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En una decisión histórica, el pasado 31 de agosto la Fiscalía llamó a juicio a varios exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands, señalada de financiar grupos ilegales en los años 90 en la región del Urabá. Mientras esta determinación se tomaba aquí en Colombia, la justicia estadounidense ya va varios pasos por delante en este caso. A través de investigadores internacionales, informes de la OEA y hasta una Corte del Distrito de Nueva Jersey, se ha encargado de mostrar cómo, durante más de diez años, la empresa de fruta financió a grupos paramilitares, a las Farc y al Eln.
Paul David Wolf, representante legal de las 2.000 familias demandantes de la empresa, habló con El Espectador sobre la pelea que han tenido que dar en los estrados judiciales internacionales para no dejar el caso en la impunidad. Para el abogado, a pesar de las múltiples acciones que se han llevado a cabo contra la multinacional, todavía hay una deuda económica y moral con las víctimas.
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¿A qué víctimas del caso Chiquita Brands está representando?
Nuestro bufete de abogados representa a las familias de más de 2.000 víctimas de la región de Urabá. Las víctimas de nuestros casos fueron señaladas en su momento por las Auc como subversivas o simpatizantes de la guerrilla. También tenemos alrededor de 400 casos de víctimas de las Farc, pero desafortunadamente el Tribunal nos comunicó que presentamos estos casos ante la justicia demasiado tarde.
Cuando decidimos enfrentarnos a este caso, la primera hipótesis que tuve frente al tema era que el Ejército colombiano o el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habrían hecho señalamientos o estaban investigando a las personas que fueron asesinadas. De acuerdo con las investigaciones del caso, las Auc colaboraron con la Brigada XVII en Carepa (Antioquia) y con el general (r) Rito Alejo del Río, ahora famoso por el escándalo de falsos positivos. Sin embargo, la verdad fue aún peor. Al menos con los militares se podía creer que tenían espías que se infiltraron en la guerrilla y que tenían pruebas contundentes para señalar a alguien de subversivo o colaborador de la guerrilla. Pero los paramilitares eran aficionados totales: mataban personas basándose únicamente en rumores o sospechas. De hecho, puedo decir que en todos estos casos, ni una sola víctima estuvo armada o portó alguna vez un uniforme. Eran, en todos los sentidos, personas inocentes.
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¿De qué tipo de hechos fueron víctimas sus representados?
Hubo decenas de masacres que se han documentado en el Urabá, pero en la mayoría de los casos que represento, las víctimas fueron asesinadas una por una, en la noche, mientras estaban en sus casas o de regreso del trabajo. Algunas veces incluso trabajando en una finca. En algunas oportunidades, los administradores de las fincas estuvieron involucrados en estos homicidios, y por lo menos una finca de estas fue utilizada por las Auc como base de operaciones.
Al revisar estos casos, descubrimos que muchos de los cuerpos se encontraron en fincas de la comercializadora Unibán S.A. En una de estas investigaciones pudimos evidenciar que un grupo de media docena de hombres enmascarados llegaron a la casa de una víctima durante la noche. Lo secuestraron frente a su familia y se lo llevaron a una finca cercana para matarlo. A menudo, la persona era engañada diciéndole que el jefe necesitaba hablar con ellos y no había nada de qué preocuparse. Creo que todavía hay cientos de cuerpos enterrados en esas fincas.
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¿En qué estado se encuentran los procesos que usted lleva acerca del caso? ¿En dónde están?
Después de tantos años de investigaciones se lograron conformar siete grandes grupos de víctimas, incluido nuestro grupo de 2000. En total, hay dos o tres veces más casos. Todos ellos están en una Corte Federal del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos). En unos pocos meses, la fase del descubrimiento, o investigación del caso, finalizará. Los primeros juicios comenzarán en octubre de 2019, pero estos sólo abarcan algunos casos.
Estos siete grupos se presentaron en diferentes tribunales en los Estados Unidos y se transfirieron al estado de Florida para su descubrimiento. Después de eso, a menos que las partes lo acuerden, los casos serán transferidos nuevamente a sus tribunales originales. Planeamos devolver nuestros casos a Washington D.C., donde actualmente vivo y donde fueron presentados originalmente. No puedo decir con certeza qué harán los abogados de las otras víctimas o qué hará Chiquita Brands, pero potencialmente, la multinacional podría defenderse en muchos tribunales diferentes, lo que nos deja sin un final cercano del caso. Aunque se supone que las primeras docenas son casos de ejemplo, no hay un plan para lo que sigue, y no parece que Chiquita Brands quiera negociar. Nuestro plan es simplemente llevar cada caso a juicio, uno por uno. Para esto, cada víctima deberá viajar personalmente a Estados Unidos.
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¿Qué opinan las víctimas que usted representa de que en el extranjero ya se hayan tomado decisiones judiciales al respecto y en Colombia no haya avances significativos?
Bueno, Chiquita Brands siempre ha argumentado que este caso debe ser llevado en una corte en Colombia. Sin embargo, cuando les digo eso a mis clientes, protestan y se ponen muy nerviosos. Ellos confían más en nuestro sistema que en el colombiano. A pesar de que la justicia de Estados Unidos tiene alguna falencias, no se ha mencionado ningún caso de soborno a jueces. Por lo tanto, diría que mis clientes aprecian mucho la asistencia brindada por la corte estadounidense.
¿Cómo recibieron la decisión de la Fiscalía colombiana de llamar a juicio a 14 exdirectivos de Chiquita Brands? ¿Afectaría alguno de sus procesos?
Fue una completa sorpresa. Es difícil decir qué efecto tendrá, aunque puede ser que los acusados invoquen sus derechos a guardar silencio en nuestro caso, por miedo. Al mismo tiempo, otros pueden declararse culpables en Colombia para recibir rebajas en las penas. Apreciamos estas confesiones y admisiones, pero preferiría verlos castigados. Es importante dar un ejemplo, porque siempre los pobres van a prisión y los autores intelectuales o las personas que se benefician de sus crímenes no lo hacen. Esto es así tanto en Estados Unidos como en Colombia.
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Como mencioné, solo tenemos aproximadamente dos meses para completar la fase de investigación del caso, por lo que el trabajo de Fiscalía de Colombia pudo darse demasiado tarde. Sin embargo, es algo muy importante lo que están haciendo.
¿A qué frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente, Chiquita Brands habría financiado económicamente?
La persona que organizó todo esto fue Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, del frente Arlex Hurtado del bloque Banana en Apartadó (Antioquia). También sé que fue jefe de finanzas de las autodefensas en Santa Marta, pero no estamos trabajando allí y tengo certeza de cuáles bloques operaban allí. En Urabá también conocimos que participó el frente Turbo de Éver Veloza, alias H.H., y el bloque Élmer Cárdenas, al mando de Fredy Rendón, conocido como el Alemán. Ambos dijeron que parte del dinero de Chiquita Brands sirvió para la financiación de sus bloques. Un porcentaje del dinero recaudado por Hasbún se pagó a la Casa Castaño en Necoclí (Antioquia) para financiar las operaciones de las Auc en todo el país. Entonces es difícil trazar líneas exactas, pero se podría decir que el dinero de Chiquita Brands supuso un apoyo para las Auc en general.
¿Existió otro tipo de financiación por parte de la multinacional a los grupos paramilitares?
Chiquita Brands tenía varios métodos para disfrazar sus pagos, incluido un “fondo del gerente general”, que no explicaba los detalles de los gastos discrecionales, y además, dos sistemas de cuentas contables. Al principio pagaron a las Auc en efectivo y luego, con la ayuda de Hasbún, trataron de que los pagos parecieran legales, organizando compañías fachada conocidas como las Convivir. Estas organizaciones solo existían en el papel y lo único que hacían era transferir dinero a las Auc. Espero que algún día la Fiscalía tenga la capacidad de investigar todas las Convivir en Colombia.
Por otra parte, los bongos de la multinacional y sus instalaciones portuarias en Zungo y Carepa fueron utilizados para importar ametralladoras y exportar cocaína. Esto no fue realmente financiamiento, pero muestra que las Auc tuvieron fácil acceso a las propiedades de Chiquita Brands para patrocinar sus actividades ilegales. El puerto de Zungo tenía seguridad privada y en ocasiones (sus miembros) eran reemplazados por miembros de las Auc, que supervisaban los cargamentos ilegales. Creo que el Gobierno colombiano realmente ha sido negligente al permitir que este puerto funcione de esta manera durante décadas. Supongo que es parte del legado de Pablo Escobar.
¿Cuánto dinero habría invertido la multinacional en la financiación de estos grupos ilegales en el país?
Admitieron alrededor de US$1,7 millones, o cerca de $5.000 millones a las Auc. Luego se demostró que pagaron una cantidad similar a las Farc, al Epl y a otros grupos ilegales.
¿Existen más empresarios, tanto extranjeros como colombianos, involucrados en el caso de Chiquita Brands?
La filial de Chiquita Brands en Colombia se llamaba Banadex. Banacol era su competencia. Chiquita tuvo negocios con Banacol, así como con Unibán. De hecho, Hasbún alguna vez me comentó que no quería testificar contra Chiquita Brands porque era el principal socio comercial de su familia. Entiendo su posición y aprecio su franqueza, pero esa no es una buena razón.
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Nunca he visto ninguna evidencia de que Dole, Del Monte, Coca-Cola o Drummond pagaran a las Auc. Sospecho que tal vez sí se hicieron pagos; era de empresas colombianas que les vendían bananos a los multinacionales, que probablemente no querían saber nada al respecto. Hubo algunas demandas fraudulentas contra estas compañías, ninguna de ellas exitosa. Por otro lado, está claro que la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) estuvo involucrada en esta conspiración, que involucró a bananeros, ganaderos y otros empresarios que querían la protección de las Auc contra las Farc. No puedo hacer ninguna acusación específica, pero Hasbún podrá hablar más al respecto. Era el contador y llevaba registros de todos los pagos. Ahora él está en manos de Fiscalía.
No es excusa decir que todos lo hacían y que pagarle la extorsión a la mafia es normal en Colombia. Eso es totalmente inaceptable y esa actitud debe cambiar. En cambio, queremos mostrar lo peligroso que es pagarles a estos grupos ilegales. Si tiene mucho dinero, hay cantidades de víctimas que pueden demandarlo. Y, por cierto, esos mafiosos son todos sapos y le dirán a la Policía todo sobre usted si los atrapan.