Ya se cumplen dos años desde que Sergio Urrego se quitó la vida en el centro comercial Titán Plaza, en Bogotá, en medio de infundados señalamientos que lo acusaban de acosador sexual, desafiante y obsceno, solo por el hecho de amar a otro hombre. Su nombre, que para ese 4 de agosto de 2014 estaba manchado en boca de las directivas de su colegio que tildaban su homosexualidad de falta disciplinaria, hoy está limpio (Lea aquí: Las pruebas de Sergio). La justicia llegó en manos de la Corte Constitucional que ordenó que los colegios deben ser espacios libres de discriminación para que este caso no se repita. Varias de las promesas que el alto tribunal hizo ya se han cumplido, pero otras están a media marcha.
A sus 17 años, Sergio cursaba el último año del bachillerato. El devorador de libros y amante del medio ambiente, como lo describe su madre, Alba Reyes, tenía una relación con un compañero de curso. Una foto de un beso entre los dos terminó en poder de un profesor del colegio Gimnasio Castillo Campestre y luego en el de la psicóloga, quien abrió un proceso disciplinario por una falta grave. Ese “comportamiento homosexual” encajaba con lo que prohibía el manual de convivencia de la institución: “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares”.
El caso llegó a la Corte Constitucional, que el 3 de agosto del año pasado le dio la razón a la familia de Sergio. El alto tribunal no titubeó en decir que los colegios no pueden prohibir la expresión de la sexualidad, que los procesos disciplinarios no pueden reprimir el desarrollo de la personalidad, y que en Colombia hay un déficit de protección para las víctimas de acoso escolar. Con un argumento más romántico: “Los espacios educativos no pueden convertirse en trincheras en donde ningún concepto puede ser refutado o donde las opiniones ajenas no pueden ser escuchadas, ni la diversidad entonces puede proliferar”. Un año después del fallo, ¿esto se cumple?
Las promesas cumplidas, incumplidas y pendientes
El colegio donde estudiaba Urrego violó los derechos fundamentales de él y su mamá, lo discriminó por su orientación sexual e identidad de género. Y para resarcir ese daño, el alto tribunal ordenó varias medidas. Las primeras de ellas ya se cumplieron. La institución hizo un acto público de desagravio, en el que se reconoció las virtudes del estudiante; se le concedió el grado póstumo y se instaló una placa en su memoria. (Lea aquí: “La muerte de Sergio Urrego salvará muchas vidas”)
Pero quizá la principal promesa, que está pendiente y a punto de cumplir su fecha de vencimiento, es la que le corresponde al Ministerio de Educación. La cartera tiene hasta el 15 de septiembre para revisar los manuales de convivencia de todos los colegios del país, con el fin de garantizar que respeten la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes, incluyan la diversidad y diriman conflictos de forma pacífica.
Hasta la fecha, 3.880 manuales han sido revisados por el ministerio, es decir, que faltan 15.183 por examinar (el 79%). La cifra es alta para el tiempo que resta, y teniendo en cuenta que grandes ciudades como Bogotá y Bucaramanga no han sido analizadas. De acuerdo con la entidad, la revisión ya se ha hecho en 73 de las 95 secretarías de educación en sitios como Santa Marta (Magdalena), Cartagena (Bolívar), Antioquia, La Guajira y Norte de Santander.
Se ha comprobado que la mayoría de estos manuales de convivencia no tienen incluido el respeto por la población LGBTI, y por los derechos fundamentales de los estudiantes. El Mineducación le dijo a El Espectador que uno de los problemas más comunes es que aún se regula la apariencia estética de los alumnos, lo que vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así como tampoco se abordan propuestas para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y el embarazo en adolescentes.
Juan Felipe Rivera, abogado de Colombia Diversa, asegura que incluso hay colegios que dicen de frente que prohíben la homosexualidad y “hay otros que utilizan categorías ambiguas, como que se prohíben manifestaciones excesivas de afecto, actos contra la moralidad pública, actos de mal gusto y contra las buenas costumbres”. ¿Quién determina qué son las buenas costumbres o cuándo una manifestación es excesiva? Estas normas abstractas generan, por ejemplo, que un beso entre dos mujeres sea motivo para abrir un proceso disciplinario. (Lea aquí: El estudiante que denuncia ser discriminado en su colegio por ser gay y agnóstico)
“Hay otros colegios que tienen en su manual normas que dicen que se espera que el estudiante tenga bondad en su corazón. Esas son categorías extrañas que no le permiten saber al estudiante por qué lo pueden castigar. Otro colegio tenía en su manual de convivencia fotos de actores famosos con cortes de cabello particulares, y decía: ‘Así deben ser los cortes de pelo de los estudiantes del colegio’. Y uno más prohíbe que los alumnos mayores de edad vivan en unión marital de hecho”, cuenta Rivera, quien califica a estas reglas de anacrónicas que van en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. (Lea aquí: El colegio en donde ser homosexual es una falta grave)
Una promesa incumplida, según Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, es el acompañamiento que tenía que brindar la Defensoría del Pueblo, a través de su delegada para infancia, la juventud y el adulto mayor, para que todo lo que dijo la Corte se llevara a cabo. “Estuvo muy al tanto al principio, pero no volvimos a saber nada de la delegada que tiene un papel importante en la implementación”.
Asimismo hay retos para poner en práctica la ruta que atiende problemas de convivencia escolar. Sánchez agrega que ésta involucra a entidades más allá del Mineducación, como la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF, y las comisarías de familia. El obstáculo radica en que cuando las Secretarías de Educación activan la ruta, las otras entidades no contestan las llamadas frente a un caso y por eso muchas veces no es efectiva.
¿Y si los colegios incumplen?
Esa es la gran pregunta que surge si una institución se niega a cumplir con las recomendaciones que el Mineducación hace para que el manual de convivencia respete la diversidad. El ministerio dice que esa labor está a cargo de las Secretarías de Educación. “Hemos venido adelantando reuniones con los equipos para dar las orientaciones técnicas que les permitan cumplir con la labor de seguimiento”, aseguró la entidad.
Rivera expone que en ocasiones el colegio adopta la decisión de modificar sus manuales de convivencia, pero las prácticas institucionales puede que no reflejen esas nuevas normas. Otro escenario es que el colegio se rehúse a asistir a las capitaciones y a recibir las recomendaciones, “¿debe ir el caso a Inspección y Vigilancia, encargada de sancionar a los colegios?”, se pregunta el abogado.
“La labor de inspección y vigilancia está en otra instancia del ministerio que no siempre tiene los mismos criterios que las secretarías, y hay disonancia con ellos”, añade Sánchez, quien también le hizo un llamado a las alcaldías y gobernaciones para que se sumen a esta tarea titánica.
El debate sigue. Mientras tanto, Alba Reyes seguirá de pie frente a la batalla por la memoria de su hijo, Sergio Urrego. Una historia que puso al descubierto la discriminación que permea el sistema educativo del país hace décadas, y que ya ha cobrado vidas. Este jueves se le rendirá un homenaje al joven en el Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía, de la Universidad Pedagógica, a las 4:00p.m. La importancia de la igualdad y la no discriminación en los espacios educativos, el tema central.
Dato clave:
La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Educación educar sobre derechos humanos, en particular el derecho a la identidad sexual, e incorporarlos en los proyectos educativos. Juan Felipe Rivera, de Colombia Diversa, explica que se ha capacitado a rectores y docentes en este tema, pero no para que se dicten clases sino para que cuando se presente una situación de violencia o discriminación por orientación sexual, como la de Sergio, puedan identificarla y activar los mecanismos.
Las cifras:
65 casos de menores afectados por violencia escolar se registraron en 2012.
190 denuncias por este mismo hecho se presentaron en 2014.
8,20% de los casos de violencia en Colombia se presentan en las escuelas y otras instituciones de carácter público, son el tercer escenario donde más violentan a los menores.
1.44% del total de casos el agresor es el profesor.