuestionados en varias ocasiones, y organizar, clasificar y saber qué hay en los miles de papeles que, durante casi siete décadas, estos funcionarios recolectaron en operaciones de inteligencia.
(Lea también: “Los seguimientos ilegales afectan la consolidación de la paz”: Francisco de Roux)
La tarea, más allá de ser dispendiosa, es delicada. Por un lado, porque hay temas de seguridad nacional que tienen reserva. Y, por el otro, porque allí también reposan registros que podrían probar graves violaciones de derechos humanos. Lo preocupante es que en algunos de estos casos participaron miembros de esos organismos que adelantan la depuración. Y lo peor es que lo hacen sin vigilancia de la sociedad civil o de entidades que la representen.
Para organizaciones sociales, como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo José Alvear Restrepo, “es como si el ratón estuviese cuidando el queso”, y toda la información, que puede ayudar a rastrear graves crímenes cometidos por el Estado, a partir del registro de las operaciones, bases de datos de personas investigadas, procesos penales y disciplinarios, entre otros, está en riesgo. Una inquietud que renace ahora que se conocen nuevos escándalos por seguimientos y perfilamientos ilegales de los organismos de inteligencia y contrainteligencia a periodistas, líderes sociales y políticos, como los revelados por la revista Semana este año.
Un sistema sin sociedad civil
En la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia se estipuló que debía existir una comisión asesora para la depuración de los archivos, cuyo objetivo era elaborar, durante dos años, un informe en el que se recomendara al Gobierno Nacional cómo manejar aquellos datos que debían ser clasificados o retirados, teniendo en cuenta: la seguridad nacional, los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y el debido proceso, la preservación de la memoria histórica, la protección de la información de los servidores públicos que desarrollan estas actividades y las prácticas internacionales.
La comisión estuvo conformada por el entonces presidente Juan Manuel Santos, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo, organismos de inteligencia y contrainteligencia, así como representantes de la sociedad civil. Entre sus principales recomendaciones estaba, según explicó María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, “la creación de una instancia independiente para supervigilar el proceso de depuración”. De esta manera, la labor no quedaba únicamente en manos de los organismos de inteligencia, sino en otros contrapesos que harían una revisión del proceso.
También se sugirió elaborar “una propuesta de priorización con periodos, parámetros históricos y/o geográficos sobre la ocurrencia de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como en observancia de los mecanismos de justicia transicional que se creen en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, y Reparación y Garantías de no Repetición”, creado después del Acuerdo de Paz.
La instancia de depuración debía elaborar “un plan de trabajo y contar con un inventario” para adelantar los procesos archivísticos. Eso significa que los datos y archivos que incumplan con el criterio de legalidad tenían que ser retirados, así como aquellos que aun cumpliendo con el criterio de legalidad hayan perdido su valor. Por supuesto, debían quedar “registros escritos, fílmicos y fotográficos de todos y cada uno de los procesos y procedimientos, con copia al organismo de inteligencia objeto del proceso de depuración”.
(Lea también: Comisión de la Verdad solicita al Ministerio de Defensa documentos de seguimientos y espionajes)
En el informe se dejó claro qué hacer con los archivos, los mecanismos de control que deben tener las entidades y la necesidad de acompañamiento y vigilancia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y otras instancias, donde la sociedad civil tendría una participación activa. Sin embargo, señaló Llorente, nada de eso sucedió: “El Gobierno no acogió la propuesta y eligió crear un decreto lejano a todo el esfuerzo de la comisión”.
Ella se refiere al Decreto 2149 de 2017, con el que se crea el Sistema Nacional de Depuración de Datos de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. En efecto, no se instaló una nueva instancia, como lo sugirieron, sino que se estableció la creación de tres consejos (directivo, operativo y técnico), que adelantarían la tarea. Quedó enunciada la creación del sistema, con las funciones generales de estos comités, donde el Ministerio Público, al final, entró como un participante con voz, pero sin voto.
El decreto ha sido rechazado por la mitad de los integrantes que conformaron la comisión de depuración. Las organizaciones sociales le dijeron al presidente Santos que su reglamentación no solo iba en contra de lo que sugirieron, sino también de las víctimas, pues el nuevo sistema no contaba con un carácter civil, autónomo e independiente de los organismos de seguridad y del Gobierno Nacional que habían participado en esos graves delitos. Por el contrario, quienes lideran los comités son los ministros, directores de departamentos administrativos y jefes de inteligencia de la Fuerza Pública.
A la Defensoría y la Procuraduría, por ejemplo, se les negó su papel protagónico de vigilancia y los informes que debían ser entregados al país ahora “tienen un carácter preliminar y son para uso interno”, según la norma. Además, se descartaron por completo los espacios de participación de la población civil.
El Gobierno Nacional tampoco ordenó el análisis técnico y financiero para determinar el valor en recursos físicos y humanos de la totalidad del proceso y para la implementación del sistema. Y no estipuló, a pesar de la insistencia de la comisión, la necesidad de que el nuevo organismo estuviese obligado a trabajar de la mano con los mecanismos de justicia transicional, creados después del acuerdo de paz.
“A todas luces, este decreto va en contra de los derechos de las víctimas, porque es claro que no pueden acceder a la verdad sobre lo ocurrido. Muchos crímenes cometidos por funcionarios o agentes del Estado pueden tener un soporte en las evidencias que aparecen en estos archivos. No poder acceder, encontrarlos con claridad ni saber dónde están organizados o si fueron eliminados genera una incertidumbre absoluta sobre la posibilidad de esclarecer crímenes. Solo basta con poner un ejemplo: los casos de desaparición forzada, que ocurrieron con actuaciones del DAS, podrían estar soportados en esos documentos”, explicó Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que solicitó la nulidad del decreto ante el Consejo de Estado.
Las organizaciones creen que estas determinaciones van en contra de Los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información de 1996 (hoy llamados Principios de Tshwane, 2013), “que ratifican la importancia de que existan organismos de supervisión independientes operativa y financieramente de las instituciones a las que van a supervisar”, añadió la FIP. Los estándares internacionales establecen “que los organismos de supervisión, control y los tribunales deben tener acceso a todo tipo de información —incluso aquella sobre seguridad nacional y con independencia de su nivel de confidencialidad— que resulte relevante para el desempeño de sus funciones”.
(Lea: Fuerzas Militares insisten en que no tenían conocimiento de perfilamientos a periodistas)
Una fuente que acompañó el proceso, que prefirió no revelar su nombre, aseguró que Santos tuvo una fuerte presión de las Fuerzas Militares, quienes no querían que los civiles conocieran estos documentos. Pero ante las críticas, el exmandatario les pidió a las organizaciones y a la Procuraduría reunirse para revaluar el decreto y resolver las principales preocupaciones.
En esa reunión, el Ministerio Público hizo un diagnóstico, recopiló las sugerencias y Santos se comprometió con la creación de una nueva norma que tuviera en cuenta el informe de la comisión de depuración. Eso sí: dejó claro que no había presupuesto para una instancia independiente y que había que trabajar con un esquema parecido al ya planteado en el decreto. Sin embargo, el tiempo se agotó, y cuando quisieran hacer los cambios, el nuevo gobierno de Iván Duque llegó y se negó a cambiar la norma.
¿En qué va la depuración?
La Procuraduría ha advertido que con el decreto existe un vacío normativo que puede poner en riesgo la información de esas miles de cajas de documentos, al no saber a ciencia cierta cómo se debe realizar la tarea, que no se trata de destruir, sino de clasificar, ajustar y corregir.
Para resolver ese vacío, el consejo directivo del Sistema Nacional de Depuración convocó a una nueva reunión para presentar el Acuerdo 010 del 19 de diciembre de 2018, creado entre el Archivo General de la Nación (AGN) (que custodia gran parte de los archivos) y el Ministerio de Defensa. El encuentro, según fuentes consultadas por este diario, fue un caos. La Procuraduría se molestó al enterarse de que ese documento tenía un anexo, de carácter reservado, donde se estipulan los procedimientos, criterios y mecanismos para la actualización, corrección, retiro, conservación y custodia de los archivos de inteligencia y contrainteligencia.
El Ministerio Público insistió en que ese documento debía ser público, pues la sociedad civil estaba interesada en conocer ese procedimiento. Eso no implica que se revele información delicada, sino que se muestre el protocolo para la depuración, a la luz del principio de máxima divulgación de la Ley de Transparencia y teniendo en cuenta que organismos de inteligencia en Colombia han cometido graves violaciones de derechos humanos y las organizaciones quieren tener la garantía de que esas pruebas no serían destruidas.
El reclamo de la Procuraduría quedó por escrito en un oficio del 29 mayo de 2019, conocido por este diario. Fue dirigido al entonces director del AGN, Jorge Enrique Cachiotis, y en él expresó: “Es mi deber llamar su atención sobre la preocupación que tengo come Procurador Delegado - entre otras competencias - para la transparencia, pues no vemos razón legal alguna por la cual un documento come este deba ser reservado. Por el contrario, vemos que a toda la ciudadanía le asiste el derecho con acceder a este documento, y que por consiguiente existe la correlativa obligación del Archivo General de la Nación de hacerlo público”.
En esa misma comunicación, cuestionó por qué sólo participaron las dos entidades, teniendo en cuenta que esa labor debía ser de todos los miembros del consejo directivo y que la AGN ni siquiera tiene voto dentro del Sistema de Depuración y su participación consiste en un apoyo básico para sugerir protocolos de acceso a la información: “El Archivo General de la Nación no hace parte de la comunidad de inteligencia y tampoco es receptor autorizado de productos o información de inteligencia ni tiene competencia para reglamentar procedimientos de depuración de archivos de inteligencia ni competencia asignada en el proceso”. Colombia 2020 intentó comunicarse con el AGN sin éxito.
En su última comunicación al consejo directivo, en octubre de 2019, la Procuraduría le solicitó el informe anual sobre la implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Depuración. Pero su respuesta, dos meses después, fue negativa.
Este diario se comunicó con el Ministerio de Defensa y la DNI para indagar cómo va el proceso. El Ministerio aseguró que el consejo directivo ha sesionado en tres ocasiones, pero sostuvo que no puede dar más información por “la reserva legal consagrada en la Ley estatutaria 1621 de 2013”.
“Con porcentaje, años de avance en la depuración de datos, cifras aproximadas del estado actual de los archivos, costo estimado de la depuración y recurso humano necesario para el desarrollo de la actividad, los organismos de inteligencia en el marco del Consejo Operativo del SND analizaron y entregaron al Consejo Técnico un informe con los resultados de estas verificaciones, documento que goza de reserva legal”, agregó.
Sobre los costos del proceso de depuración tampoco se dio un estimado, aunque se refirió a que dependen de varios factores, como “volumen, espacios físicos, sistemas de seguridad y bioseguridad, sistemas de conservación (temperatura, etc.), almacenamiento, custodia, protocolos, entre otros”.
En cuanto a los mecanismos de control, mencionó que el Sistema Nacional de Depuración tiene controles externos que participan en las reuniones del consejo directivo, es decir, los ministerios y la DNI, además de la participación de un representante del Ministerio Público. También nombró la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, que “cumple funciones de control y seguimiento político. Y, finalmente, la inspección de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La DNI, por su parte, aseguró que se creó un Comité de Actualización, Corrección, Retiro y Protección de Datos de Archivos de Inteligencia, que se encarga de que sus procesos se adelanten de acuerdo con la Constitución y los derechos humanos. En estos, “por no existir una estipulación legal”, no hay representación de la sociedad civil.
Ambas entidades manifestaron que existen complejidades en la labor por el volumen de la documentación, las limitaciones en los recursos humanos, tecnológicos y financieros, y la clasificación de reservado de los archivos, pues solo puede entrar personal autorizado de los organismos de inteligencia. Y reiteraron que sus acciones se enmarcan en la ley y el respeto por la Constitución.
Una fuente dentro del Sistema Nacional de Depuración le expresó a este diario que “son ellos mismos (militares y organismos de inteligencia) los que se controlan, se depuran y se regulan. Y la Procuraduría no tiene forma de exigir más”. Por eso no dudó al afirmar que, sin un control que cumpla con estándares internacionales, se podrían presentar arbitrariedades contra las víctimas e incluso comisión de nuevos delitos sin que nadie se dé cuenta: “Tengo miedo de saber qué están haciendo. Allá puede estar pasando de todo. Pueden tener prendida la máquina para picar papel y qué. Nadie sabe cómo va el proceso ni cómo son los mecanismos de control, solo ellos”.
Lo cierto es que, hasta ahora, aparte de los miembros del consejo directivo, nadie conoce los avances de la depuración y hoy, a un año de terminar su mandato, la Comisión de la Verdad no tiene en sus manos los archivos.
Colombia2020 también intentó comunicarse con la Comisión, pero prefirieron no referirse a este asunto, pues se adelantan reuniones con el Ministerio de Defensa para agilizar un convenio en el que se entreguen los papeles. Aunque hasta hace un mes, advirtió que no había tenido un buen resultado, a pesar de haber firmado protocolos con las distintas ramas de defensa para pedir, recibir y proteger esa información.
Las organizaciones afirmaron que seguirán insistiendo. Reinaldo Villalba, director del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), recalcó que la depuración se ha convertido en una apuesta, en un intento de reivindicación histórica de parte de las organizaciones de derechos humanos que siempre han sido perseguidas. “Para quienes hemos tenido que lidiar con seguimientos e intimidaciones esta información es crucial. Hay una verdad que no podemos evadir: no hay controles efectivos sobre los organismos de inteligencia. No hay interés tampoco del Gobierno de que se ejecuten las recomendaciones de la comisión de depuración. En vista de lo que está sucediendo, debería haber una comisión civil, que haga una vigilancia, porque aquí los altos oficiales y las autoridades lo saben, pero quienes hemos sido víctimas de actuaciones ilegales de inteligencia, no”.
Saber cómo se cometieron estos delitos, dijo, es el verdadero punto de partida para no repetir más las historias de estos hechos cometidos por la inteligencia: “Actuaciones, que valga la pena resaltar, van más allá de unas simples chuzadas. Tuvimos que aguantar amedrentamientos, como muñecas descuartizadas que llegaban a los hogares de las abogadas del CAJAR. Nosotros pedimos y exigimos que se depure a partir de la normatividad internacional, que hayan cambios estructurales y se revisen los vacíos que permiten que a 2020 sigamos teniendo escándalos”.