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Saber cuántas personas desaparecidas hay en el cañón del río Cauca, hoy inundado por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, y sus alrededores es una de las prioridades de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En medio de la audiencia de las medidas cautelares de las zonas de influencia de este megaproyecto, solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el magistrado Gustavo Salazar señaló que tener el universo de este flagelo es crucial para determinar si es necesaria la protección de este territorio.
Y es que hasta el momento no hay una cifra consolidada por las entidades estatales, a pesar de que la denuncia sobre desapariciones en el norte de Antioquia se realizó desde hace más de 10 años. Durante esta segunda parte de la audiencia, que se llevó a cabo en Medellín el 8 y 9 de octubre, la Fiscalía, la organización Equitas y el Grupo de Análisis de Información de la JEP intentaron mostraroles a los magistrados un panorama general sobre el fenómeno, apesar de que reconocen que hay enormes vacíos en los datos.
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El primero en tomar la palabra fue Luis Gabriel Salas, geógrafo del Grupo de Análisis de información de la JEP, quien presentó una investigación espacial de la desaparición y hallazgo de fosas comunes en los seis municipios de influencia de Hidroituango. ¿Cómo lo hizo? Salas explicó que su grupo analizó tres variables sobre el mapa de la zona: las cifras de desaparición forzada del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el número de masacres y de víctimas reportadas por esta misma institución y las exhumaciones hechas por la Fiscalía.
Con estos datos pudo comprobar que hay una concentración del 95% de estos hechos en un área geográfica particular: las laderas y las partes altas del cañón del río Cauca. En ese sentido, reconoció dos lugares de exhumaciones grandes en la zona. Por un lado, está el lecho del río Cauca, que corresponde a la parte alta de la presa, es decir, en los municipios de Toledo y Sabanalarga. Y, por el otro, el municipio de Ituango.
“La representación gráfica de la desviación estándar espacial, que concentra el 95% de los hechos violentos de: masacres, desapariciones y fosas comunes, presentan una tendencia en dirección al sentido del curso del río Cauca. Esta posible relación debe ser estudiada más a fondo y contrastada con más datos de análisis”, señaló Salas.
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El grupo de análisis también hizo énfasis en que existe una relación espacial entre las masacres y la desaparición forzada en esta región, donde se vivió un recrudecimiento de la violencia entre 1995 y 2005. Y también pudo establecer que el promedio de distancia del lugar donde fue desaparecida la víctima y donde fue hallada es de 11 kilómetros. Estos datos, según Salas, pueden ayudar a priorizar los lugares para buscar a los desaparecidos.
Una de las grandes preocupaciones que manifestó el geógrafo está relacionada con las cifras halladas para realizar su análisis. Si bien este grupo de investigación se basó en varias fuentes de información, reconoce que hay una disparidad enorme entre los datos de las entidades. Por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica registra al menos 667 casos de desaparición forzada, pero la Fiscalía sólo reporta 196 cuerpos exhumados. “Hay 400 cuerpos que se deben buscar”, dijo Salas.
Además, reportó inconsistencias en las bases de datos entregadas por el ente acusador: “Recibimos la información del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) con contradicciones: casos en los que decía que no se identificaban a las víctimas, pero también señalaban que ya fueron entregadas. Para un segundo análisis es necesario el consolidado de la Fiscalía General de la Nación”.
La siguiente en subir al estrado fue la Fiscalía. La entidad aseguró que hasta ahora ha realizado varias intervenciones en las zonas de influencia, principalmente, en el cañón del río Cauca. Eduardo Ospina Pérez, antropólogo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), resaltó que se han identificado puntos de calor de este fenómeno en los municipios de Yarumal, Peque y Sabanalarga, específicamente, en los cementerios de Barbacoas y Orobajo, donde se hicieron trabajos de exhumación a partir de la información entregada por la comunidad. Alejándose del análisis de la JEP, agregó que “las exhumaciones que hemos analizado nos alejan de las zonas cercanas al río Cauca”.
Ospina también aclaró que la única entidad que puede hacer las diligencias de exhumación es la Fiscalía. Los magistrado le preguntaron por qué, entonces, le dieron a la Universidad de Antioquia el permiso de hacer una exhumación y trasladar 349 cuerpos de los cementerios de Barbacoas y Orobajo. Su respuesta fue que se trató de un proceso de recuperación.
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“Fiscalía llega utilizando la columna vertebral de toda investigación: la información. Cuando el GRUE tiene esa información verificada y clasificada, le dice al CTI, esto es lo que nosotros vamos a intervenir. Y ahí hay una exhumación. Cuando la Fiscalía descubre cuáles son los cuerpos que le competen. Luego llega el equipo de la Universidad de Antioquia para recuperar los cuerpos y hacer el traslado administrativo”, señaló el antropólogo.
Sin embargo, minutos después, la Fiscalía reconoció no estar segura de que los 349 cuerpos exhumados por la Universidad de Antioquia no sean personas dadas por desaparecidas, pues no se hizo un análisis de los restos. Además, lafirmó no tener la consolidación de los datos de desaparición forzada en Antioquia, pero agregó que actualmente se encuentran en esta labor.
La JEP expresó de inmediato su preocupación. El magistrado Gustavo Salazar expresó que “nunca hubo una indagación suficiente, en términos de exhaustividad, para saber si esos cuerpos eran personas dadas por desaparecidas o no” y agregó que “la respuesta no puede ser que preguntaron porque solo indagaron a algunas familias, pero hay un vacío de los cuerpos que bajaban por el río”.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento, encargada de adelantar este caso, ordenó recaudar cuanto antes las cifras del universo de desaparecidos en esta región: “Es urgente tener esta cifra. Pasa y pasa el tiempo y no pasa nada. Pero queremos saber si el Centro Nacional de Memoria tiene razón en la cifra. Es supremamente grave que después de tres años del Acuerdo de Paz no tengamos cifras consolidadas. En tan solo dos años, el Centro Nacional de Memoria Histórica logró hacer su consolidado”.
Ya hay organizaciones que han hecho este consolidado. Ese es el caso del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), que desde comienzos de 2018, como parte de la misión que verifica los procesos de búsqueda en el caso de Hidroituango, ha realizado una labor de investigación de los desaparecidos en las zonas de influencia del proyecto a petición del Movimiento Ríos Vivos.
En la audiencia, Diana Arango, directora de Equitas, contó que su organización desde ese entonces ha revisado, contrastado y depurado información de varias entidades, entre ellas, el CNMH, el Ministerio del Interior, el registro nacional de desaparecidos y los datos recolectados por Equitas en las comunidades afectadas por Hidroituango. Dentro de sus resultados están que en los 12 municipios afectados directamente por el proyecto se han encontrado 1883 registros de personas dadas por desaparecidas, de las cuales 949 son desapariciones forzadas, 609 secuestros, 248 reclutamiento y 67 son personas no identificadas.
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Si se contrasta con la información de Fiscalía y de Medicina legal, que han recuperado 204 cuerpos desde 2007 hasta el momento, Arango concluyó que sólo se ha cumplido con el 11 % de la labor de buscar a estos cuerpos. Eso sin contar con el subregistro que puede elevar las cifras.
En su intervención, la directora también evidenció las inconsistencias de lo expresado en la audiencia por la Fundación Socya, que afirmó que en el contrato firmado con Empresas Públicas de Medellín (Epm) no quedó estipulada la labor de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para la megaobra. Para Arango, en los informes presentados por Socya a EPM y a la Fiscalía hay una clara indagación y unos reportes sobre los procesos de exhumación en la zona.
Equitas, finalmente, le sugirió a los magistrados una estimación de universo de personas dadas por desaparecidas en el departamento de Antioquia; un análisis de los modos operandi de los grupos de la región, sobre todo en métodos de ocultamiento de cuerpos en ríos; recoger información sobre los cambios en el paisaje de influencia del proyecto; trazar una estrategia interdisciplinar de abordaje por el escenario complejo de búsqueda, y la intervención de un peritaje internacional.
Alirio Uribe, representante de la organización Movice, cerró el evento resaltando la importancia de que el Estado y las empresas públicas y privadas garanticen en la ejecución de sus proyectos el respeto por el derecho internacional humanitario: “Se nota que, por el afán, actores terminaron haciendo labores forenses que no debían. Pesó más el desarrollo que la dignidad humana”.
Recordó que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y es un deber encontrar a las víctimas de este crimen, así se deba realizar un desagüe de la presa. Insistió en la necesidad de buscar otros cementerios no reportados y estudios que determinen posibilidades de buscar cadáveres en la zona inundada con buzos. Y que en todos los procesos que se adelanten participen los campesinos y campesinas de la región, muchos de ellos víctimas del conflicto armado, pues en su verdad está la respuesta.