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Hace poco más de una semana se cumplieron dos años desde el día en que las Farc dejaron las armas y se marcó el inicio de su tránsito a la vida legal. Tras estos 24 meses, ha quedado claro que la mayoría de los excombatientes de la extinta guerrilla le ha apostado a su reincorporación bien sea en los 24 espacios creados para ese fin o de manera individual en otros territorios del país.
Sin embargo, el próximo 15 de agosto será una prueba de fuego para el proceso pues se vence el plazo como figura jurídica para los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y culminan beneficios transitorios como la renta básica mensual y la asistencia en alimentación. Pero ante las dificultades y retrasos que ha tenido el proceso en materia de proyectos productivos que les permitan a los excombatientes sostenerse económicamente, es probable que ciertos beneficios tengan que prolongarse para evitar un fracaso en lo hasta ahora avanzado.
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Así lo advierte la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un reciente informe sobre la reincorporación económica de los exintegrantes de las Farc, conocido por Colombia2020, en el que hizo un balance de lo alcanzado en esa materia y de los retos y dificultades que aún quedan por delante.
Un proceso cuya consolidación no es fácil pese a que Colombia, dice la FIP, es el país del mundo con mayor tiempo, experiencias y programas de desarme, desmovilización y reinserción de excombatientes (procesos conocidos como DDR). Justamente con base en esa larga experiencia, la entidad emitió algunas recomendaciones para aportar al éxito del actual proceso con los exfarc.
El documento recuerda que ese recorrido en el país inició durante el gobierno de Belisario Betancur y fue allí donde se sembraron las bases de lo que serían los procesos de reintegración en las siguientes décadas. De los procesos que tuvieron lugar en la década de 1990, la FIP resalta que fue ahí cuando surgieron los proyectos empresariales colectivos e individuales pero que en ese momento, por dificultades como la falta de asesoría para ejecutarlos, no llegaron a buen puerto.
Asimismo, el informe muestra que algunas de las medidas que se pusieron en marcha bajo el Acuerdo Final de La Habana, como la renta básica mensual y lo que llamaron la asignación única de normalización, ya se habían utilizado, por ejemplo, en el proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese momento, lo pactado incluía un capital semilla de $2 millones por excombatiente, la entrega a cada uno, por un período de 18 y 24 meses, de un subsidio de $537.000 mensuales y $80.000 como auxilio de transporte.
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Lo que deja eso, según el informe, teniendo en cuenta las cifras de lo que era la Agencia Colombia para la Reintegración (ACR), es que “de las 59.906 personas que ingresaron al proceso de reintegración a partir de 2003 (37% ex-AUC; 50% ex-FARC; 12% ex-ELN), 20.490 personas culminaron de manera exitosa su proceso de reintegración a la vida civil, o sea el 34%. Adicionalmente, 70% de las personas que se mantenían en el proceso se encontraban ocupadas. Sin embargo, solo el 25% trabajaba en el sector formal, mientras el 75% tenía un empleo informal”. Igualmente, hoy se tiene que ya no se habla de reinserción, ni reintegración, sino de reincorporación.
Pero, ¿qué se ha aprendido de esa experiencia para garantizar el éxito del actual proceso con los excombatientes de las Farc? Primero, de acuerdo con el documento, el de ahora tiene una diferencia sustancial con los anteriores: el enfoque colectivo que ha defendido en todo momento la extinta guerrilla y que quedó pactado en el Acuerdo Final, y que, de acuerdo con los hallazgos de la fundación, es donde hoy hay más dificultades.
Según esa entidad, son esencialmente tres los componentes necesarios para que el proceso de reincorporación económica de los exfarc llegue a buen puerto. Primero, voluntad política. “Es necesario que el tema se posicione como prioritario en la agenda pública. Hoy sigue siendo un reto para el Gobierno Nacional y las Farc lograr que la reincorporación económica movilice a la sociedad colombiana y a los medios de comunicación, y que genere debates que la perfilen como una oportunidad para el desarrollo territorial y el cierre de ciclos de violencia”.
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Las principales fallas en esta materia encontradas por la FIP es que el actual gobierno no ha dado el énfasis correspondiente al enfoque colectivo. La política de Paz con Legalidad no resalta ese enfoque, “no prioriza la asociatividad y solo la menciona de manera muy breve”. Igualmente, en su Plan Nacional de Desarrollo plantea la necesidad de condicionar los beneficios económicos, sociales, políticos y jurídicos al cumplimiento de la ruta individual de la reincorporación. Un elemento que ha sido objeto de disputa entre el partido FARC y el Gobierno.
Dentro de la voluntad política, el documento resalta la necesidad de que haya articulación institucional para cubrir todas las dimensiones del proceso de reincorporación económica. Allí, las dificultades apuntan principalmente a la desconexión entre las entidades creadas para ese fin: el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR). Sobre estos últimos, dice el documento, no hay claridad sobre su competencia real y su subordinación al CNR limita su autonomía, lo que “lleva a dinámicas de centralismo”.
El segundo elemento, piedra angular del proceso, son los beneficios económicos y la generación de ingresos. Sobre los primeros, puede decirse que lo pactado se ha cumplido con relativo éxito: La bancarización cuenta con un índice del 99% de cobertura, la asignación única de normalización ($2 millones por excombatiente) con el 98%, la renta básica mensual (90% de un salario mínimo) con el 85%, la afiliación al sistema de salud con el 94% de cobertura, y la afiliación a pensiones con el 79%.
Las dificultades radican entonces en la generación de ingresos por parte de los excombatientes. Y es que según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el 95% de los exguerrilleros ha manifestado su deseo de emprender proyectos productivos, mientras que solo el 4.6% tiene algún interés en emplearse.
Sin embargo, a la fecha el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) ha aprobado 24 proyectos productivos colectivos, de los cuales 17 han recibido desembolso. Por su parte, hay 160 proyectos individuales aprobados. Entre unos y otros, son 1.244 excombatientes los que han accedido a un proyecto, lo que representa solamente el 9.4% del total de exguerrilleros, que supera los 13.100.
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“El lento avance en la aprobación y desembolso de estos proyectos productivos, impacta directamente la oportunidad que tienen los excombatientes de generar ingresos legales y, en ese sentido, el cumplimiento mismo de la esencia de la reincorporación económica. También impacta negativamente el resto del sistema de beneficios económicos, ya que se desdibuja la naturaleza transitoria de algunos de ellos y se genera la necesidad de prolongarlos”, se lee en el informe.
Con ese panorama, la FIP arroja una de sus conclusiones: “hasta que no se encuentren consolidadas las iniciativas productivas, los excombatientes seguirán dependiendo de la renta básica y de la provisión de alimentos, y tampoco podrán aportar al sistema de seguridad social. Es decir: conservan una condición de total dependencia del Estado, y se exacerba el riesgo de recurrir a fuentes de ingreso ilegales”
En este punto hay que aclarar que el informe solo tiene en cuenta aquellos proyectos productivos aprobados desde el CNR y la ARN, pero no aquellos autogestionados por los excombatientes ni los que son financiados con recursos de cooperación internacional, que incrementarían el índice de exguerrilleros vinculados a proyectos productivos.
El último elemento que considera el informe como fundamental para la reincorporación económica de los exintegrantes de las Farc es la participación del sector empresarial en el proceso. Esto porque “es un aliado indispensable en los procesos de transición hacia una sociedad en paz, más equitativa e incluyente. Con el fin de consolidar procesos exitosos, se deben crear ofertas pertinentes y contextualizadas para la generación de ingresos de manera autónoma y sostenible de los excombatientes que estén en proceso de reincorporación (…) Es ineludible el papel del empresariado para apoyar asuntos socioeconómicos relacionados con la reincorporación de los excombatientes.”