Catatumbo, bajo amenaza

/ Cortesía La Opinión

“¿Cómo es posible que un grupo armado confine a comunidades enteras sin que pase absolutamente nada? ¿Cómo pueden decidir quién sale o entra de un municipio y si la gente puede o no caminar por las calles?”. Las preguntas las hace un líder social del Catatumbo y recogen las dudas de centenares de pobladores de los 11 municipios que componen esta región de Norte de Santander y que desde la semana pasada están bajo las restricciones de dos paros armados: uno indefinido, impuesto por el Epl solo para el Catatumbo, y otro de 72 horas, decretado por el Eln en todo el país. El primero rige desde el miércoles 12 de febrero y el segundo comenzó el viernes a las 6:00 a.m.

En los panfletos en los que anunciaba la restricción, el Eln advertía que en sus zonas de influencia (departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Chocó y Norte de Santander) la movilidad sería controlada y muy limitada, por lo que las personas debían “acatar la orden de no movilizarse, ser prudentes y mantenerse en sus viviendas para evitar consecuencias lamentables”. Sin embargo, no se trata de una acción nueva. De hecho, ya es común que dicha guerrilla realice acciones de este tipo por esta época, para recordar al “cura guerrillero”, Camilo Torres, quien murió el 15 de febrero de 1966 en un combate con el Ejército colombiano.

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Hace dos años, por ejemplo, por esta misma fecha, el Eln efectuó 16 acciones violentas en distintas zonas del país y registró tres enfrentamientos con la Fuerza Pública. “El Eln siempre hace una conmemoración en febrero con ese paro armado. Lo excepcional es que viene incrementando su poder en los últimos meses”, dijo Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

En el caso del Ejército Popular de Liberación (Epl), la justificación del paro es mucho más insólita. Sostiene que el Eln ha hecho alianzas con las Fuerzas Militares para atacar sus estructuras y que además se niega a dialogar para buscar un acuerdo que les permita a ambas organizaciones subversivas operar en la misma zona. El Epl tiene fuerte presencia en municipios como Hacarí, San Calixto, la zona rural de Ábrego y La Playa, y ha intentado controlar territorios en Tarra, Teorama, Convención, Tibú y Sardinata, controlados por el Eln, con el fin de dominar la siembra, producción y comercialización de coca.

La disputa, dicen en el territorio, tiene sus antecedentes en 2016, luego de que se rompiera un acuerdo de no agresión al que habían llegado ambos grupos con el objetivo de expandirse hacia zonas de control de las Farc, que entonces ya se encontraba en proceso de dejación de armas en el marco del Acuerdo de Paz. La guerra alcanzó tales dimensiones que tan solo en 2018, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 16.000 personas tuvieron que desplazarse en esa región.

Como medida para atacar el problema, el gobierno de Iván Duque aumentó en más de 5.000 nuevos hombres el pie de fuerza, pero la sensación en las comunidades es que la militarización no ha dado ningún resultado contundente. Peor aún, en algunas zonas la percepción de los habitantes es que la actitud de la Fuerza Pública ha sido no intervenir en la confrontación y dejar que los grupos ilegales se maten entre ellos, con el agravante de que cada vez son menos los integrantes de la guerrilla muertos y más las víctimas de la población civil que son blanco de amenazas, secuestros, desapariciones, desplazamientos y confinamiento.

“La implementación de la Fuerza de Despliegue Rápida no ha tenido ninguna consecuencia positiva en el control o la seguridad ni en garantizar el ejercicio de derechos de la ciudadanía en la región. Nos seguimos preguntando a qué se dedica esa fuerza, que entendemos está compuesta por alrededor de 3.200 nuevos hombres asentados en Teorama. Nosotros tenemos claro que estas respuestas de tipo militar nunca han funcionado, y hemos dicho que son respuestas fracasadas porque no se ha logrado recuperar la tranquilidad en la zona”, asegura Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.

Sin embargo, de acuerdo con el Ejército, sí se han reportado operaciones efectivas en la región, como el desmantelamiento de dos grandes laboratorios de coca en Tibú que estaban avaluados aproximadamente en $55 millones y que al parecer pertenecían al Eln, y el rescate del líder social Celiar Martínez, quien fue secuestrado en Teorama el 8 de septiembre de 2019. Según el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, la amenaza del Eln y el Epl ha sido atendida por tropas de la Segunda División y hay un control permanente en los municipios de la región.

Para Leonardo González, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), lo que pasa actualmente en el Catatumbo es que se está configurando un escenario de alianzas entre algunos grupos armados, lo que ha intensificado la violencia en la región. “El Epl ha tenido unas alianzas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), mientras el Eln se ha aliado con algunos grupos residuales bajo el mando de John Catatumbo. Lo que está en juego son aproximadamente 25.000 hectáreas de cultivos de coca en tres grandes municipios: Sardinata, Tibú y El Tarra”.

Además de estos pactos, asegura Ariel Ávila, hay dos disidencias de las Farc que están a punto de entrar en guerra: “La de John Catatumbo y la disidencia de Villa. Entre ellos hay una disputa que se concentra en Tibú y La Gabarra”. En total, de acuerdo con las cifras de Pares, 28 organizaciones criminales están en la zona, incluyendo al Epl, los Rastrojos y el Clan del Golfo, grupos armados post-Farc y organizaciones criminales de carácter transnacional, como los Pranes y el cartel de Sinaloa.

Lo cierto es que el Catatumbo, con una extensión aproximada de 10.089 kilómetros cuadrados, tiene características específicas que la convierten en una región crucial para las economías ilícitas. Desde 2015, por ejemplo, el número de hectáreas de cultivos de coca en el departamento de Norte de Santander ha aumentado considerablemente. Ese año, el Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas reportó 11.527 ha y en 2018 la cifra ya llegaba a las 33.598. De hecho, municipios como Tibú y Sardinata figuran en la lista de los 10 con más cultivos de coca en el país.

“A las más de 33.000 hectáreas de cultivos de coca, que producen más de 100.000 kilos al año, hay que sumar negocios como el del famoso ‘pategrillo’, este combustible artesanal (usado además en el proceso de elaboración de la cocaína) que se roban del oleoducto y que tiene detrás carteles enormes que mueven el producto por la vía de Tibú a Convención”, explica Wilfredo Cañizares. Las canecas de este combustible se venden en zona de frontera por casi la mitad de lo que vale la gasolina pura.

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Por eso, para los habitantes de la región es claro que el grueso del problema está en la regulación y el control de los mercados irregulares, pues en la región se mantienen intactos los intereses económicos y estratégicos de estos grupos. “El tema ideológico queda como un pretexto débil. Lo que buscan es el financiamiento ilegal. Por cada kilo de coca hay un impuesto. Lo mismo pasa con las ventas en las cabeceras municipales. Hay personas que cobran impuestos por vender hasta una canasta de cerveza”, explicó un habitante del municipio de Sardinata, quien además dijo que el control territorial es sinónimo de aumento en los ingresos de estas estructuras ilegales. “¿El problema real? Los campesinos ven a los grupos armados como reguladores de justicia”.

Según Juan Carlos Quintero, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), los municipios Playa de Belén, Ábrego y Hacarí son los más afectados por el paro armado. “El fin de semana pasado fue asesinado un líder del municipio de Tibú, vicepresidente de la vereda, quien impulsaba el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. Además hay desabastecimiento de alimentos en las cabeceras municipales, sobre todo de Hacarí, al igual que en la zona de la Unión Campesina en Ábrego, y en el corregimiento de la vereda de San Antonio en Playa de Belén”, dijo.

En general, en el Catatumbo reina hoy el miedo. La amenaza se hizo patente desde el mismo viernes, cuando, a pocas horas de iniciado el paro armado del Eln, fue detonada una carga explosiva en la vía que comunica a Cúcuta con Sardinata y conduce hacia el norte del país. El comercio permanece cerrado en varios centros poblados y las personas temen salir a la calle. En municipios como Hacarí se habla incluso de la inminencia de un desplazamiento masivo, pues los víveres escasean y las rutas de acceso permanecen bloqueadas.

Los líderes sociales dicen que el nivel de intimidación es tan alto que quien asuma la denuncia pública de lo que está ocurriendo es asesinado. Y eso que no han sido pocas las veces que la misma comunidad se ha manifestado en esta región en contra del actuar de los violentos: “En el pasado, las organizaciones campesinas y las juntas de acción comunal han hecho exigencias, se han movilizado y han exigido de manera abierta al Eln y el Epl cesar su enfrentamiento. Una cosa es marchar en Cúcuta y Bogotá y otra cosa es hacerlo en El Tarra, Tibú o Teorama. Pero hay mucho miedo. La mayoría de amenazas se tienen que tramitar localmente, en el interior de los territorios, porque no es posible que se ventilen públicamente. El nivel de agresión a los líderes y las organizaciones es gravísimo en este contexto de silencio absoluto”.

Por su parte, los alcaldes de los municipios de la región insisten en que es necesario que la solución a la crisis sea una estrategia implementada desde el Gobierno Nacional y coordinada con los entes departamentales, ya que el fenómeno de seguridad es de grandes dimensiones. Aseguran, además, que urge una nueva posibilidad de diálogo, no solo con el Eln —con el cual ya en el pasado hubo un intento de negociación—, sino también con el Epl, que ha adquirido fuerza como grupo armado en la zona.

Juan Carlos Jácome, alcalde de Ábrego

“Nosotros tuvimos el desplazamiento de casi 300 personas de la vereda La Arenosa a la vereda El Espejo. Hace unos días hicimos un registro en el cual determinamos que casi la mitad de las personas regresaron a La Arenosa. También hay 45 familias que no han podido salir de la vereda La Vega del Tigre, al igual que otras 35 en Los Milagros. Por esta situación de confinamiento tenemos riesgo de desabastecimiento: no dejan entrar ni salir a nadie, no hay manera de comprar víveres.

Alrededor de algunas escuelas, en fuentes de agua y en caminos del corregimiento de la Unión Campesina en la vereda de San Luis, dicen que hay minas. Sin embargo, no hemos podido tener información concreta para hacer un desminado operacional militar. Comenzando febrero, el comercio estuvo cerrado porque parece que les piden unas extorsiones a los vendedores. También quemaron dos tractomulas en la vía Ocaña-Ábrego.

Hicimos un acuerdo con entidades como el Consejo Noruego y la Defensoría del Pueblo para ingresar a la zona y poder llevar mercados. Hablamos con la Iglesia católica para hacer un canal humanitario y poder ingresar a las regiones más afectadas”.

Dimar Barbosa, alcalde de Convención

“Enero fue un mes duro para nosotros porque se presentaron seis homicidios. Sin embargo, este mes ha estado tranquilo en materia de orden público. Entre las personas asesinadas en enero estaba Fernando Quintero Mena, líder social por más de 25 años, quien trabajó como presidente de junta. Los asesinatos son puras hipótesis; no sabemos a ciencia cierta quién fue el responsable.

En este municipio, la confrontación entre el Epl y el Eln empezó fuerte hace dos años. Se generaron situaciones desafortunadas para el municipio, como el asesinato de dos comerciantes el año pasado, por extorsiones. Estaban pidiendo unas elevadas cifras de dinero y no tenían cómo pagar. Esta es una situación lamentable porque somos gente de paz y nos levantamos todos los días a trabajar, a pesar de que exista este conflicto en la región, por eso tenemos la Asociación de Municipios del Catatumbo para tomar decisiones respecto al orden público”.

Wilfredo Gelves, alcalde de El Carmen

“A pesar de estar en el Catatumbo  no sufrimos el mismo conflicto que se ha recrudecido en la región. Sí nos afecta el paro armado, porque no hay movilización al 100 %. Sin embargo, el transporte cotidiano funciona de forma tranquila.

Nosotros en el municipio hemos avanzado en la reducción de homicidios con un índice de ocho asesinatos en 2018 a solo uno en 2019, lo que nos deja bien posicionados en materia de seguridad”.

Deiby Bayona Guerrero, alcalde de Hacarí

“A 15 minutos del municipio hay bloqueo de carros, más de 20 que tienen llantas pinchadas. Dentro de varios de esos carros, que van para los municipios y las veredas, hay muchos víveres perdiéndose.

Estamos en la incertidumbre. Llevamos más de siete días paralizados en comercio, transporte, educación y salud. Los campesinos están perdiendo sus productos porque no hay vías de acceso. La única vía, que es la de Hacarí a La Playa, está taponada.

Queda claro que estamos en una encrucijada, estamos en un momento muy duro en la región, y nosotros como municipio estamos llevando la peor parte. Hacarí está embotellado, desolado; uno recorre las calles y la gente tiene pánico.

Esto es un llamado para que el Gobierno Nacional haga los acercamientos pertinentes con estas dos insurgencias. Si ya con el Eln había un inicio, pues que los llamen y se sienten. Los que estamos viviendo la peor situación somos nosotros, que no tenemos nada que ver con el conflicto armado”.

Ider Álvarez, alcalde de Playa de Belén

“Aquí tenemos limitaciones de movilidad. Los niños no están asistiendo a clases y hay desabastecimiento de víveres, a tal punto que ya estamos hablando de confinamiento. Estamos tratando de llevar ayuda humanitaria, pero no se permite el ingreso a la zona. La única solución es un desplazamiento masivo.

Esta semana incineraron dos motocicletas, y un carro recibió disparos. Además, la situación es difícil para los campesinos, porque a finales del mes de enero se recoge la cosecha que se sembró en noviembre, con la cual todos tienen esperanza, porque estamos en verano y se puede vender más caro el producto. Sin embargo, no se puede sacar ni un bulto de cebolla. Aquí no estábamos acostumbrados a que se nos ordenara cerrar las tiendas. En el pueblo hay tres tiendas abiertas y con miedo.

Tuvimos reunión de comité de Justicia Transicional, donde determinaron llevar ayuda humanitaria, pero lo descartamos toda vez que no podemos ingresar al territorio”.

Róbinson Salazar, alcalde de Teorama

“En el caso de Teorama todo está tranquilo, no hay alteración del orden público. Sin embargo, creemos que se puede agudizar, no solo dentro del municipio, también en Cúcuta. Mientras no exista voluntad de diálogo, creemos que el conflicto va a continuar. Estamos hablando con todos los municipios para trabajar en la inversión regional. Esto ayudaría a que nuestras comunidades salgan del abandono”.

Hermides Moncada, alcalde de Sardinata

“Estamos en una relativa calma, pero con mucha tensión. La gente está movilizándose rápidamente y procura llegar antes de la noche a sus casas. Han llegado algunas personas a la zona de La Victoria y Las Mercedes, producto de los desplazamientos que hubo en La Curva.

Desafortunadamente, estamos en un alto índice de producción y siembra de coca. Hay algunos campesinos que se acogieron a la sustitución voluntaria, pero parece que no se les ha cumplido a algunas familias, por lo que la gente empieza a desconfiar de los programas”.

Yair Díaz, alcalde de El Tarra

“No tenemos acceso a los demás municipios. No hay transporte y las empresas que tienen esas rutas al casco urbano de El Tarra pararon actividades. La prioridad ha sido el abastecimiento de alimentos y tenemos provisiones normales, pero esperamos que se resuelva esta situación porque más de cinco días en cese de actividades traerán graves problemas.

Nosotros, como municipio de categoría sexta, no tenemos las condiciones logísticas ni económicas para resolver las consecuencias de una situación como esta. Estamos pendientes de los centros poblados, pero, aunque tenemos la voluntad de ayudar, no tenemos herramientas para hacerlo.

En la zona hay más de 90.000 estudiantes que en algún momento se van a ver afectados por estas restricciones. Además, tenemos población venezolana que también se va a ver afectada. Esto va a generar una crisis humanitaria, específicamente en alimentos y en trabajo”.

Corina Durán, alcaldesa de Tibú

“Lo que está sucediendo acá no es nuevo. Es lamentable que sigamos inmersos en un conflicto armado que nos quita la tranquilidad y pretenda mantenernos sitiados cuando estamos aunando fuerzas y trabajando de manera articulada con los PDET y otras actividades de carácter humanitario para poder resolver las dificultades humanitarias que tenemos en la región.

No descansaremos hasta llevar la paz a los territorios a través de oportunidades y de proyectos productivos. Como mujer que ha sufrido el horror de la violencia y que conoce su municipio, cada vereda y cada corregimiento, insto a pensar en el daño que significa esta confrontación. A esto no nos acostumbraremos nunca”.