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Colombia despidió el 2019 con una noticia estremecedora: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó su primera gran exhumación en Dabeiba (Antioquia) con el objetivo de encontrar, al menos, 45 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”. La diligencia fue ordenada después de que un grupo de militares asegurara que en este camposanto enterró a la mayoría de las víctimas civiles presentadas como bajas en combate de la Brigada XI.
Desde entonces, otras entidades del Estado, como la Procuraduría, y organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le han pedido a la JEP que le dé prioridad al Caso 003, denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
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Su llamado de atención es para que se adelanten las investigaciones sobre los hechos en los que estuvieron involucradas tanto la Décimo Primera Brigada y el Batallón de Contraguerrilla No. 79, se llame a rendir versión voluntaria a los comandantes que estuvieron en estas unidades entre 2005 y 2007 y se proteja al cementerio y los testigos del caso.
Ante estas misivas, el magistrado Alejandro Ramelli, quien adelanta el caso, respondió que incluso antes de la exhumación se tomaron algunas de las medidas sugeridas. En primer lugar, desde que comenzó el proceso en junio de 2019, los magistrados solicitaron ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) un estudio de riesgo para los uniformados que están compareciendo en el Caso 003. Con ello se otorgaron unas medidas de protección para los militares y sus familias. Asimismo, se empezó la evaluación de seguridad de quienes ofrecieron sus testimonios en Dabeiba.
Después de la diligencia, la magistratura ordenó más versiones voluntarias. El próximo 28 de enero, uno de los comandantes de las unidades militares deberá rendir cuentas sobre las revelaciones aportadas por sus subalternos. Según la JEP, “el despacho se encuentra en labores de investigación con el fin de determinar qué otros militares serán llamados a estas diligencias por los mismos hechos”.
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Sobre la identificación de los cuerpos hallados, Ramelli explicó que la JEP, Medicina Legal, la UIA y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) construyeron un plan de trabajo para las labores de identificación. Cuando se obtengan los resultados, la JEP coordinará la entrega diga.
Adicionalmente, según esta justicia, desde septiembre de 2019 se han realizado varias inspecciones judiciales y requerimientos a entidades con el fin recaudar la información necesaria que los conduzca a proteger los diferentes sitios en los que habría víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba.
La articulación es otro punto que resaltó esta justicia. Además del Caso 003, el cementerio de Dabeiba se cruza con la petición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de ordenar las medidas cautelares a 16 lugares en el país, donde habría personas dadas por desaparecidas. La Sección de Ausencia de Reconocimiento, que lidera los dos procesos, insistió en que “es un ejercicio que se ha adelantado bajo los principios de colaboración armónica, celeridad y eficacia”.
Finalmente, dejó claro que “por estos hechos, la JEP ha empleado todos los esfuerzos necesarios para asegurar la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables. Asimismo, ha dispuesto la reserva de la identidad de los comparecientes y testigos involucrados con el fin de proteger la vida, integridad e itimidad de ellos y sus familias”.
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El Caso 003 es uno de los más adelantados en la JEP. Hasta ahora se han interrogado a más de 150 militares, quienes se comprometieron a decir la verdad, reparar a sus víctimas y garantizar la no repetición a cambio de beneficios penales. Se espera que este 2020 se entreguen las primeras resoluciones de conclusiones. Con esto, se daría paso a las audiencias con las víctimas.