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Daños al territorio y depredación ambiental, relaciones empresariales con la Fuerza Pública, despojo corporativo y criminalización de la protesta social son cuatro de los nueve patrones de malas prácticas empresariales que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo identificó como comportamientos que han contribuido a que persistan graves violaciones de derechos humanos en Colombia. En el informe “El Rol de las Empresas en el Conflicto armado y la Violencia Sociopolítica”, que presentaron a la Comisión de la Verdad esta semana, la organización se basa en sentencias, procesos judiciales e investigaciones de otras organizaciones para exponer por qué los actores económicos pueden ser responsables de violencias en el marco de la guerra.
El documento es privado, pero cuenta con un resumen en el que detallan los nueve casos, dan algunas conclusiones y le recomiendan a la Comisión que investigue e incluya estas historias en su informe, teniendo en cuenta que hacen parte de las afectaciones a la democracia, al medio ambiente y a comunidades étnicas, que son algunas de las líneas que aborda la entidad estatal.
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“¿Qué medidas de control, monitoreo y en especial de reparación a las víctimas se podrían plantear por los mecanismos de justicia transicional en vigencia en Colombia, cuando los responsables de violaciones de derechos humanos tuvieron como actor central, por su motivación, su participación y su complicidad a las empresas? ¿Cómo puede contemplarse esta parte de la verdad correspondiente al sufrimiento de las víctimas que, además de violaciones de derechos humanos, infracciones al DIH y otros atropellos, sufren la pérdida de sus medios de vida por causa de la instalación de grandes proyectos industriales en sus territorios?”, son algunas de las preguntas que plantea al documento.
Y en desarrollo de estas, enumera las malas prácticas: Empresas de seguridad privada y su complicidad en violaciones de derechos humanos de líderes sociales o comunidades; De la privatización de la Fuerza Pública a través de proyectos minero-energéticos privados y su impacto en derechos humanos; Relaciones empresariales con la Fuerza Pública que posibilitaron violaciones de derechos humanos; Complicidad empresarial con grupos paramilitares; Beneficiarios de prácticas antisindicales; Daños al territorio y depredación ambiental por acción y omisión de empresas; Prácticas de despojo corporativo; Criminalización de la protesta social, el liderazgo comunitario y la organización social que cuestiona prácticas empresariales; Mecanismos de impunidad corporativa mediante la Responsabilidad Social Empresarial, el lavado de marca y los Principios voluntarios.
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Algunos de los ejemplos que mencionan son de los más conocidos, como los pagos mensuales que hizo Chiquita Brands a través de su filial Colombia Banadex S.A. a la estructura paramilitar en las zonas de Urabá y Santa Marta por más de seis años, desde 1997 hasta alrededor del 4 de febrero de 2004. Así como la entrega de fusiles a los “paras”. “Estos hechos, que convierten a Chiquita Brands en uno de los más importantes financiadores y promotores de las AUC, impulsaron la masiva comisión de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones paramilitares en estas dos regiones, incluyendo desplazamiento forzado, homicidios, tortura, desapariciones forzadas, entre otros crímenes”, dice el documento. La empresa se declaró culpable y fue condenada.
Respecto a temas como el desplazamiento forzado, el informe habla del aprovechamiento que han han hecho empresas al hacerse dueñas de predios abandonados después de violaciones de derechos humanos, como amenazas, asesinatos y masacres. “queda corroborado cuando la justicia ha mostrado que, empresas como Cementos Argos S.A., la Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, San Simón S.A., Poligrow y un conjunto de empresas mineras, entre otras, se beneficiaron del desplazamiento y despojo de comunidades campesinas y étnicas, usando sus condiciones precarias y la vulnerabilidad a la que habían sido expuestas, para adueñarse directamente o negándose a investigar con la debida diligencia, los contextos de las regiones donde operan”.
Otro tema en el que hace énfasis el informe es el de la responsabilidad de las empresas en la violencia antisindical, especialmente entre los años 1999 y 2009, cuando el 63% de los asesinatos de trabajadoras y trabajadores sindicalizados ocurridos en el mundo sucedieron en Colombia, según la Confederación Sindical Internacional. Un caso emblemático es el de los trabajadores de la palma de aceite en el Cesar, especialmente el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), en el que fueron asesinados 405 trabajadores, señalados por el paramilitarismo de ser guerrilleros.
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De esta manera, el Cajar llama a la Comsión de la Verdad a “incluir en el informe final el tema de la complicidad empresarial en el conflicto armado, visibilizar esas violaciones, generar en la presentación del informe y en los años subsiguientes debates públicos sobre el tema” e “investigar los mecanismos de impunidad que han permitido que el papel de los terceros, entre ellos el de la complicidad empresarial, haya quedado oculto. Una vez establecidos esos mecanismos, hacer las reformas pertinentes para superarlos”.