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La Alcaldía de San Onofre y la Gobernación de Sucre tienen la responsabilidad de adoptar planes y programas que aseguren la protección de los cementerios. Además, según el Decreto 303 de 2015, las alcaldías también deben tomar las medidas necesarias para proteger las áreas geográficas donde se reconozca que hay enterramientos de cuerpos no identificados. El cementerio de San Onofre y en el del corregimiento de Rincón del Mar son reconocidos como este tipo de escenarios, sin embargo, ni la Alcaldía ni la Gobernación han tomado acciones para proteger los lugares “a efectos de garantizar el derecho de las víctimas a la búsqueda, localización y exhumación de sus seres queridos, así como en general de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la no repetición”.
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Esas fueron las palabras de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) después de escuchar las respuestas de los representantes de ambas instituciones a la pregunta de qué habían hecho en el marco de sus obligaciones con los lugares y con las víctimas. Y por este incumplimiento, la JEP compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que indague sobre la presunta responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de estas instituciones que estaban encargados de estas funciones.
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Esto ocurrió durante el segundo día de la audiencia pública de medidas cautelares para determinar la situación de cuatro sitios de San Onofre (Sucre) donde podría haber cuerpos de personas desaparecidas. La “desidia” que señaló el tribunal que había por parte de la Alcaldía, se evidenció por “la variación de la administración del cementerio, la falta de registro o control que permita evidenciar las acciones que se han tomado (minutas o libros), deterioro de la infraestructura de las bóvedas, el mal estado de conservación, el ingreso de personas sin control alguno, la acumulación de basuras y escombros, el crecimiento de la maleza, la ausencia de vigilancia y control en la parte interna del cementerio y la falta de marcación de las bóvedas”, dijo el tribunal respecto al cementerio central del municipio. El de Rincón del Mar está en la misma situación, además que se que ni siquiera está legalmente constituido.
A los dos cementerios mencionados se suman las fincas La Alemania y El Palmar. Precisamente a causa de la administración de la última, la JEP también pidió investigar a funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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La historia de El Palmar es un poco distinta. Esta fue apropiada por el excomandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, “Cadena”, quien la convirtió en una base paramilitar. El Palmar fue escenario de una violencia atroz y, según información de desmovilizados y de víctima, en su suelo pueden reposar decenas de cuerpos de personas dadas por desaparecidas. En 2007 la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), ahora llamada SAE, asumió la administración de la finca después de que la Fiscalía iniciara un proceso de extinción de dominio sobre esta propiedad.
En 2010, la SAE arrendó esta propiedad a un tercero por un valor de $500.000 mensuales en un contrato que no tuvo en cuenta que en ese lugar había personas inhumadas sin identificar. De hecho, la Fiscalía realizó 35 exhumaciones en años anteriores, y se supo que las direcciones del CTI y del extinto DAS también hicieron diligencias judiciales en la finca. Por esta razón la JEP compulsó copias tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue disciplinaria y penalmente a los funcionarios que correspondan por los contratos de arrendamiento suscritos en relación con la finca El Palmar.
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