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Después de que la Comisión Colombiana de Juristas enviara a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) unos videos en los que se evidencia que las tumbas de víctimas de la masacre de El Salado (Carmen de Bolívar, Bolívar) fueron alteradas, y varios huesos expuestos, el tribunal le ordenó a la Alcaldía del municipio “hacer encerramiento de las tumbas alteradas en máximo 20 días”. Esto con el fin de proteger los cuerpos para identificarlos y entregarlos dignamente a las familias de esa masacre que, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, dejó más de 60 personas asesinadas (aún no se tiene una cifra definitiva) a manos de paramilitares del Bloque Norte y del Bloque Héroes de los Montes de María.
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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP también solicitó información a la Alcaldía y a la Fiscalía General de la Nación sobre las acciones que hayan adelantado para proteger el camposanto. Además, este tribunal dijo en un comunicado que “una vez se levanten las restricciones que impone la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la UIA hará una inspección al cementerio de El Salado y recuperará los cuerpos expuestos para entregarlos a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)”.
Después de que se cumplan estas primeras órdenes, la Alcaldía deberá adoptar las recomendaciones hechas por el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS) en materia de organización, cuidado y protección de cementerios y de los cuerpos que ahí reposen, pues son lugares donde hay personas sin identificar, posiblemente víctimas de desaparición forzada. “Finalmente, se corrió traslado de lo dispuesto a la UBPD para que disponga lo necesario para la identificación de los cuerpos y su entrega de manera digna a sus familias”, dijo la JEP.
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Las víctimas de la masacre de El Salado, 20 años después, no han sido completamente identificadas e individualizadas. De hecho, en un primer momento se creía que los muertos habían sido alrededor de 60. Sin embargo, en 2008 la Fiscalía dijo que podrían ser más de 100. Después de este hecho atroz el corregimiento se quedó vacío. En 2000 tenía unos 5.000 habitantes y casi todos salieron desplazados.
Lucho Torres, quien en 2002 lideró el proceso de retorno al corregimiento, le dijo a Colombia2020 en febrero de este año que “ese retorno nosotros lo hicimos sin el acompañamiento del Estado. Nos vinimos por nuestra propia cuenta y riesgo. Nosotros dijimos: ‘vamos a pelear, pero vamos a hacerlo allá mismo. No en las urbes de cemento, donde nos vamos a morir de hambre, de rodillas. Allá vamos a estar es luchando y trabajando’”.
Hoy no todos los que salieron regresaron, pero los que resisten le piden al Estado garantías para tener una vida digna en su territorio.