“Es profundamente preocupante que, desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión haya verificado la muerte de 123 excombatientes, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio”, señala el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia sobre las condiciones de seguridad en medio de las cuales se está implementando el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc, en noviembre de 2016.
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En el documento se reseñaron dos asesinatos que han generado preocupación este año: el de Dimar Torres, en el Catatumbo (Norte de Santander) y el de Jorge Enrique Corredor, en Tuluá (Valle del Cauca). Torres, un civil y exmilicano de las Farc, fue asesinado a manos del Ejército. Mientras que por el asesinato de Corredor, también civil y excomandante de la guerrilla, hay una persona detenida que las autoridades señalan de participar en el crimen.
Son cinco departamentos en los cuales se ha visto más violencia contra los excombatientes: Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Guaviare y el Valle del Cauca. La ONU asegura que los crímenes contra quienes dejaron las armas “guardan estrecha relación con la presencia creciente de grupos armados criminales y economías ilegales e informales en las zonas abandonadas por los exmiembros de las FARC-EP donde el Estado no ha establecido una presencia y un control efectivo”.
En cuanto a los responsables de los ataques, el informe asegura que la mayoría pertenecen a grupos ilegales. En el documento se nombran grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN, el EPL y grupos disidentes de las FARC. “Las investigaciones permitieron identificar a 68 autores pertenecientes a esos grupos, 35 de los cuales fueron capturados, así como a 50 autores intelectuales de esos asesinatos, 8 de los cuales fueron capturados”, reza.
El organismo multilateral le hizo un llamado al Estado para tomar medidas que pongan fin a esos crímenes. Aseguró que la labor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) “se ve obstaculizada por las carencias presupuestarias y por un marco regulador y un plan estratégico incompletos”. Le hizo un llamado a esa entidad, al Ministerio del Interior y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (un órgano conjunto entre el Gobierno y las Farc) a que “superen esos retos de manera oportuna, sobre todo teniendo en cuenta que es previsible que las solicitudes de protección aumenten a medida que se acercan las elecciones”.
La ONU también mostró preocupación por los ataques contra personas beneficiarias e impulsoras de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Según cifras gubernamentales, 58 personas que participaban en esas tareas fueron asesinadas en los últimos dos años. “Las economías ilícitas, que incluyen las drogas y la extracción minera ilegal, son una fuente de violencia en el país y una amenaza para el proceso de paz, recordaron”.
Otros aspectos del Acuerdo de Paz
“El período sobre el que se informa estuvo marcado por la evolución positiva de ciertos aspectos relativos a la implementación de la paz, como la reincorporación. Sin embargo, persistieron las preocupaciones en materia de seguridad y se mantuvo la polarización y la división en torno al proceso de paz, en particular en el pilar de la justicia transicional”, recalca la Onu.
Entre los aspectos en el que ven avances está el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición. Entre los progresos destacaron la sanción de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) luego de que la Corte Constitucional señalara que las objeciones del presidente Iván Duque fueron derrotadas en el Congreso. “La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia emitió un comunicado en el que acogió con beneplácito esta medida y observó que contribuiría a describir más claramente los derechos de las víctimas y las garantías jurídicas de todos los que están sometidos a la autoridad de la JEP”, resaltaron.
En cuanto al desempeño de este tribunal, explicaron que examinó más de 58 peticiones de garantías de no extradición, 43 fueron rechazadas incluidas. Entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2019, 40 excombatientes de las Farc y 80 integrantes de las Fuerzas Militares “prestaron declaraciones voluntarias en relación con siete casos identificados como emblemáticos de los 60 años de conflicto armado”. También destacó avances en el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El informe también resaltó que el Consejo Nacional de Reincorporación (órgano conjunto entre el Gobierno y las Farc) ha aprobado 24 proyectos colectivos para excombatientes con 1566 beneficiados. Se ha desembolsado dinero para 17 de estos proyectos y para 27 individuales, de un total de 190.
También resaltaron que Agencia para la Reincorporación y la Normalización encuestó a 10.708 exguerrilleros y todos confirmaron estar participando en la reincorporación. Otros 2.360 no pudieron ser contactados, pero eso no quiere decir que hayan abandonado el proceso.
Entre los datos que llaman la atención del documento está el panorama de los órganos conjuntos (entre Gobierno y Farc) que se crearon para la implementación del Acuerdo de Paz. “El Consejo Nacional de Reincorporación se reunió periódicamente. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final no obtuvo resultados tangibles ni dio muestras de disponer de una agenda estratégica clara. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad solo celebró sesiones regionales y temáticas”. Eso coincide con las quejas de diferentes sectores sobre la no aplicación de diferentes instancias que se crearon el pacto de paz.