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La Fiscalía, según la decisión judicial tomada por el vicefiscal general (e) Jaime Camacho Flórez, dejó en firme la acusación contra Reinaldo Elías Escobar De La Hoz, exasesor jurídico de Chiquita Brands para Colombia; Víctor Julio Buitrago Sandoval; John Paul Olivo; Fuad Alberto Giacoman Hasbún; José Luis Valverde Ramírez; Álvaro Acevedo González, exgerente de Banaldex; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, exgerente de Banacol; y Javier Ochoa Velásquez, exgerente agrícola. Otras tres personas que habían sido acusadas inicialmente se les archivó el caso.
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Los 10 exdirectivos tendrán que responder por la presunta financiación de la filial colombiana de Chiquita Brands, multinacional bananera, a los paramilitares del Úraba. Hace un año, este diario conoció la acusación de 461 páginas en contra de ellos por la presunta entrega de dineros a las autodefensas entre 1997 y 2004. Ahora, tras una apelación de varios de los acusados, la Fiscalía, no solo dejó en firme el escrito acusatorio, sino que confirmó que se trata de un crimen de lesa humanidad.
Frente a la acusación, el ente investigador consideró que la empresa bananera apoyó con su dinero a la consolidación del paramilitarismo en el Urabá antioqueño a través de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Los exdirectivos habrían acordado con Carlos Castaño y otros paramilitares un pequeño porcentaje por caja de banano exportada y habrían tratado de darle un viso de legalidad al hacer los pagos a través de una Convivir, cooperativas de seguridad privada legales que fueron usadas por grupos paramilitares como fachada.
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Aunque varios de los acusados trataron de escudarse en que los pagos fueron hechos a una convivir, que en ese tiempo eran legales, y que desconocían de sus vínculos con las Autodefensas, para la Fiscalía existen las pruebas suficientes para confirmar se sabía de las acciones ilegales y vínculos con el paramilitarismo que tenían estas cooperativas.
“Los empresarios bananeros ya venían financiando desde antes al Boque Alex Hurtado de las AUC, pero era muy complicado y riesgoso mantener esa financiación directa. Por eso se hacía necesario adoptar bajo un manto de legalidad esa financiación”, aseguró Raúl Emilio Hasbún, exjefe paramilitar, ante Justicia y Paz sobre los aportes entregados por Chiquita Brands a las convivir.
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Según el ente acusador, los testimonios de exjefes paramilitares permiten inferir que Banadex -filial de Chiquita en Colombia- y Banacol “estuvieron de acuerdo en utilizar los servicios de las convivir para darle un manto de legalidad a la financiación de las AUC, dado que, precisamente, era problemático para las mismas empresas tener un vínculo directo con tales organizaciones delictivas".
La alianza criminal, según la Fiscalía, operaba así: se convino con Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, el pago de tres centavos de dólar por caja de banano exportada. Esos dineros, agrega la acusación, eran consignados a las cuentas bancarias de las Convivir o de manera directa. Luego, todos estos recursos llegaban a las autodefensas. Según la investigación, ese pacto se selló en una reunión en 1997 convocada por la Casa Castaño y que tuvo lugar en Montecasino.
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Por otro lado, frente a la declaratoria de lesa humanidad, el ente investigador aseguró que existen los argumentos suficientes para invocar esta figura. Tras la acusación, la defensa aseguró que “se cometió un error al hacer expansiva la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a todos los casos de concierto para delinquir y que la sola pertenencia a una asociación o estructura ilegal no transmite automáticamente los delitos a quien se asocia con ella”.
Sin embargo, la Fiscalía señaló, en este nuevo escrito, que la corte Suprema sí ha señalado que el concierto para delinquir agravado puede ser catalogado por sí mismo como un crimen de lesa humanidad y que en este caso cumple con las condiciones para darle esta categoría ya que es “conexo a los crímenes de lesa humanidad” cometidos por los grupos paramilitares en esta zona del país.
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No hubo mayores cambios frente al primer escrito acusatorio, aunque se precluyó la acusación en contra de tres personas que habían sido acusadas en un primer momento del delito de concierto para delinquir agravado. Los beneficiados por esta medida son Dorn Robert Wenninger, ciudadano estadounidense y exgerente administrativo de Chiquita; Luis Germán Cuartas, exasesor de Banacol y de Banadex; y Juan Diego Trujillo, exsecretario general de Banacol.
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En el caso de Dorn Robert Wenninger, que en un primer momento fue acusado de autorizar seis pagos a las Convivir por $534 millones, la Fiscalía no continuó con el proceso ya que señaló que Weninger no fue el encargado de autorizar los pagos a las AUC. A pesar de que ejerció la representación legal de C.I Banadex. SA, una de las empresas de Chiquita Brands vinculadas al pago de dineros a los paramilitares, el ente pudo determinar que las autorizaciones de los pagos las hizo José Luis Valverde, por lo que no habría razón de vincular a las investigaciones al ciudadano estadounidense.
Frente a Luis Germán Cuartas, tras la revisión, la Fiscalía desechó la acusación, ya que no tenía vinculación con la aprobación de los pagos a las AUC. Sin embargo, en su papel de jefe de relaciones laborales de Banadex, la Fiscalía encontró que Cuartas podría ser vinculado a las investigaciones de “carácter penal para identificar a los responsables de los actos de violencia” contra los sindicalistas. A pesar de ello, el ente investigador recalca que esa situación no tiene relación con los crímenes por los que es acusado, por lo que precluye la investigación en su contra.
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La acusación contra Juan Diego Trujillo fue precluida debido a que se pudo establecer que este no era responsable del manejo de las finanzas de todas las empresas de Banacol, como se había dicho en un principio. Su labor solo se limitó a revisar y ver que los aportes a las convivir se ajustaban a legalidad. Como estas estructuras fueron legales en su momento, no se podía decir que incurrió en un delito al aprobar dichos pago.
Otra de las variaciones entre la acusación original y su revisión es que se revocó la orden de expedir copias para investigar a alcaldes y gobernadores de Antioquia entre 1997 y 2004 por su conducto oficial ante la conformación y control de las Convivir. Como estas organizaciones eran de carácter legal y su vigilancia estaba encargada a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los gobernantes locales no tenían la competencia para ejercer control de estas organizaciones armadas, aseguró la Fiscalía.