“Nunca fue un trato digno”, reclaman familiares de los diputados del Valle

Si hay algo en lo que las familias de los diputados del Valle han insistido desde el 28 de junio de 2007, día en que se conoció que 11 de los 12 políticos en poder de las Farc fueron masacrados, es que quieren saber todo acerca de este espantoso crimen. “Esperamos que el futuro permita sanar las heridas”, les dijo el propio Pablo Catatumbo a las víctimas en diciembre de 2016, en la iglesia San Francisco de Cali, al pedirles perdón. La realidad, sin embargo, parece alejarse de esa intención: “Las versiones colectivas dadas por los integrantes de las entonces Farc-Ep sobre el caso No. 01 tienen claras pretensiones de tergiversar la verdad (...) al menos en lo concerniente al secuestro de los diputados”.

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Con estas palabras, cuatro familiares de los diputados y el único sobreviviente del asesinato y secuestro, Sigifredo López, le expresaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus preocupaciones sobre lo dicho por la guerrilla, controvirtiendo punto por punto lo que consideran errores y mentiras. Su intervención parte de 29 páginas que entregó la antigua guerrilla, en las que plasmó su versión de lo que pasó durante el cautiverio de los políticos, de cómo planearon el secuestro y qué ocasionó la masacre de 11 de ellos en Montes de Cumbitara, zona selvática del departamento de Nariño, por esa época con enorme presencia de grupos armados ilegales.

De entrada, la guerrilla explica que el documento es su manera de contribuir colectivamente al esclarecimiento de la verdad y la contrastación de datos. Esa versión cuenta con testimonios aportados por varios excombatientes que participaron en primera línea, no solo en la operación del secuestro, sino también quienes estuvieron al lado de los diputados durante el cautiverio. Para explicar lo que los llevó a planear esta operación, el informe señala que todo el origen fue una orden de Alfonso Cano, uno de los máximos líderes de las Farc. Fue él quien le pidió al Frente Urbano Manuel Cepeda planear una acción contundente que demostrara su capacidad operativa, cuyo blanco fueran personalidades políticas.

La guerrilla aclaró que esa orden se dio en un contexto de escalamiento y degradación de la guerra, hacia 2001. Por un lado, ya había fracasado el proceso del Caguán con el gobierno Pastrana, quien optó por impulsar el Plan Colombia para reforzar, principalmente, su fuerza militar. Y por el otro, se avecinaba un cambio de gobierno y el contendor con más posibilidades de quedar elegido era Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, el secuestro ya hacía parte de su arsenal de violencia, con más de 300 policías y soldados bajo su poder con un solo objetivo: lograr un canje humanitario para tratar de liberar a 3.680 guerrilleros presos. Salvo algunos errores, los políticos no habían sido su objetivo.

Por su experiencia en operaciones urbanas, los hombres del frente Manuel Cepeda contemplaron tres ideas. La primera, atacar una casa fiscal en donde vivía un importante general de la Policía de Cali y retenerlo y, de paso, también a un vecino congresista. La segunda, una acción en el exclusivo Club Colombia de Cali, frecuentado no solo por militares, sino también por reconocidos empresarios. Y la tercera era entrar a la Asamblea del Valle y secuestrar a los diputados, lo que implicaba una acción que nunca antes habían hecho en ningún otro lugar del país. La última fue la ganadora pues, explicaron, la seguridad era muy débil y nadie se esperaba que atacaran un edificio en pleno centro de Cali.

Con la determinación de que la Asamblea de Valle sería su blanco, los exguerrilleros relataron que tomaron fotos desde adentro y que uno de los vigilantes del edificio les dio información para planear el ataque, tarea que duró nueve meses. A ellos los entrenaron como si se tratara de una obra de teatro. Unos tenían que ser soldados y otros policías. Aprendieron a imitar su modo de hablar, habilidad que fue clave el 11 de abril de 2002, cuando entraron a la Asamblea haciéndose pasar por miembros de la Fuerza Pública y evacuaron el edificio, llevando a los diputados a un bus que los transportaría hacia la selva. Para sus propósitos, la operación fue un éxito.

Solo un policía, Carlos Alberto Cendales, se percató de que la guerrilla se había tomado el edificio. Trató de advertirlo, pero lo mataron en un baño. Los problemas solo aparecieron cuando al bus le falló la caja de cambios y, en una de las curvas hacia los Farallones, se quedó sin reversa. La falla mecánica los puso en aprietos y el Ejército, que ya se había enterado de la acción de las Farc, les respiraba en la nuca. Sin embargo, lograron llegar hasta el final de la trocha. Caminaron durante una semana entera sin descanso, muchos con botas dos tallas menos que la que les correspondía, y todavía con la camisa del traje con la que llegaron a la Asamblea ese 11 de abril.

Al comienzo les dijeron que podían estar tranquilos. Que no se iban a demorar en la selva. Que solo los llevaban a hablar sobre problemas del departamento. Pero pronto supieron que la realidad era otra: eran el botín para presionar al Gobierno en el canje humanitario. Les decomisaron todo lo que tenían y un guerrillero encargado de caletas enterró las propiedades. Su versión señala que durante esa semana su única preocupación fue escapar de las operaciones que desplegó el Ejército para rescatar a los diputados. Tuvieron que cambiar la ruta con la ayuda de un GPS. Cuando lograron escapar de la respuesta de la Fuerza Pública, los 12 diputados pasaron a estar bajo la vigilancia del frente 60, al mando de alias Grillo.

Durante el cautiverio, indicaron los exguerrilleros, siempre les brindaron comida y medicinas a los diputados. Que en cada punto en el que podían descansar, los propios guerrilleros les armaban el cambuche para dormir. Que siempre les garantizaron tres comidas diarias y que el menú variaba, cada vez que la situación lo permitía. Usualmente, para el desayuno comían caldo con arepa o sardinas, chocolate o leche, huevos revueltos, pan o cancharina (una especie de arepa a base de harina de maíz molido, agua y huevos). Para el almuerzo preparaban arvejas, fríjoles o lentejas que se acompañaban con carne, arroz y “agua royal”. Y, en ocasiones especiales, hasta les brindaban vino o gaseosa.

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La extinta guerrilla señaló que su misión principal era cuidarlos, brindarles la mejor atención, siempre que la guerra lo permitiera, vigilar que no se escaparan y, ante cualquier intento de rescate, la orden era asesinarlos. El trato con los diputados, agregaron los exfarc, siempre fue digno. Explicaron que, aunque podían existir diferencias políticas, la interacción personal fue respetuosa y buena. Por ser civiles no los encadenaron y no los maltrataron, dijeron. Su relato en orden cronológico, pero con varios vacíos, mencionó varias veces que nunca fueron irrespetuosos y que las condiciones de cautiverio fueron siempre las mejores. Y luego, poniendo un intertítulo de por medio, llegaron al momento de relatar la muerte de los diputados.

Explicaron que al lugar llegaron porque alias Grillo quiso reunirse con alias Aldemar, comandante del frente 29, para discutir qué opciones tenían para escapar de la arremetida constante del Ejército. Hacia mediodía del 11 de abril, un grupo de siete hombres camuflados se acercó al centinela que vigilaba e lugar donde estaban diputados. El Grillo fue informado de inmediato del suceso y ordenó al guerrillero retirarse del lugar, pues, dijo, no podía estar ahí. Uno de los hombres camuflados fue identificado por uno de los guardias, pues habían compartido en otras ocasiones.

El hombre, cuyo alias era Alexis, no se retiró y, por el contrario, empezó a decir que los hombres del frente 60 eran infiltrados del Eln. La confusión del momento hizo que ambos lados abrieran fuego. Las antiguas Farc aseguran que los primeros en hacerlo fueron los hombres que llegaron al lugar. Los hombres de Grillo pensaron que era una operación de rescate y, acatando órdenes, les dispararon a los diputados. Cada uno recibió aproximadamente siete tiros. La guerrilla asegura que, a los minutos del enfrentamiento, al lugar de la reagrupación llegó el único sobreviviente: Sigifredo López. Por eso, lo que él le ha podido contar a las autoridades y ahora a la JEP constituye un testimonio crucial en este expediente.

No solo por su insistencia en conocer la verdad, sino porque su historia muestra una versión diferente a la de la guerrilla. Así se lo explicó a la Jurisdicción Especial en octubre del año pasado y los detalles de su relato también quedaron en la carta de febrero de este año. Nunca fue un trato digno el que recibieron él y sus compañeros diputados, explicó. Pasaron meses enteros sin medicamentos para tratar enfermedades y el único acceso que tuvieron con personal médico fue la ayuda de una guerrillera que sabía aplicar inyecciones, pero no sabía leer ni escribir. Además, explicaron, el trato siempre fue grosero y el lenguaje cotidiano siempre era con insultos y ofensas.

Sobre el tema de la comida, los familiares de los diputados y López señalaron que también es falso. “El desayuno fue invariablemente sopa de pasta con sal, una arepa de maíz y un café, nunca comieron huevos, ni chocolate y carne; el almuerzo eran frijoles con arroz o lentejas con arroz, y en la tarde espaguetis con arroz; eventualmente les daban sardinas, pero era una lata para cada grupo de cuatro a seis secuestrados. En cuanto a que bebieron gaseosa, leche y comían jamoneta, es totalmente falso, nunca hubo ese tipo de alimentación. Estas falsas versiones pretenden decir que atendieron a los diputados en un hotel 5 estrellas, cuando en realidad los tuvieron sometidos, les quitaron su libertad, los maltrataron”, dice la contestación de las víctimas.

Las condiciones de supervivencia, agregaron, fueron precarias, infrahumanas e indignas de un ser humano. Sobre el asesinato de los diputados, la carta de las víctimas tiene otra versión. “Es una farsa lo manifestado anteriormente, ya que Grillo ordenó la masacre, dijo: “Mátenlos y vámonos”, y alias Pocillo fue quien dirigió el asesinato. Fue este último quien gritó “no los dejen ir, no los dejen ir”, y comunicó la orden a cada uno de los guardias de los diputados para que los asesinaran”, explicó López y los familiares de Carlos Alberto Charry, Édinson Pérez, Héctor Fabio Arismendy y Alberto Quintero. Todas las familias les pidieron a las Farc que les devolvieran las pertenencias de sus seres queridos.

Sin embargo, López explicó que el Grillo nunca fue partidario de entregar los cuadernos y otros objetos. “Además, él torturó a los familiares de los diputados al mantenerlos con la esperanza de devolver sus pertenencias”. Según la antigua guerrilla, fueron enterradas, al igual que las que les quitaron los primeros días de secuestro y que nadie sabe dónde están, pues los responsables de haberlas ocultado en la tierra están muertos. “Se hace sumamente importante que las Farc-Ep digan toda la verdad, que dejen de responsabilizar de sus actos a sujetos que según ellos están muertos (esta es una reiterada práctica de criminales: responsabilizar a muertos para que no se pueda verificar la información y así lograr que los casos queden en la impunidad)”.

“Las condiciones de cautiverio nunca fueron buenas”, agregaron las víctimas, “el mero hecho de estar secuestrados, de estar privados de la libertad y en contra de su voluntad, de ser tratados como prisioneros sin ser combatientes, cuando en realidad eran civiles indefensos atrapados en medio del conflicto, ser tratados a madrazos, recibiendo y soportando agresiones y permanentes amenazas de muerte, de no recibir una palabra amable durante todo el secuestro, caminar con un fusil atrás; el hecho de ser castigados, y haber sido amarrados como animales con una cadena al cuello, constituyen un trato indigno y transgresor de los Derechos Humanos y del DIH.

No pudieron abrir un camino con GPS porque en esa época no existía esa tecnología en el país, ni es cierto que ayudaran a los diputados que, por la inclemencia del clima de la selva y el terreno inestable, no podían seguirles el ritmo a los guerrilleros. Otras dos observaciones de las víctimas, quienes le pidieron a la JEP que vincule al caso a alias Grillo y que le pidan a Rodrigo Londoño que diga lo que sabe del caso, así como a otros ocho guerrilleros. También les pidieron que esclarezcan una serie de preguntas como, por ejemplo, quién fue el vigilante de la Asamblea que les ayudó a la planeación de secuestro, quiénes eran los custodios de los diputados o quién les suministró el transporte para sacar a los diputados del centro de Cali.

Asimismo, las víctimas quieren saber todos los nombre de los terceros involucrados; cómo fueron inhumados los cuerpos de los diputados y cuál fue la participación de la etnia awá; así como cuál fue la participación de Pablo Catatumbo en el secuestro y asesinato colectivo. En la carta, expresaron su preocupación por el hecho de que las víctimas no estén en el centro de estas discusiones, pese a que eso les habían dicho que pasaría, no solo para que pudieran contrapreguntar durante varias audiencias que se han realizado, sino para hacer, como siempre, sus demandas de conocer la verdad de lo que pasó entre abril de 2011 y junio de 2007.

Tanto la versión de las Farc como la respuesta de las víctimas ya están bajo la tutela de los magistrados de la JEP. En sus manos está, como lo dijo Sigifredo López el año pasado, la posibilidad de esclarecer lo que sucedió, de exigir la verdad de los hechos, de determinar qué tan cierta ha sido la promesa de la guerrilla de contar la verdad para sanar las heridas de las víctimas y de estar “a la altura ética e histórica” cuando llegue el momento de emitir su concepto final.

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