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Este 24 de noviembre se cumplen tres años del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno y las Farc, en medio de un clima político enrarecido por los desmanes, toques de queda y la contención de marchas sociales de inconformismo con el actual Gobierno. Este diario habló con Pastor Alape, miembro de la Dirección Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y delegado del Consejo Nacional de Reincorporación, para que diera su balance a tres años del histórico pacto de paz.
¿Cómo es su balance a tres años del Acuerdo de Paz?
Es un balance en términos generales positivo, porque el Acuerdo ha generado unas condiciones políticas en Colombia con todas las dificultades que tiene. En términos generales, la paz no ha fracasado y avanza.
¿Y en el detalle?
Faltan los ajustes institucionales, y esas son conquistas que debemos seguir. Faltan las circunscripciones especiales de paz para las víctimas, por ejemplo.
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¿Qué otras medidas son urgentes sacar adelante?
Son varias, pero le diría que el crédito para excombatientes es muy importante, porque en la ruta de reincorporación no está contemplado y nuestra gente no tiene ni historia laboral ni financiera, y sin eso es difícil sacar proyectos productivos. Así como la ruta de educación superior, porque aunque ya llevamos más de 1.200 bachilleres graduados en estos tres años, a partir del programa que financia Noruega y Colombia, sigue faltando un programa por parte del Gobierno de formación superior. Y de seguridad social para el adulto mayor y el excombatiente con discapacidad física.
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El Gobierno, hace unos meses, anunció 25 medidas específicas para prevenir los asesinatos de excombatientes, ¿han servido?
Pues después de eso se han dado más de ocho asesinatos. Está el de Alexánder Parra, el que se dio en el Cauca. Las medidas no se han sentido en el territorio. Son medidas más de carácter mediático que efectivas en el territorio.
Por ejemplo, frente al caso de Alexander Parra, que es además bastante emblemático porque es el del primer excombatiente asesinado en un espacio de reincorporación. ¿Qué han podido avanzar sobre esta muerte?
Nosotros hemos responsabilizado, inicialmente, al Estado porque se supone que las unidades militares que estaban en la jurisdicción tenían el papel más activo para impedirlo. Y no jugaron ese papel. La situación la estamos mirando en ese contexto. Lo demás ya lo estamos hablando para poder aportar más elementos en la investigación, pero es reservada.
¿El regreso a las armas de “Iván Márquez” y otros ha afectado la reincorporación de excombatientes?
La decisión que tomaron Iván y el grupo que lo acompaña casi que le permitió el juego político al Centro Democrático. Y más del 92 % ha permanecido en la lucha por la reincorporación ante claros incumplimientos del Gobierno. Por eso diríamos que quienes se mantienen en los espacios de reincorporación son más de 3.500 personas y fuera de estos espacios más de 9.020. En el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) teníamos 890 personas que no le teníamos clara su ubicación, dado las mismas situaciones de incumplimiento de la reincorporación, los proyectos productivos y los temas de tierras, y en muchos territorios no hay ni cobertura.
¿Cómo va la entrega de tierras a los excombatientes en proceso de reincorporación colectiva?
Mal. Con el Gobierno anterior se había iniciado el proceso y disposición de tierras a partir de dos rutas, una que era la Agencia Nacional de Tierras que le entregaba a una entidad del Estado y esta le entregaba en comodato a los excombatientes para el desarrollo de proyectos productivos. La otra ruta era que esta agencia compraba los predios a partir de los proyectos productivos y se la entregaba directamente a la cooperativa de excombatientes. El proceso se inició en San José de Guaviare en el ETCR de Colinas, y se avanzó, pero quedó paralizado con este nuevo Gobierno. Hasta el momento no se ha recibido de parte del Gobierno ni un centímetro de tierra. Donde se ha recibido es por iniciativa propia. Por ejemplo, de los empresarios de Proantioquia, que donaron un predio de 270 hectáreas.
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Un ejemplo muy interesante que rompe con esa idea de que los antioqueños no quieren el Acuerdo de Paz...
Sí, en Antioquia hay personas que le apuestan a la paz porque han vivido muy duramente la guerra. Hay un sector político que es el uribismo, pero que es cada vez menos fuerte y fue derrotado en estas elecciones regionales. Y en ese departamento tenemos varios espacios de reincorporación y hemos venido trabajando con varios sectores.
¿Cuál es su lectura sobre el año y medio de implementación del sistema de justicia transicional?
Hemos sido actores fundamentales de la implementación del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición. Y hemos sido observadores de las embestidas que el Gobierno y su partido han hecho para desmembrarlo. Eso ha sido difícil, dado que cada ataque general en el colectivo hay incertidumbre y temores. Lo que hemos venido haciendo es presentarnos y hacer los requerimientos de las tres entidades en los espacios que proponen. Por ejemplo, el viernes estuvo Timochenko en Medellín en el acto de reconocimiento sobre los menores víctimas del conflicto armado. Es decir, estamos dedicados a responderle al sistema. Pero, por ejemplo, la JEP no ha respondido a los paramilitares. Llega el señor Carlos Mario, conocido como Macaco, con una gran responsabilidad, y no lo han recibido.
Es decir, ¿están de acuerdo con que el sistema reciba a paramilitares?
Sí, aquí tenemos que aportar verdad todas las partes del conflicto armado. Entonces a esta gente toca recibirla. Los militares están llegando por intención propia. El sistema está funcionando, pero así van a ser incompletos sus resultados.
¿Cuál es su balance del tránsito político de la organización?
Hemos recibido un apoyo de parte de la sociedad colombiana, aunque no ha sido fácil remontar esa expresión en votos por diversas falencias propias y falta de recursos, más la campaña del partido de Gobierno, de estigmatizarnos. Pero en términos generales de avance de la democracia sí hemos visto cómo el Acuerdo de Paz ha permitido abrir otros escenarios de movilización social importantes. Eso nos indica que el camino que elegimos es el camino acertado y el camino que esperaba el país. La mirada hay que tenerla en el horizonte.
El Gobierno asegura que varias de las medidas previstas en el punto de tierras las ha implementado ya. ¿Qué piensa de esa afirmación?
Que es un punto que no se ha ejecutado en lo fundamental. Se han tomado algunas medidas, pero no son parte de la estructura del Acuerdo Final. No puede este Gobierno ni ningún otro decir que ya adelantaron la reforma rural integral. El catastro multipropósito tampoco se ha hecho.
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También afirma que Farc no ha cumplido con la entrega de bienes para la reparación y dio un nuevo plazo para que o hagan...
En este punto del Gobierno no está jugando limpio y aquí le apuesta más bien a una estrategia mediática para quitarse responsabilidades frente a sus incumplimientos. Las Farc dispuso de inventarios para que inmediatamente el Gobierno procediera a tomar las medidas que crea necesarias. Cuando las Farc procede a entregar el inventario ya prácticamente era una organización que había hecho dejación de armas. La custodia de esos bienes era responsabilidad del Gobierno. Lo que hizo el señor exfiscal Nestor Humberto Martínez, en ese talante de democrático y perverso que lo ha caracterizado, fue filtrar el inventario para allanar, en términos políticos y mediáticos. Se entregó lo fundamental que ha sido oro, dinero en efectivo, moneda extranjera y bienes. Hay cosas como acueductos, carreteras, escuelas que la SAE no sabe qué hacer con eso porque no puede monetizarlos y no los ha recibido.