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La emergencia sanitaria por el coronavirus llegó en un momento clave para el futuro de la reincorporación de los excombatientes de las Farc. Sobre todo para quienes aún permanecen en los antiguos espacios territoriales de reincorporación: cerca de 2.900 exguerrilleros, que si bien son menos del 30 % de quienes dejaron sus armas tras la firma del Acuerdo de Paz, son aquellos que le han apostado a la reincorporación en colectivo, además de otro porcentaje que hoy se concentra en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Y es clave porque ya se había definido que algunos de esos espacios entrarían al ordenamiento territorial de los municipios y los excombatientes se integrarían a la vida en comunidad. Esto luego de que la figura jurídica de los ETCR finalizara, el 15 de agosto de 2019.
La preocupación principal es que los exguerrilleros que habitan dichas zonas todavía no son dueños de esos predios. Si bien en el Acuerdo de Paz no quedó estipulado que el Gobierno titularía tierras a los excombatientes, este Gobierno asumió el compromiso de comprar los predios donde están los 24 espacios territoriales y entregárselos a ellos y sus familias.
Sobre las NAR —74 en todo el país, con más de 5.000 habitantes, según los registros de FARC— aún no hay compromisos en materia de acceso a la tierra, pues se han conformado de manera espontánea , pero esos lugares no tienen un reconocimiento formal por parte del Gobierno.
“En este momento podemos decir que ningún reincorporado ni ninguna cooperativa ha recibido un centímetro cuadrado de tierra (por parte de Gobierno)”, sostiene Pastor Alape, delegado de FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), donde se sienta esa colectividad con el Gobierno.
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A la fecha, según explica Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), el tiempo se ha ido en las fases preliminares del proceso, que implica una concertación para garantizar su estadía en ese mismo territorio o su posible traslado y el acompañamiento a cada alcaldía para la actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de cara a recibir estos espacios. En este momento solo se ha comprado un predio por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT): el de Colinas, en el Guaviare, cuya propiedad ya es del Gobierno, mas no de los excombatientes.
¿Y el resto? Los otros 23 espacios tienen situaciones jurídicas distintas. Aquellos cuya situación se resolverá más pronto son los que se pueden adquirir mediante compra directa por parte de la ANT al propietario del predio. De acuerdo con Stapper, quien no se comprometió con tiempos específicos, los que están más próximos a comprar son La Fila, en Icononzo (Tolima); El Estrecho, en el Patía (Cauca); Charras, en San José del Guaviare (Guaviare), y Llanogrande, en Dabeiba (Antioquia).
Por su parte, Pastor Alape dijo que la proyección que se ha hecho en el CNR es que a finales de este año estén comprados, además de los mencionados por el director, La Variante, en Tumaco (Nariño); Pondores, en Fonseca (La Guajira); Yarí, en La Macarena (Meta), y Filipinas, en Arauquita (Arauca). Desde la ANT confirmaron que, además de esos espacios, también están en proceso de compra el de La Plancha, en Anorí (Antioquia), y El Oso, en Planadas (Tolima). En total, para la compra de todos los predios de los 24 antiguos espacios, el Gobierno dispuso de $16.000 millones, a través del fondo Colombia en Paz.
Pero en este momento los trámites para la compra de esos predios están detenidos, por la emergencia sanitaria. En varios de ellos se estaba trabajando en los levantamientos topográficos y en los avalúos de los terrenos. “No se puede avaluar lo que no se ve”, resumió Stapper. Agregó que a medida que se vayan abriendo las medidas del Gobierno nacional por la pandemia, irán de nuevo a los territorios para ir concretando el proceso de compra.
Según la ARN, hay otros espacios que están en predios baldíos y lo que se debe hacer en ese caso es recuperarlos para adjudicarlos a los exguerrilleros. Es el caso de Mesetas y el de Vista Hermosa (Meta); Miravalle, en San Vicente del Caguán (Caquetá), y Caño Indio, en Tibú (Norte de Santander). Situación especial presentan el espacio de Caracolí, en Carmen del Darién (Chocó), cuyo terreno se encuentra en estado de cosas inconstitucional y la ARN junto al Ministerio del Interior están a la espera de una decisión de la Corte Constitucional. Está pendiente también el futuro del espacio de Los Monos, en Caldono (Cauca), donde la mayoría de la población es nasa y está ubicado dentro del resguardo San Lorenzo. Sin embargo, las autoridades indígenas ya aprobaron la presencia del espacio, pero falta definir de qué manera los excombatientes pueden ser los dueños de la tierra.
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Traslados enredados
A finales de enero, como lo contó Colombia 2020, los excombatientes que habitan el espacio territorial de Santa Lucía, en Ituango (Antioquia), lanzaron un ultimátum al Gobierno: “Nos vamos en dos meses con o sin apoyo del Estado”. Hicieron el llamado al ver cómo, en menos de dos meses, dos de sus compañeros fueron asesinados en inmediaciones del espacio. Sentían que no tenían garantías para su reincorporación en ese territorio y se propusieron salir de allí. Desde entonces, la ARN y los líderes del espacio han tratado de encontrar otro predio para que se asienten los excombatientes. Con este objetivo, se puso a consideración una lista de predios de la región que están en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por extinción de dominio, en municipios como Támesis y San Pedro de los Milagros. Se sigue evaluando su viabilidad, pero no se ha concretado ninguno.
Igual situación es la de los espacios de La Elvira, en Buenos Aires (Cauca), y La Pradera, en Puerto Asís (Putumayo), que han pedido también ser trasladados a causa de la situación de inseguridad. “De hecho, nosotros no hablamos de traslado, estamos hablando es de desplazamiento”, puntualizó Alape. En el caso del primero, dijo el director de la ARN, se está estudiando la viabilidad de unos predios propuestos por los excombatientes en el municipio de Timbío.
Al otro lado de la línea responde Federico Montes, uno de los líderes de Agua Bonita, en La Montañita (Caquetá), uno de los espacios de reincorporación que más han avanzado en resolver este tema. Allí, los exguerrilleros son los dueños de su tierra y la adquirieron por cuenta propia. Negociaron de manera directa con el antiguo propietario y acordaron cancelar la deuda en siete años. Hoy prefieren no hablar de valores, pues cuando se supo de esa compra, el propietario fue asaltado para supuestamente quitarle el dinero que le habrían pagado los excombatientes, cuenta Montes. Según dijo, en un gesto de solidaridad, el propietario les dejó el predio en un 30 % de su valor real.
Es un terreno de 169 hectáreas. En nueve de ellas está ubicado el caserío, cincuenta son potrero y alrededor de treinta son para agricultura. El resto es zona de reserva forestal. Las cuotas mensuales las cancelan con lo que les queda de sus proyectos productivos, entre ellos el de una planta despulpadora de frutas, que adquirieron con recursos del Fondo Europeo para la Paz y la cooperación portuguesa.
El otro espacio en donde los excombatientes han logrado comprar la tierra por su cuenta es el de Tierra Grata, en Manaure (Cesar), el mismo en el que los exgu errilleros lograron llevar agua y energía eléctrica con autogestión. Allí negociaron con el dueño del predio 24 hectáreas para un proyecto que es a la vez productivo y de vivienda, donde construirán 150 casas para los excombatientes del espacio territorial y luego esa maquinaria de construcción quedará habilitada para generar ingresos. Así están resolviendo de una vez la otra gran necesidad que tendrán que discutir en los espacios territoriales una vez se solucione el tema de la tierra: la vivienda.