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Esta semana se conoció que la investigación por la masacre en medio de la cual fueron asesinados siete campesinos en la vereda El Tandíl (Tumaco, Nariño), presuntamente perpetrada por agentes de la Policía, pasó a manos de la Justicia Penal Militar. Así lo ordenó el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad por medio de un auto del 22 de agosto. La noticia fue una afrenta para las víctimas, quienes por medio de un comunicado expresaron su descontento: “resulta inadmisible establecer de alguna manera que graves violaciones a los derechos humanos, como el ataque a población civil desarmada pueda pasar como parte de las funciones del servicio, pues se alejan completamente de los objetivos de la institución”, enfatizaron. Los pobladores insisten en que fue un ataque indiscriminado de la Fuerza Pública contra una manifestación pacífica para impedir la erradicación forzada.
(Lea: Dos años de la masacre de El Tandil y no hay sanciones contra la Fuerza Pública)
La investigación tampoco mostraba avances sustanciales en la Fiscalía, que ya envió todo el expediente a la Justicia Penal Militar. En poco menos de dos años solamente fueron imputados el Mayor del Ejército Luis Hernando González Ramírez y el Capitán de la Policía Javier Enrique Soto Garcia.
Aunque en un principio, el Ministerio de Defensa afirmó que se trataba de un ataque por parte del frente Oliver Sinisterra, disidente de las Farc, esa versión ha perdido cada vez más fuerza.
Hoy, en El Tandil le rendirán un homenaje a las víctimas de la masacre por medio de una misa y una manifestación. Hablamos con Elier Martínez, presidente encargado de la Junta de Acción Comunal de El Tandil, una vereda adolorida por la matanza. Habla sobre el abandono en medio del cual se siente la comunidad dos años después del horror que les impusieron los violentos.
¿Cómo está la comunidad dos años después de la masacre?
Dolida. Nos seguimos preguntando por qué los integrantes de la Policía tuvieron que actuar de esa manera en contra de los campesinos si simplemente se estaba reclamando un derecho. Seguimos sin entender.
¿Tienen claridad de cuántas personas murieron?
Fueron 9, pero hay muchas versiones, sin corroborar, de que hubo muertos y personas desaparecidas. Seguimos con la incertidumbre.
¿Cómo recuerdan a las víctimas?
Recuerdo mucho al que vivía en mi vereda, en la manifestación participamos unas 30 comunidades. Se llamaba Diego Escobar, era de El Tambo (Cauca), había llegado a este territorio hace más de 15 años. Era un jóven de 30 años, humilde, trabajador, dedicado a su familia, a su comunidad. Integró el comité de medio ambiente de la junta de acción comunal y estaba muy atento al cuidado de la naturaleza.
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¿Qué les ha ofrecido el Estado?
Respuestas nada porque la investigación sigue ahí y nada se esclarece todavía.
¿Qué le piden al Estado?
Antes que cualquier cosa: justicia. Que se esclarezca cuanto antes (llora y hace una pausa)... Justicia, ante todo, justicia. Que los responsables paguen. Tenemos la plena certeza que fue la Policía la que asesinó a nuestros campesinos. Que nada de eso quede impune.
¿Cómo recuerda los hechos?
Conté con suerte que cuando empezaron los disparos me pude escabullir. Fue una confusión total. Adonde salí alcancé a ver a un compañero con una esquirla de bala en el brazo, otro señor tenía un raspón en el ojo y otro compañero tenía un disparo en el brazo y pedía ayuda. "No me quiero morir", decía. Uno nos pedía que regresaramos para ayudar a los que estaban heridos. Yo iba regresándome, pero sentí otro rafagazo y me tiré al piso. No me sentí con esa valentía de devolverme porque temía por mi vida.
(Lea también: El polvorín de la erradicación en Nariño)
¿Cuál fue el papel del Ejército en el ataque?
Donde fue la masacre había integrantes de Policía y de Ejército, lo que nosotros alcanzamos a ver es que los que dispararon eran los policías. No puedo decir si el Ejército disparó o no.
¿Cómo recibieron los comunicados que sacaron la Policía y el Ejército diciendo que había sido un ataque perpetrado por las disidencias?
Con tristeza porque el Ministerio de Defensa dijo que los Policías fueron atacados por integrantes del Oliver Sinisterra y también vimos la declaración del entonces director de la Policía diciendo que tenía gente profesional en el área y que él creía en ellos. Uno estando ahí eso lo llena de indignación escuchar que un general diga eso sin tener en cuenta las versiones de nosotros los campesinos. A las declaraciones de las comunidades nunca les dieron tanta relevancia como uno hubiese querido.
¿Cómo cambió la vida de la comunidad?
Hay un antes y un después. Antes la comunidad era muy unida, en todas las comunidades existía ese apoyo y esa lucha por buscarle prosperidad al territorio. De ahí para acá está el miedo. A la gente le da miedo asistir al homenaje porque dicen que qué tal salgan a la ceremonia y los identifiquen. Antes todo era muy armónico, el después es temor y más temor.
¿Cómo es la relación con la Fuerza Pública?
Es negativa, cuando ellos llegan al territorio acusan a los campesinos de ser guerrilleros, narcotraficantes, terroristas. El estigma sigue estando ahí. Cuando uno se sienta a hablar con ellos y explicarles entonces como que reflexionan y dicen "hasta es cierto lo que usted dice, pero nosotros solamente cumplimos órdenes y si estamos por acá es porque nos mandan”.
¿Ha persistido la erradicación forzada?
Sí, a mediados de agosto estuvieron fumigando con glifosato en la vereda El Jardín.
¿Qué significa la coca para ustedes?
Esperanza porque, gracias a Dios y a esa matica, uno tiene la comida, le da estudio a sus hijos. Por ejemplo, a esta alturas no tenemos docente en la comunidad contratado por el Estado, nosotros de nuestros propios bolsillos estamos sustentando al profesor. La mata de coca es educación para nuestros hijos, es vida y es la única opción que nos da el Estado.
¿No llegó el Programa Naciona Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito a su comunidad?
Hasta ahora nada, nunca llegó. Esa era una de las esperanzas, que al menos se materializara lo que estaba en el Acuerdo de Paz, que la sustitución fuera una realidad, pero que ofrezcan cosas que le garanticen al campesino subsistir. Si no hay algo que llene las necesidades básicas no va a haber una solución.
Sin sanciones de la Procuraduría
En comunicación a este diario, la Procuraduría confirmó que no hay servidores públicos suspendidos por la masacre perpetrada el 5 de octubre de 2017, en medio de la cual murieron nueve campesinos, en la vereda El Tandil de Tumaco (Nariño). Quienes participaban de la protesta lo hacían contra la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. En ese momento, Tumaco era el municipio con mayor cantidad de hectáreas de coca sembradas en el país.La entidad aseguró que "actualmente se siguen practicando pruebas en etapa de investigación disciplinaria" contra 14 miembros del Ejército y 40 de la Policía.
Por el hostigamiento contra una comisión humanitaria, ocurrida el 8 de octubre de 2017, la entidad formuló cargos contra el capitán Camilo Andrés González Cano y el teniente Juan Camilo Jiménez Pomeo. Ambos procesos se encuentran "en práctica de pruebas de descargos", informaron.