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Santa Lucía, Ituango
Es quizás el espacio territorial con la situación más crítica. Entre diciembre y enero, dos excombatientes de esta zona fueron asesinados en la vía que de Ituango conduce a Santa Lucía (Antioquia). Los homicidios de Manuel Antonio González y Darío Herrera les confirmaron a los más de 70 excombatientes que habitan el caserío que, de continuar allí, su vida corre peligro.
El pasado jueves 30 de enero, tras una reunión de los líderes del espacio territorial, lanzaron la alerta: en dos meses, con o sin el apoyo del Gobierno, 60 excombatientes y sus familias saldrán de la zona y abandonarán el municipio. El rumbo aún no está definido, pero sí es seguro que no permanecerán allí. La idea es que para entonces, según habían acordado con el Gobierno, se encuentre otro predio en el cual continúen con su tránsito a la vida civil de manera colectiva y con garantías de seguridad.
Además de la incertidumbre por este aspecto, a los excombatientes también los agobia la idea de no tener tierras donde establecer los proyectos productivos. Actualmente, en Ituango hay dos iniciativas aprobadas por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR): uno de ganadería y otro de internet por fibra óptica. Este último está en el casco urbano del municipio, pues si bien en el espacio territorial habitan alrededor de 70 exguerrilleros, en todo el municipio hay más de 140.
El de ganadería lo ejecutan en predios aledaños al espacio, que campesinos les han arrendado o han puesto a disposición de ellos en apoyo a su proceso. Sin embargo, en diciembre hubo un intento de compra de tierra para los exguerrilleros por parte de la Confraternidad Carcelaria de Colombia y Alemania, que no se concretó debido a los problemas de seguridad.
De acuerdo con Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación (ARN), el pasado viernes 31 de enero se puso en conocimiento de los excombatientes una oferta de predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que podrían ponerse a su disposición para la reubicación del espacio. Terrenos que están en el departamento, pero fuera de Ituango. Por ejemplo, hacia el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, entre otras opciones. Sin embargo, esas propuestas serán tratadas a fondo en la reunión que sostendrán hoy en el espacio los líderes de los excombatientes, el director Stapper y el consejero para la Estabilización, Emilio Archila.
Charras, San José del Guaviare
Está a tres horas de San José del Guaviare, por vía destapada. Allí viven alrededor de 146 excombatientes con sus familias (40 mujeres y 22 niños). Charras fue epicentro de la confrontación armada entre el bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y los frentes 1, 7 y 44 de las Farc, por eso, según Ricardo Semillas, coordinador de este espacio, decidieron instalarse allí desde noviembre de 2016 para “resarcir el daño causado a estas comunidades” con el Acuerdo de Paz. Este espacio beneficia a cinco veredas: Charras, Caño Danta, Caño Rojo, Charrasqueras y Caño Negro.
La razón por la que se decidió, entre el Gobierno y las Farc, el traslado del espacio es porque está dentro del límite de una zona de reserva forestal. Es decir, en un área protegida por el Estado, donde no se puede cultivar ni titular tierras. Desde hace tres años no pueden implementar proyectos productivos ni hay opciones de compra de los predios. El único proyecto aprobado por la ARN es de ecoturismo, llamado “Manatú”, que está en proceso de implementación con ayuda del Ministerio de Turismo.
Ya está definido cuál será el predio al que se van a trasladar: la vereda La Loma, en el corregimiento de Boquerón, que queda entre Charras y el casco urbano de San José del Guaviare. Este lugar queda en zona de reserva campesina y allá sí podrán desarrollar iniciativas agrícolas. Según Stapper, entre tres y siete meses tomará todo el proceso de compra de esta tierra y desde ya están trabajando con otras entidades para buscar los recursos para la construcción de viviendas, vías y servicios públicos. En total, el proceso para construir el “nuevo pueblo” no va a tardar más de año y medio, de acuerdo con Stapper.
En una visita que hizo Colombia 2020 a Charras, a comienzos de enero, la comunidad aseguró que la llegada de este espacio territorial y el Acuerdo de Paz les trajo algunos proyectos productivos, el mejoramiento de la vía que comunica a San José y seguridad. Sin embargo, con su partida, también se irán Ejército, Policía y la Misión de la ONU. Eso les significa el temor de que, como años atrás, regresen otros grupos armados o las disidencias de las Farc.
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Yarí, La Macarena
Este es uno de los espacios que tienen el futuro más claro y cuyo traslado fue consensuado plenamente entre los excombatientes y el Gobierno Nacional. La razón principal de su reubicación es que está en una finca que fue entregada por las Farc para el Fondo de Reparación a Víctimas, lo cual se desconocía en 2016, cuando se instalaron las zonas veredales.
El espacio está en una zona histórica para la antigua guerrilla. Se trata de una región que durante las décadas que duró la guerra fue enclave para el bloque Oriental, uno de los más poderosos de la insurgencia. Pero, además, allí ocurrió el paso definitivo de las Farc hacia la dejación de armas: la décima conferencia, en la que el Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana fue refrendado por el grueso de las filas guerrilleras.
Por eso, cuando se supo que el espacio debía trasladarse, lo primero que reclamaron los excombatientes fue no salir del municipio. Se dieron a la búsqueda de otro predio, que encontraron finalmente en la zona de La Cristalina, cerca de la frontera del Meta con Caquetá. Se trata de un terreno de 110 hectáreas, que fue avalado por el Gobierno Nacional y que ya cuenta con carta de voluntariedad de venta por parte de su propietario.
Su compra es apenas un primer paso, pues el traslado se concretará hasta que allí estén las viviendas y la infraestructura necesaria para los exguerrilleros. Este proceso puede tardar, como en los demás espacios, alrededor de año y medio.
Entretanto, los 120 excombatientes que allí habitan continuarán trabajando en un proyecto de ganadería silvopastoril que ya fue aprobado por el CNR y está pendiente del desembolso de $1.150 millones. Formalmente, hay unos 70 excombatientes vinculados a ese proyecto.
La Variante, Tumaco
Es un terreno de ocho hectáreas en la vereda La Variante, a una hora del centro urbano de Tumaco. A este lugar llegaron cerca de 400 excombatientes de la columna móvil Ariel Aldana y actualmente quedan 76. En total, hay 180 personas, incluyendo a sus familiares.
No tienen proyectos aprobados por el CNR. Solo está en trámite uno de piscicultura con tilapia, que beneficiaría a unas 60 personas de este espacio, pero que de acuerdo con excombatientes está quieto.
Cuentan con parcelas, levantadas por ellos mismos, de plátano y yuca para su alimentación, que ocasionalmente venden en el municipio. También sostienen 14 cabezas de ganado que fueron entregadas por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
La causa del traslado, al igual que en los otros espacios de reincorporación, es la imposibilidad de adquirir ese predio, ya que uno de los cuatro propietarios no quiso vendérselo al Gobierno. Optaron por buscar nuevos terrenos y en diciembre de 2019 se acordó el sitio definitivo y se inició la gestión de compra (esto tardará entre tres a siete meses en todos los espacios). Será un terreno de 22 hectáreas que queda en la vereda Pulgande, a 40 kilómetros de la vía principal de Tumaco.
De acuerdo con Stapper, se destinaron $24 mil millones por parte del Ministerio de Agricultura para la construcción de vivienda, bienes y servicios en el nuevo predio. “En esta zona también habrá espacios productivos que los estamos articulando con todas las etapas del traslado para hacer la formalización de unidades colectivas y proyectos existentes”.
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La Pradera, Putumayo
Queda a 40 minutos de Puerto Asís, aunque es imposible llegar allí en época de invierno por la creciente del río Putumayo, que atraviesa el camino de ida. En estos casos, a los excombatientes les toca coger una vía alterna por la vereda El Tigre, lo que alarga hasta dos horas el recorrido hasta Puerto Asís. Su lejanía de los centros urbanos del departamento, los problemas de la vía y la imposibilidad de comprar la tierra fueron razones suficientes para mover este caserío.
A finales de 2019, los excombatientes de la zona se decidieron por la vereda San Isidro, cerca del municipio de Villagarzón, porque la consideraban segura para ellos. Además, contaban con el apoyo de la exgobernadora del Putumayo Sorrel Aroca. Pero, de acuerdo con Gustavo Chambo, presidente de este espacio, el Gobierno no autorizó el predio y no se pudo formular el proyecto. Están a la espera de que el nuevo gobernador Buanerges Florencio Rosero se siente con ellos a definir su futuro. De lo contrario, el Gobierno Nacional empezaría el proceso de compra de la tierra que ellos elijan. En ese sentido, se espera que las 206 personas que viven allá (110 son exguerrilleros) se trasladen máximo en año y medio al nuevo espacio, desde el momento en el que se acuerde el terreno.
Es uno de los lugares donde los excombatientes que están en su tránsito a la vida civil se sienten en mayor riesgo. “Van 25 excombatientes asesinados en Putumayo”, aseguró Gustavo Chambo. Agregó que “acá atentaron en agosto de 2018 contra uno de nuestros compañeros, que afortunadamente salió ileso, pero se fue de esta zona. A mí me llegó una amenaza hace tres días”.
Frente a este tema, como ocurre también en Ituango (Antioquia), Stapper aseguró que distintas entidades a cargo de la implementación del Acuerdo, como la ARN, la Alta Consejería para la Consolidación y el Ejército están trabajando en el fortalecimiento de las medidas de seguridad.