Represas ilegales en la Ciénaga Grande

 

Las propiedades intervenidas por las autoridades locales de Santa Marta fueron Montelimar, propiedad de Carlos Aurelio Lacouture Dangond y Montería, de Pedro Dávila Jimeno. 

 

De acuerdo con un informe del diario El Heraldo, así como W Radio, en las fincas se venía haciendo un aprovechamiento ilegal desde hace mucho tiempo. Las estructuras detectadas por la Policía Nacional no eran obras pasajeras sino estructuras de cemento reforzadas con rieles de hierro, tablones y láminas metálicas. Durante el operativo llevado a cabo esta semana sólo fue posible retirar los tablones de madera. La represa ilegal sigue en pie. 

 

“Se procedió a retirar únicamente los tablones, dado que resultaba difícil retirar los otros elementos, comprometiéndose el señor administrador de la finca a retirar toda la obra”, dice el informe presentado por la Policía.

 

La investigación fue posible gracias a la queja interpuesta ante la Procuraduría Ambiental del Magdalena por un vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.

 

El agua represada de los caños conocidos como Los Micos y San Luis era utilizada para regar cultivos de palma de aceite. La Fiscalía 45 Especializada de Delitos Contra El Medio Ambiente se comprometió a abrir investigación penal por el delito de usurpación de aguas, contemplado en el Código Penal.

 

La intervención sobre estas represas ilegales es tan sólo un síntoma más de las batallas por el agua en una de las regiones del país con mayor sensibilidad hídrica. La costa Caribe sufre desde hace más de cinco meses una fuerte sequía que ha trastornado la vida en la región. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el 60 % de los habitantes de Santa Marta está padeciendo cortes en el flujo del agua. Parte del problema del suministro se debe a la sequía pero también a la pésima infraestructura de acueductos y a malos manejos en los distritos de riego. 

 

 

El caso de los empresarios Carlos Aurelio Lacouture Dangond y Pedro Dávila Jimeno, ambos miembros de familias acusadas de abusar de los subsidios de Agro Ingreso Seguro, se suma a la invasión de tierras y desecación de humedales que viene ocurriendo en la misma zona. 

 

En diciembre de 2014 la misma Policía y funcionarios de Parques Nacionales descubrieron los más de 17 kilómetros de diques construidos por la empresa RHC. Los diques y terraplenes fueron construidos ilegalmente por orden del dueño de esta compañía, Rafael Hoyos Cañavera, con el fin de transformar una gran extensión de frágiles lagunas, caños y pozos en tierras para pastos, ganado y agricultura. 

 

Por si fuera poco, los municipios de Remolino y Puerto Viejo fueron escenario de uno de los peores y más crueles casos de desplazamiento forzado del país. Más de 400 familias se vieron obligadas a dejar sus casas a finales de los años 90 por la presión paramilitar. Un caso que ha sido ampliamente reseñado y reconstruido por la Unidad de Restitución de Tierras. (Lea: El despojo de tierras detrás del lío ambiental de la Ciénaga)

 

Las propiedades intervenidas por las autoridades locales de Santa Marta fueron Montelimar, propiedad de Carlos Aurelio Lacouture Dangond y Montería, de Pedro Dávila Jimeno. 

 

De acuerdo con un informe del diario El Heraldo, así como W Radio, en las fincas se venía haciendo un aprovechamiento ilegal desde hace mucho tiempo. Las estructuras detectadas por la Policía Nacional no eran obras pasajeras sino estructuras de cemento reforzadas con rieles de hierro, tablones y láminas metálicas. Durante el operativo llevado a cabo esta semana sólo fue posible retirar los tablones de madera. La represa ilegal sigue en pie. 

 

“Se procedió a retirar únicamente los tablones, dado que resultaba difícil retirar los otros elementos, comprometiéndose el señor administrador de la finca a retirar toda la obra”, dice el informe presentado por la Policía.

 

La investigación fue posible gracias a la queja interpuesta ante la Procuraduría Ambiental del Magdalena por un vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.

 

El agua represada de los caños conocidos como Los Micos y San Luis era utilizada para regar cultivos de palma de aceite. La Fiscalía 45 Especializada de Delitos Contra El Medio Ambiente se comprometió a abrir investigación penal por el delito de usurpación de aguas, contemplado en el Código Penal.

 

La intervención sobre estas represas ilegales es tan sólo un síntoma más de las batallas por el agua en una de las regiones del país con mayor sensibilidad hídrica. La costa Caribe sufre desde hace más de cinco meses una fuerte sequía que ha trastornado la vida en la región. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el 60 % de los habitantes de Santa Marta está padeciendo cortes en el flujo del agua. Parte del problema del suministro se debe a la sequía pero también a la pésima infraestructura de acueductos y a malos manejos en los distritos de riego. 

 

 

El caso de los empresarios Carlos Aurelio Lacouture Dangond y Pedro Dávila Jimeno, ambos miembros de familias acusadas de abusar de los subsidios de Agro Ingreso Seguro, se suma a la invasión de tierras y desecación de humedales que viene ocurriendo en la misma zona. 

 

En diciembre de 2014 la misma Policía y funcionarios de Parques Nacionales descubrieron los más de 17 kilómetros de diques construidos por la empresa RHC. Los diques y terraplenes fueron construidos ilegalmente por orden del dueño de esta compañía, Rafael Hoyos Cañavera, con el fin de transformar una gran extensión de frágiles lagunas, caños y pozos en tierras para pastos, ganado y agricultura. 

 

Por si fuera poco, los municipios de Remolino y Puerto Viejo fueron escenario de uno de los peores y más crueles casos de desplazamiento forzado del país. Más de 400 familias se vieron obligadas a dejar sus casas a finales de los años 90 por la presión paramilitar. Un caso que ha sido ampliamente reseñado y reconstruido por la Unidad de Restitución de Tierras. (Lea: El despojo de tierras detrás del lío ambiental de la Ciénaga)