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Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el miércoles 20 de mayo un grupo de campesinos fue retenido por el Ejército, les quitaron los celulares y posteriormente asesinaron a Ariolfo Sánchez Ruíz en Anorí, Antioquia.
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Las organizaciones manifiestan que desde el 8 de mayo solicitaron garantías para que las comunidades que denuncian el incumplimiento a la implementación de los acuerdos del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) pudieran protestar.
José David Hernández, miembro de Coccam en Anorí, explica que el municipio hace parte del PNIS. Sin embargo, asegura que no todas las familias de la zona están en el programa, algunas no lo aceptaron por desconfianza en el Estado. “Era mucho mejor haber desconfiado del Gobierno que haber confiado en él. Ese programa lleva dos años y medio. En este momento no le han dado con qué sembrar una mata de tomate a ningún campesino, después de que nosotros arrancamos 1.408 hectáreas de coca”, afirmó.
Las organizaciones manifiestan que buscaron dialogar con el Gobierno. Se realizó un encuentro el 15 de mayo con las autoridades civiles y militares para buscar salidas a la problemática. Así mismo, el 18 de mayo las comunidades campesinas denunciaron la presencia de militares encapuchados movilizándose en las veredas Tacamocho y Tenche Salino.
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“Ayer al mediodía el Ejército detuvo a un joven y a un arriero. Lo que no sabíamos es que los detuvieron para que no pasaran cerca del cuerpo del hombre asesinado. A los trabajadores de él les quitaron los celulares y los intimidaron”, afirma Hernández.
Las organizaciones campesinas afirman que se trata de un crimen de Estado que se suma a otras graves violaciones de los derechos humanos, como la desaparición forzada de Didian Arley Agudelo, campesino de 38 años desaparecido en zona rural del municipio de Campamento que fue asesinado, presuntamente a manos del Ejército.
“De la misma manera, el pasado 18 de mayo, en el municipio de Cúcuta, la fuerza pública disparó contra varios campesinos y asesinaron al labriego Digno Emérito Buendía Martínez. Hechos como estos, demuestran la firme intención del Estado colombiano por asignar un tratamiento militar y de guerra contra las comunidades que exigen sus derecho”, afirman las organizaciones. Agregan que se están violando las obligaciones constitucionales de garantías de no repetición.
Las organizaciones campesinas exigen al Gobierno nacional detener las acciones de erradicación forzada en Colombia, pues están cobrando vidas. Piden que se cumpla el PNIS y el Acuerdo de Paz; que el Estado proteja a las comunidades y que haya una veeduría internacional, que aunque no puede desplazarse a los territorios, puede dar constancia de las actuaciones de la Fuerza Pública. Además que se investigue y judicialice a los responsables.
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