Pueblo Bello: 30 años de la masacre y desaparición de 43 campesinos

En la conmemoración, las familias y la comunidad hicieron un camino de velas y rosas blancas hasta el mural que recuerda a los 43 campesinos desaparecidos tras la masacre. / Cortesía CCJ.

Alrededor de las 8:20 p.m. del 14 de enero de 1990, los sonidos abruptos de dos camionetas irrumpieron en el pueblo. Eran “Los Tangueros”, un grupo de paramilitares conocido bajo ese apodo por la finca Las Tangas, el centro de control de Fidel Castaño y el lugar donde se conformaron los primeros grupos de autodefensas para cometer múltiples asesinatos, masacres y torturas. 

(Lea también: Los fantasmas de Pueblo Bello, 25 años después de la masacre)

Aleatoriamente sacaron de sus casas, iglesias y tiendas a 43 campesinos. Todos eran hombres y tres de ellos eran menores de edad. Los amordazaron en la plaza central, los subieron a las dos camionetas y desaparecieron con todos ellos. Hoy, 30 años después, solo siete cuerpos de las víctimas han sido encontrados, identificados y entregados a sus familias, pero siguen faltando 36.

Este 14 de enero de 2020, entre 250 a 280 personas se reunieron en Pueblo Bello en honor a la memoria de las 43 víctimas. Desde las 6:00 p.m. comenzó la conmemoración con actos religiosos simultáneos en la iglesia católica, interamericana y pentecostal. Después fue el acto principal en el polideportivo del pueblo, donde se instalaron 43 sillas vacías, una por cada desaparecido, y los familiares, mientras daban algunas palabras para recordarlos, colocaron en el suelo velas y rosas blancas.

Estas ofrendas después las llevaron al mural que reúne las caras de los 43. Terminaron con una fogata y una chocolatada en la que las familias revivieron esa noche y los recuerdos de estos hombres. 

Sin asomos de reparación 

Pero el Comité asegura que no se ha cumplido con la sentencia, que la atención en salud es paupérrima ya que el único puesto de atención instalado en el pueblo está deteriorado, no tiene alcance para atención de emergencias ni tampoco hay funcionamiento permanente de ambulancias para traslado a hospitales cercanos. 

Katy Milena Fuentes, integrante del Comité e hija de Wilson Humberto Fuentes, uno de los hombres que continúan desaparecidos, habló con Colombia2020 sobre los demás incumplimientos y el abandono del Estado. 

Cuénteme sobre su padre. ¿A qué se dedicaba él cuando fue desaparecido?

En el momento de la desaparición él tenía 43 años, era un hombre muy trabajador. Tenía una finca donde cortaba plátano y se dedicada a la ganadería. Ese día, entre los que sacaron estaba mi papá. Lo llevaron a la plaza del pueblo, lo amordazaron, lo subieron en las dos camionetas y no volvimos a saber nada más de él. 

¿Qué implicaciones tuvo en su vida lo que ocurrió en Pueblo Bello?

Yo estaba estudiando al momento de la desaparición de mi padre, tenía 13 años. Nos tocó irnos de ahí hacia Montería y con el esfuerzo de mi mamá pude terminar mis estudios. Me gradúe como técnica en Sistemas, pero tuvimos que desplazarnos de nuevo y terminamos en Cartagena. Allá trabajé un tiempo, me casé, tuve tres hijos y decidí volver. Llevo 16 años trabajando activamente en el Comité, he participado en varias prospecciones en los lugares donde están los cuerpos y en las exhumaciones.  

(Lea: Diego Chica: el primer cuerpo que entrega la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos)

¿Qué avances se han dado para repararlos por este hecho?

En estos 30 años de la desaparición y los 14 de haberse proferido la sentencia de la CIDH hacen falta por cumplirse muchas medidas de reparación. El Estado ha sido negligente, no ha tenido voluntad política para cumplir con la sentencia, sobre todo con el tema de la salud. Estamos luchando para que nos puedan dar el principio de gratuidad en este servicio, pero no ha pasado nada. 

Muchos familiares han fallecido, están enfermos y a pesar de que tenemos una sentencia que nos favorece con las medidas de salud, no ha sido posible una atención de calidad. Varios tienen afectaciones físicas que han desarrollado desde que sucedieron los hechos. Algunas personas se han suicidado. Aquí también hay afectaciones psicológicas: desde ese momento se siente perseguidos, sienten temor, han cambiado su comportamiento. Para ellos acceder al sistema de salud no es tan sencillo. Tenemos que buscar muchos mecanismos para que nuestros familiares sean atendidos oportunamente. 

¿Por qué no se ha construido el monumento?

Desde enero de 2006, cuando salió la sentencia, se dijo que en el término de un año se debía realizar el monumento en memoria de nuestros familiares desaparecidos. Llevamos 14 años esperando. Nos hemos sentado varias veces con el Estado, hemos concertado algunas cosas, pero no han cumplido. Desde hace tres años no hablamos del tema porque no han tenido el interés de venir. En la conmemoración esperamos al Ministerio de Cultura para tocar el tema y no vino. 

Con el maestro Germán Botero ya acordamos un diseño y se le pagó por él, pero no se ha ejecutado. Querían que otra persona hiciera la intervención. Por otro lado, ya se había definido el sitio para el monumento, que estaba vacío y era de la Alcaldía de Turbo, pero ahora está invadido. Hoy hay más de 30 casas y han dejado que siga avanzando. A finales de enero vamos a tener una reunión sobre este tema, sino nos tocará entutelar. (El monumento está diseñado para que ocupe tres hectáreas y tenga 43 espacios por cada uno de los desaparecidos y que así se puedan hacer encuentros con las familias). 

¿Y qué ha pasado con respecto a la búsqueda de las 36 personas que faltan?

En el 2013, la Fiscalía nos entregó los siete cuerpos que se encontraron en el cementerio de San Antonio de Montería. Fueron los que exhumaron de la Finca Las Tangas en abril de 1990 y los llevaron al hospital de Montería. Las familias los reconocieron por indicios y los enterraron en el cementerio. Pedimos que se hicieran las pruebas de ADN y así lo hicieron en 2013. 

Después se hicieron otras prospecciones en ese cementerio, pero siempre en época de invierno. No se podían realizar al 100% porque llovía y se inundaba el terreno, entonces había que suspender las diligencias. Se le pidió a la Fiscalía que se exhumara el otro lado del cementerio, el lado derecho por la entrada, que no se ha tocado y que creemos que ahí deben estar, porque se han hechos muchas investigaciones con diferentes personas. También hay otra zona donde se nos ha dicho que posiblemente hay familiares, que es en la margen derecha del río que queda en la Finca Las Tangas. 

Sabemos dónde están los cuerpos de nuestros familiares, pero la Fiscalía no ha hecho las diligencias. Hay que buscar los recursos para que se haga ese proceso, pero no vemos voluntad de hacerlo. Por otra parte, no hemos podido ir a esos sitios porque todavía hay grupos al margen de la ley en esa zona y está custodiado.

¿Cómo ha sido el relacionamiento con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) para que los apoye en este proceso?

He participado en varios encuentros con ellos. Uno fue el Círculo de Saberes, donde realizamos dos cortometrajes sobre Pueblo Bello. Ahí les he tocado el tema y ellos están dispuestos a ayudarnos en esta labor. Pero apenas estamos conversando, tenemos que sentarnos a construir el plan de búsqueda. Apenas en octubre de 2019 fue que empezamos a manejar el tema con la Unidad.  

Con respecto a la sanción de los responsables, ¿qué ha pasado?

A nivel de justicia y verdad tampoco es que hayamos avanzado mucho. Algunos paramilitares que participaron en estos hechos ya están muertos, otros están desaparecidos, otros están pagando condena y han colaborado. Pero no fueron solamente los paramilitares los que hicieron el hecho, sino que fue con complicidad de miembros de la Fuerza Públicos y queremos que sean judicializados.  

Ya había militares en investigación, con órdenes de captura, pero que se acogieron a la JEP. Estamos algo decepcionados con esta situación, porque buscamos que se sancionen a los responsables, que haya justicia, pero no estamos viendo eso. 

Colombia2020 consultó a Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas que lleva el caso. De acuerdo con Bojacá, quien reafirma lo que dice Katy Fuentes, ningún militar ha sido condenado por la masacre y la desaparición forzada y solo un paramilitar cumplió condena en Justicia y Paz: Rogelio Escobar, quien afirmó que hubo coordinación entre militares y paramilitares en el hecho.

Según la sentencia de la CIDH, la base del Batallón de Infantería 47 General Francisco de Paula Santander que queda a dos horas aproximadamente del corregimiento, en la vía principal para llegar allí, montó un retén las 24 horas, el cual fue levantado la noche de ese 14 de enero por órdenes de militares. Uno de los implicados sería el teniente Fabio Enrique Rincón Pulido. Él solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 19 de octubre de 2019.  Quedó en libertad condicionada por órdenes de la Fiscalía, de acuerdo con Bojacá, no por pronunciamiento de la JEP. Adicionalmente, agregó que el caso de Pueblo Bello hace parte del caso 004 de la JEP, sobre la situación territorial en la región del Urabá y que próximamente presentarán un informe sobre Pueblo Bello ante los magistrados.