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Armando Wooriyu Valbuena, vocero de la ONIC, actual secretario de la IEANPE (Alta Instancia de Pueblos Étnicos para la Paz) y de la Comisión Étnica para la Paz, habló con El Espectador sobre los reclamos que le hacen las comunidades indígenas al Gobierno, afirmó que 591.000 familias se encuentran en riesgo porque no ha habido una respuesta eficiente por parte del Gobierno.
“El 17 de marzo salió el decreto de la emergencia económica, social y ecológica. En este decreto están las disposiciones generales del Gobierno para afrontar la pandemia. Hasta el día de hoy no se conoce ninguna medida administrativa para que el Ministerio de Salud haga presencia en la atención universal a los pueblos indígenas, afros y palenqueros en los territorios”, afirmó Valbuena.
Dijo que en el hospital de Nazaret, en la Alta Guajira, se atiende toda la población wayúu del país y además la población wayúu de Venezuela. El hospital no tiene las condiciones para atenderlos, pues ya han muerto 5.000 niños antes de la pandemia. Manifiesta que siente preocupación porque el Gobierno no atendió esas necesidades y ahora el tema de la alimentación de los 115 pueblos, 1.908.000 personas, se complica aún más.
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Por otra parte manifiesta que el Ministerio de agricultura aún no se ha sentado con los pueblos indígenas para resolver la situación alimentaria. “Al Ministerio de las TIC se le envió un oficio hace 8 días, aún no se ha comunicado con nosotros para resolver las comunicaciones en los idiomas milenarios, más de 90 idiomas a los que se debe traducir las medidas de prevención. El Ministerio del Interior anunció 1.000.000 de apoyos alimentarios para los pueblos indígenas y hasta el día de hoy no se ha pronunciado”, afirmó el líder indígena.
Además, dijo que le han manifestado al Ministerio del Interior que los indígenas del departamento de Vichada y de manera particular los Piaroa en el municipio de Puerto Carreño, frontera con Venezuela, recogen alimentos de los basureros para vivir. “El Ministerio del interior no ha tenido la capacidad de interlocución, coordinación con los Alcaldes o Gobernadores para atender la pandemia, no hay un control sobre lo que está sucediendo con los pueblos nómadas y seminómadas en la frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela”, añadió.
La ONIC sostiene que más de 521.000 familias de los 115 pueblos nómadas, seminómadas, sedentarios y urbanos están en riesgo porque no ha habido una labor eficiente por parte del Gobierno central. “Esa es la situación que tenemos hoy en toda Colombia, además estamos solicitando apoyo para la Guardia Indígena que tiene el control territorial, necesitan elementos de bioseguridad que tampoco se les ha dado. Insistimos, en el Sistema de Monitoreo Territorial todos los días estamos haciendo observaciones y emitiendo comunicados, el Gobierno no responde", dijo Valbuena.
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