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En las últimas semanas, el partido FARC ha dialogado con varias instancias para exponer su preocupación por el asesinato de los excombatientes y solicitar su protección. A la fecha, han asesinado 199 exguerrilleros y, según sus representantes, las amenazas no cesan. Acudieron, por un lado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, por el otro, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La iniciativa la lideró Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido, quien pidió asumir ese estudio desde una perspectiva territorial y en derechos humanos. La JEP, a través del auto 063-2020, le respondió al exjefe guerrillero y ordenó la realización de una audiencia dialógica, a la que fueron invitados miembros del Consejo Político Nacional y representantes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
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Este lunes ese encuentro se llevó a cabo. La delegación de FARC y los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento se reunieron para ampliar la información que los representantes de ese partido le entregaron a la Jurisdicción y con la que la magistratura decidió, en abril de este año, estudiar la posibilidad de decretar medidas cautelares a los excombatientes.
El partido mostró una cifras preocupantes, entre ellas, que el 40% de quienes fueron asesinados había salido de las cárceles. Además, reportaron que 14 personas han sido desaparecidos forzosamente, 39 han sido víctimas de tentativa de homicidio y otros 177 han sido amenazados desde 2017. Lo más grave, agregaron sus representantes, es que la mayoría de los casos hoy siguen impunes: “Sólo se han esclarecido solo un 11,4 % de los casos”, señaló Londoño.
En los ETCR la situación también es crítica. Los magistrados escucharon que los excombatientes han sido objeto de reiteradas amenazas y desplazamientos colectivos. Actualmente hay 24 ETCR en Colombia que albergan aproximadamente a 3.000 excombatientes y sus familias, y la mayoría se siente en riesgo. Uno de los casos críticos, explicaron exguerrilleros desde los territorios, es el de Román Ruíz, en la vereda de Santa Lucía, municipio de Ituango (Antioquia), donde los homicidios y hostigamientos sistemáticos han forzado a la comunidad a abandonar el espacio.
A partir de ese contexto, le expusieron a la magistratura dos grandes enfoques. Por un lado, desde un ámbito metodológico, le pidieron la instauración de una mesa de seguimiento por parte de la JEP a las medidas de garantías y participación dispuestas en el acuerdo de paz. También mencionaron la realización de cinco audiencias territoriales, en las que pueda propiciar un diálogo con el Gobierno Nacional y los gobiernos locales.
Por otro lado, desde un enfoque más propositivo, el partido FARC solicitó reactivar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y la puesta en marcha del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) que, según los exguerrilleros, no funcionan, “pese a que esta responsabilidad se encuentra asignada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”.
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Otra propuesta fue la presencia y el fortalecimiento efectivo del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida SAT de la Defensoría del Pueblo. “El Sistema no está funcionando, gran parte de sus recomendaciones no son acatadas por el gobierno nacional, así como se ha omitido crear las instancias territoriales respectivas”, explicaron.
Tampoco, de acuerdo con FARC, se ha implementado el necesario Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo partido político, acordado en el Decreto Ley 895 de 2017: “Solicitamos de manera perentoria a la JEP ordenar a al gobierno nacional su ejecución y puesta en funcionamiento”. Y a eso sumarle un llamado a la Fiscalía para que construya “política criminal que sistematice la información obtenida en los casos donde se logró identificar y procesar a cada autor material. Y si existen, los patrones necesarios para entrelazar los casos con un mismo autor intelectual o una misma concepción por prejuicios o estigmatizaciones”.
Asimismo, creen conveniente “la creación de mesas regionales y fortalecimientos de las ya existentes, donde participen las personas líderes de cada comunidad o grupo significativo, Defensoría (delegado del Ministerio Público), ONU, FARC, secretario de gobierno o delegado para asuntos de convivencia y seguridad y las demás instituciones que se consideren necesarios en materia de seguridad y protección a excombatientes y líderes sociales”.
El partido le manifestó a la magistratura la necesidad de crear, implementar y fortalecer una campaña nacional y regional para la lucha contra estigmatización; impulsar la seguridad comunitaria, y fortalecer la pedagogía de paz en las regiones, donde la violencia se recrudece.
Ronald Rojas, delegado FARC ante la CSIVI y consejero político en Huila, aseguró que el encuentro sirvió para descentralizar la visión de la implementación de la paz: “Es necesario que se escuchen las voces de los territorios, eso es lo valioso”. Resaltó que la audiencia se tuvieran en cuenta las voces regionales. Entre las denuncias se mencionaron “los desplazamientos en Ituango, las amenazas en el Caribe, la violencia contra los reincorporados indígenas en el Cauca y lo que ocurre en Huila, Caquetá, Putumayo, donde actores de economías ilegales están amenazando a nuestros compañeros”.
Sólo en Huila, contó Rojas, han sido asesinados cinco excombatientes en lo que va del año, más el hijo de otro exguerillero. Explicó que la situación en el municipio de Algeciras es crítica: “Algeciras es el único municipio del Huila que quedó dentro de los PDET. Es una expensa agrícola muy importante para la capital del Huila y con mayor número de excombatientes después de Neiva. Se estaba proyectando como un territorio realmente de paz, con hechos concretos para mostrar de reincorporación, de compromiso de nuestra gente con la paz. Nosotros consideramos que en el fondo se trata de sectores políticos que quieren desestabilizar y sabotear que Algeciras después de ser un territorio tan afectado por la guerra ahora pueda ser un territorio con hechos fehacientes de paz y reconciliación”.
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Rojas le dijo a la JEP que también se debe abordar la responsabilidad de la Fuerza Pública en los hostigamientos y las amenazas. Afirmó que tiene pruebas de que en el batallón Magdalena de Pitalito, en una charla a soldados profesionales, se afirmaba que no hay ninguna diferencia entre un exmiembro de las Farc hoy militando en el partido político y las llamadas disidencias o grupos armados organizados residuales.
María Lucelly Urbano, consejera de reincorporación en el Valle del Cauca y miembro de la Comisión de FARC de Búsqueda de Personas Desaparecidas, expuso la situación del Valle, Cauca y Nariño que, según ella, se resume en “ocho excombatientes asesinados en el Valle; 36 en Cauca y 27 en Nariño”.
Denunció ante la magistratura la incursión de grupos paramilitares a Argelia, por ejemplo, donde “buscan casa por casa a cada uno de los excombatientes, con la de intención de asesinarlos”. Nombró también el caso de Tallambí, una vereda de Cumbal (Nariño). Allí hay 130 excombatientes, quienes solicitan al menos un esquema para poderse mover porque la ruta para llegar a ese sitio tiene presencia del Eln y autodenominadas disidencias de las extintas Farc.
“Ellos tuvieron que desplazarse por tres días a otra vereda para proteger sus vidas porque se acercaron a ese sector los grupos armados y los amenazaron. Solicitaron un esquema de seguridad que no fue atendido por la Unidad Nacional de Protección y luego un juez ordenó la instalación de ese esquema, pero queda bastante complicado que seis escoltas protejan a 130 excombatientes”, narró Urbano.
Ante estas intervenciones, Rodrigo Londoño concluyó que el país observa “un exterminio sistemático en contra de los miembros de una colectividad que trabaja por la construcción de paz”. Los exguerrilleros, insistió, están cumpliendo con los compromisos del acuerdo de paz: “No necesitamos que nos premien por esta actitud, pero sí que nos respeten nuestros derechos humanos y sobre todo el derecho a pensar y difundir libremente nuestras ideas”.
El aumento de la violencia en contra de los excombatientes de las extintas Farc y la proliferación de amenazas contra miembros de la Fuerza Pública, que hoy están sometidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), obligó a esta justicia transicional a empezar el trámite de medidas cautelares colectivas para proteger sus vidas. Con esta medidas cautelares, señaló el magistrado Alejandro Ramelli, se busca analizar de manera estructural la problemática que, sin duda, afecta a las víctimas, pues con los asesinatos de los excombatientes también muere la verdad sobre los hechos ocurridos en la guerra.
La magistratura continuará evaluando la información de los excombatientes y las entidades del Estado vinculadas al trámite de las medidas cautelares. Con base en los análisis, convocará en los próximos días a una audiencia pública con el objetivo de establecer las causas estructurales de la difícil situación de riesgo y tomar medidas prontas para proteger a los comparecientes que se han sometido a la JEP.