Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El cementerio de San Onofre nunca ha tenido nomenclatura, no ha sido organizado ni se lleva un registro continuo de las acciones que se han llevado a cabo allí. Es decir, el orden de las tumbas y bóvedas no es sistemático ni hay claridad sobre cuándo se enterró un cuerpo u otro, o si hubo un movimiento de cadáveres. El abandono en este cementerio es tal que, al menos hasta septiembre de este año, había restos óseos expuestos a la mirada de la ciudadanía, porque es un bien abierto al público. Es allí donde se presume que muchos de los cuerpos de personas no identificadas pueden ser desaparecidos forzados en el conflicto armado. Esta revelación la hizo la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de una visita al lugar.
La historia de por qué se realizó esa inspección se remonta a agosto de 2018, cuando el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) hizo una solicitud a la JEP en la que pedían proteger 16 sitios en los que se presume que hay cuerpos inhumados de personas no identificadas o desaparecidas, de acuerdo con lo que han revelado sus investigaciones.
(Lea también: Medidas para esclarecer la desaparición forzada)
Desde que la JEP aceptó esa solicitud, en marzo de este año, han sucedido dos cosas: se conformó una mesa técnica para buscar a los desaparecidos y empezaron audiencias públicas para recabar información sobre estos casos.
Ya se hicieron audiencias sobre los casos de la Comuna 13 de Medellín y sobre Hidroituango. Ahora, continúa la tarea con los sitios en Sucre. Por esta razón la JEP llamó a varias instituciones y a las víctimas a una audiencia pública el 20 y 21 de noviembre de 2019, mediante el Auto AT-058 de 2019, que se realizará en Cartagena.
Se hará en esta ciudad porque, como dice el documento, hay que tener “en cuenta las difíciles condiciones de orden público de San Onofre y, en general, del departamento de Sucre, así como la importancia de garantizar a todos los participantes de la audiencia las debidas condiciones de seguridad (…)”. Están citadas doce entidades y organizaciones, incluyendo Ministerio del Interior, Fiscalía, Defensoría, Alcaldía de San Onofre, Gobernación de Sucre, Movice y otras.
Estos son: Cementerio Central y cementerio del corregimiento de Rincón del Mar, y las fincas La Alemania y El Palmar. “En el cementerio de San Onofre, la JEP nos ha informado que en una diligencia que hizo de prospección encontró varios restos que estaban expuestos, e incluso algunas muestras de que estos restos fueron incinerados. Y una de las últimas noticias es que se encontró una bóveda en la que reposan más o menos 300 cuerpos y restos, pero no sabemos si corresponden a personas no identificadas o desaparecidas. La UIA de la JEP nos contó que el cementerio es de acceso público, los posibles restos que ahí se encuentran y que pueden ser no identificados o desaparecidos también están expuestos y por esto la JEP se adelantó a hacer la inspección antes de la audiencia, por la inminencia del riesgo en San Onofre”, explica Diana Salamanca, secretaria técnica del Movice.
(Puede interesarle: Fiscalía deberá consolidar datos de desaparecidos en Hidroituango: JEP)
En los otros sitios la situación también es crítica. En Rincón del Mar, por ejemplo, la solicitud incluía proteger un cementerio en el pueblo y uno que está a orillas del mar y que, por el oleaje, se ha ido consumiendo. La información que tienen es que probablemente en ambos sitios haya desaparecidos. “En la finca El Palmar hemos encontrado datos en periódicos como El Universal en los que se habla de 3.200 personas que están posiblemente ahí enterradas. En la finca La Alemania aún estamos indagando; ahí el universo de víctimas no es muy claro, pero sí algunos lugares específicos”, complementa Salamanca.
¿Cómo buscar en medio del desorden?
La magistratura de la JEP, en atención a la solicitud de las víctimas, le ordenó a la UIA —conocida como la Fiscalía de la JEP— que inventariara los sitios que piden que sean protegidos. Por esta razón, esta última institución desarrolló el Sistema de Información para Registrar Inhumaciones de Cuerpos no Identificados en Colombia (Siric). El Grupo Técnico Forense de la UIA hizo un diagnóstico de los cementerios, que consistió en visitar estos lugares y levantar información predial y topográfica, hacer fotografías (tomas con dron) y describir cómo era la situación del cementerio en cuanto a administración, los estados de las inhumaciones y su organización. Además, determinaron cuál es el grado del riesgo en cada sitio.Giovanni Álvarez, fiscal de la JEP, explica que “los investigadores van y verifican que efectivamente los cementerios no han sido manejados de forma ordenada y adecuada y que sí existen varias inhumaciones que no tienen nombre, que no fueron hechas de acuerdo con la costumbre de los colombianos de enterrar al ser querido y ponerle una lápida con su nombre y la fecha en la que nació y murió, sino que hay una serie de tumbas que no se sabe de qué o quiénes son. Estamos en el proceso de hacer esa verificación, porque de algunas hay información y de otras no hay ninguna. Para hacer este trabajo organizado se hizo la herramienta”.
(Lea también: JEP pide peritazgo internacional sobre desaparición forzada en zona de Hidroituango)
Se refiere a un sistema de información que será alimentado con la información de todos los lugares, de modo que los magistrados puedan tener a la mano los datos para determinar las medidas cautelares o cualquier otra solicitud.
Este sistema de información será alimentado con la información de todos los lugares, de modo que los magistrados puedan tener a la mano los datos para determinar las medidas cautelares o cualquier otra solicitud. Esto es importante para las víctimas de Sucre, que todavía siguen esperando respuestas. “Las víctimas quisieran saber qué paso con la información que los paramilitares dieron en versión libre sobre los posibles lugares donde están sus familiares”, concluyó Salamanca.