Marcha Patriótica pide diligencia frente a desplazamientos forzados en Antioquia

Tras los enfrentamientos registrados entre las disidencias del Frente 36 de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) el pasado 25 de febrero en el municipio de Ituango, nordeste de Antioquia, el movimiento político y social Marcha Patriótica pidió a la gobernación de Antioquia y al Gobierno nacional mayor celeridad en los planes para evitar situaciones como la ocurrida. 

Lea más: Persisten los enfrentamientos en Ituango entre paramilitares y disidencias de las Farc.

En un comunicado oficial, Marcha Patriótica le recordó a la administración departamental que lo que pasó en Ituango se alertó por medio de un informe de riesgo el 14 de agosto de 2017 por parte de la Defensoría del Pueblo, del que varias organizaciones sociales se le sumaron a la llamada para que el Gobierno Nacional atendiera la situación. 

"Como lo habíamos declarado en la solicitud de Alerta Temprana del pasado 7 de noviembre del año 2017, que coincidía con la urgencia manifiesta dada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el Informe Nacional de Riesgo N° 010-17 A.I, el reciente Informe de Riesgo N° 037-17 de Agosto 14 de 2017 para Ituango, (...), y toda una serie de argumentos ponderados en nuestra presencia permanente en este municipio, fue omitida por la la fuerza pública, las demás autoridades y la gobernación de Antioquia; además de esto, la recurrencia, la generalidad de los hechos, la persistencia, la continuidad en el copamiento de las nuevas formas de paramilitarismo, que de haberse realizado acciones tendientes a proteger a las comunidades, no se estaría viviendo esta crítica situación de seguridad", se lee en el comunicado. 

Lea más: Comunidad de Ituango denuncia enfrentamientos entre grupos ilegales.

Además, recuerdan que en lo que va corrido del año han muerto cinco civiles, uno más se encuentra desaparecido, también han asesinado a cuatro desmovilizados de las Farc y la situación continúa igual. 

Por otro lado, manifiestan su preocupación por el comportamiento de omisión del gobernador Luis Pérez en el que sostienen que ha tratado de desviar la atención mediática sobre la presencia paramilitar en todo el territorio departamental. 

"Una de las recientes preocupaciones, es el intento de la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, por tratar de desviar la atención acerca de la presencia de los paramilitares de las AGC (...) Por tal motivo rechazamos categóricamente las declaraciones del actual gobernador de Antioquia en su intento por ocultar que la presencia de las AGC y todo este escenario de riesgos y vulneraciones al que están siendo expuestas las comunidades", escribieron. 

Lea más: Situación en Bajo Cauca antioqueño se pudo prevenir, según líderes sociales.

El movimiento político pidió a la gobernación que se atiendan y apliquen todas las recomendaciones realizadas en los informes y alertas de riesgo y que haya una socialización de los planes de acción con las comunidades.  También hacen un llamado al Gobierno Nacional para que hayan garantías de no repetición y a la comunidad internacional para que exijan resguardo a los derechos humanos de las poblaciones susceptibles a ser vulneradas. 

Tras los enfrentamientos registrados entre las disidencias del Frente 36 de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) el pasado 25 de febrero en el municipio de Ituango, nordeste de Antioquia, el movimiento político y social Marcha Patriótica pidió a la gobernación de Antioquia y al Gobierno nacional mayor celeridad en los planes para evitar situaciones como la ocurrida. 

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En un comunicado oficial, Marcha Patriótica le recordó a la administración departamental que lo que pasó en Ituango se alertó por medio de un informe de riesgo el 14 de agosto de 2017 por parte de la Defensoría del Pueblo, del que varias organizaciones sociales se le sumaron a la llamada para que el Gobierno Nacional atendiera la situación. 

"Como lo habíamos declarado en la solicitud de Alerta Temprana del pasado 7 de noviembre del año 2017, que coincidía con la urgencia manifiesta dada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el Informe Nacional de Riesgo N° 010-17 A.I, el reciente Informe de Riesgo N° 037-17 de Agosto 14 de 2017 para Ituango, (...), y toda una serie de argumentos ponderados en nuestra presencia permanente en este municipio, fue omitida por la la fuerza pública, las demás autoridades y la gobernación de Antioquia; además de esto, la recurrencia, la generalidad de los hechos, la persistencia, la continuidad en el copamiento de las nuevas formas de paramilitarismo, que de haberse realizado acciones tendientes a proteger a las comunidades, no se estaría viviendo esta crítica situación de seguridad", se lee en el comunicado. 

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Además, recuerdan que en lo que va corrido del año han muerto cinco civiles, uno más se encuentra desaparecido, también han asesinado a cuatro desmovilizados de las Farc y la situación continúa igual. 

Por otro lado, manifiestan su preocupación por el comportamiento de omisión del gobernador Luis Pérez en el que sostienen que ha tratado de desviar la atención mediática sobre la presencia paramilitar en todo el territorio departamental. 

"Una de las recientes preocupaciones, es el intento de la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, por tratar de desviar la atención acerca de la presencia de los paramilitares de las AGC (...) Por tal motivo rechazamos categóricamente las declaraciones del actual gobernador de Antioquia en su intento por ocultar que la presencia de las AGC y todo este escenario de riesgos y vulneraciones al que están siendo expuestas las comunidades", escribieron. 

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El movimiento político pidió a la gobernación que se atiendan y apliquen todas las recomendaciones realizadas en los informes y alertas de riesgo y que haya una socialización de los planes de acción con las comunidades.  También hacen un llamado al Gobierno Nacional para que hayan garantías de no repetición y a la comunidad internacional para que exijan resguardo a los derechos humanos de las poblaciones susceptibles a ser vulneradas.