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La denuncia era alarmante. Según los pobladores de Bojayá, el pasado 31 de diciembre a ese municipio chocoano habría llegado un grupo paramilitar de alrededor de 300 hombres que se tomaron cuatro comunidades afrodescendientes sin haber encontrado resistencia de la Fuerza Pública. Esta última, a raíz de las denuncias, llegó al territorio más de 48 horas después. El hecho puso de presente el férreo control que estructuras de carácter paramilitar ejercen sobre esa región, pero que se replica de forma similar en otros territorios. La Defensoría del Pueblo ha documentado, por ejemplo, la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) no solo en el Chocó sino también en el sur de Córdoba, el Urabá antioqueño o en los Montes de María. De igual forma, ha registrado el accionar de los Caparrapos en el Bajo Cauca, los Pachenca en la Sierra Nevada de Santa Marta, o los Puntilleros en el Putumayo. Lejos de estar extinto, el paramilitarismo parece haberse fortalecido tras la salida de las Farc como guerrilla de los territorios que controlaba.
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Contrario a lo que ha ocurrido con este fenómeno, en el Acuerdo de Paz quedó estipulado que el Gobierno se comprometería con el desmonte definitivo del paramilitarismo en el país. Incluso, el Acuerdo creó una instancia con ese fin: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esa instancia, en la que tienen asiento todas las autoridades relacionadas con el tema, así como organizaciones de la sociedad civil, debe reunirse una vez al mes, pero en este Gobierno solo ha sido convocada tres veces. La más reciente, este miércoles 8 de enero, cuya sesión incluso fue elogiada por el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu. Pese a las dificultades en su funcionamiento, de allí nació una propuesta, por parte de los representantes de la sociedad civil, que apunta al desmantelamiento efectivo del paramilitarismo en Colombia y que aún espera ser atendida por el Gobierno Nacional.
El documento, conocido por Colombia2020, formula seis ejes de acción para el Gobierno que van desde la aplicación de medidas urgentes de protección en los territorios que así lo necesitan hasta el proceso de sometimiento a la justicia y posterior reinserción de quienes actualmente integran los grupos sucesores del paramilitarismo. Cada uno de los ejes define acciones a seguir en el corto y mediano plazo. “Nosotros contraponemos a la lectura del Gobierno una lectura mucho más compleja que no se basa solamente en la capacidad militar de estos grupos sino también en la relación que ese grupo armado tiene con la sociedad, en la relación que tiene con el Estado, y la relación que tiene con la economía tanto lícita como ilícita”, señala Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Garantías.
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En primer lugar, en aras de abordar el paramilitarismo en todas sus dimensiones, la propuesta plantea un componente importante de prevención, que busca cortar con todo lazo que estos grupos puedan tener con sectores de la legalidad. Para ello, estipula llevar a cabo una identificación en la legislación existente de normas que posibiliten, e incluso promuevan, que el Estado apoye o mantenga relaciones con los grupos sucesores del paramilitarismo. Con ese mismo fin, plantea la desvinculación administrativa de funcionarios y servidores públicos relacionados con esas estructuras. Para ello, plantea establecer un procedimiento administrativo para la investigación y desvinculación de dichos funcionarios.
Igualmente, el componente de prevención incluye una línea de política social que apunte a identificar las condiciones sociales que permiten que los grupos paramilitares subsistan. Entre otras acciones, sugiere la profundización del gobierno civil sobre la autoridad militar, por ejemplo, a través de la implementación de los programas para el desarrollo rural del Acuerdo de Paz.
En cuanto a las medidas urgentes de protección, que es otro de los seis ejes, el documento plantea, en el corto plazo, la instalación y el fortalecimiento de las Mesas Territoriales de Garantías, como un espacio de interlocución entre la sociedad civil y las autoridades, en el que las denuncias se tramiten de manera más rápida. Asimismo, estipula la implementación del Programa Integral de Seguridad para las Comunidades y las Organizaciones en los Territorios, que se creó en el decreto 660 de 2018, pero que ha quedado suspendido.
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El documento resalta la importancia de fortalecer el componente investigativo tendiente a desmontar el fenómeno paramilitar. De acuerdo con la propuesta, lo que las investigaciones deben buscar establecer son las fuentes de financiación de esos grupos, el lavado de activos, las redes políticas locales y las formas de legitimidad social. Para ello, plantea la conformación de un grupo de investigación en campo dedicado a develar los poderes civiles locales y las autoridades públicas que tienen relaciones con los grupos paramilitares. De igual forma, sugiere la revisión de sentencias y compulsas de copias de otros procesos con el fin de fortalecer las investigaciones en contexto. Quien debería estar al frente de esas investigaciones es la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que debe ser fortalecida en términos presupuestales, de personal y de capacidades técnicas.
El documento también propone una revisión a la acción operativa de la Fuerza Pública en el terreno. Por ejemplo, plantea revisar los manuales y planes operativos de las Fuerzas Militares que se despliegan en el territorio a la luz de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, analizar si esos planes operativos avanzan en el fin último que es desmantelar las estructuras sucesoras del paramilitarismo. Sugiere también definir una ruta con unos planes de acción derivados de lo que se estipula como respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría.
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La propuesta incluye un eje de sometimiento a la justicia para quienes integran los grupos sucesores del paramilitarismo. En ese sentido, plantea en el corto plazo una adecuación normativa que permita la creación de tipos penales y reformas que incentiven el sometimiento por parte de estos grupos. Con miras a alcanzar ese propósito el documento sugiere definir y priorizar zonas estratégicas donde llevar a cabo las acciones de desmantelamiento. A mediano plazo, estipula diseñar y poner en marcha los procesos de reinserción a la vida civil, a la luz de la política social desarrollada en el eje de prevención.
La iniciativa fue presentada por primera vez ante el presidente Iván Duque en agosto de 2019, durante una sesión de la Comisión Nacional de Garantías. Allí, el primer mandatario aseguró que se le daría discusión a la propuesta, pero esta solo volvió a ser abordada en la sesión de este miércoles. Al término de esta, el Gobierno, en voz del comisionado de paz, Miguel Ceballos, aseguró: "En esta Comisión Nacional de Garantías se respondió a las propuestas presentadas por la sociedad civil en seis ejes temáticos", haciendo referencia a la propuesta para el desmonte del paramilitarismo. Según dichos representantes de la sociedad civil, se acordó llevar a cabo futuras sesiones de trabajo para el estudio del documento, que aún no han sido programadas.
Desde que se conoció la propuesta en agosto, la entidad estatal que ha atendido el documento con mayor atención y ha promovido su debate es la Procuraduría general. Para esta entidad, la propuesta tiene varios elementos a resaltar. Primero, que contrario al énfasis que pone el Gobierno en la protección individual, el documento se centra en la estructura de los grupos armados, que es donde está el origen de la violencia contra líderes sociales. A su vez, “la Procuraduría está totalmente de acuerdo con el sometimiento colectivo, que no se ha aplicado y que debe ser iniciativa de la Fiscalía y el Gobierno, en ese aspecto hay una deuda porque es algo que no se ha propuesto”. Asimismo, el órgano de control resalta que actualmente existe un “enorme vacío” en la judicialización, que se ha quedado solamente en los autores materiales sin tocar a los determinadores, pertenecientes a las estructuras criminales.
Pese al respaldo que ha tenido de la Procuraduría, la propuesta sigue a la espera de que el Ejecutivo la contemple en aras de definir la política para el desmonte efectivo del paramilitarismo en Colombia.