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Fue un encuentro lleno de voces negras, indígenas y campesinas que denuncian, cantan, resisten y piden verdad y reconocimiento, porque saben que es el único camino para que no se repita lo que padecieron: el desplazamiento, la desaparición forzada, las masacres y el asesinato selectivo por cuenta, aseguran, de la imposición de un modelo económico de acumulación de tierras a través del despojo violento, que se consolidó en el Urabá y en buena parte del Bajo Atrato. Eran cerca de 200 y viajaron de diferentes rincones de esta región, en panga, chiva, y bus, para llegar hasta la cafetería del Parque de los Encuentros, en Apartadó. Allí donde en un costado se leía el mensaje que desde hace 20 años acompaña encuentros de víctimas en el país, siempre de letras negras en fondo naranja: Sin Olvido.
Se trató de la entrega a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) de dos informes centrales en la comprensión del modelo empresarial que se dio tras la brutal arremetida paramilitar en esta región. El evento duró un poco más de cinco horas y tuvo un poderoso elemento común: la solidaridad y respaldo de los presentes con los nueve reclamantes de tierras del predio Guacamayas (la mayoría mayores de 65 años y con problemas de salud), detenidos en los últimos días, acusados de delitos gravísimos que sus familias califican de infames y que responderían a una estrategia jurídica vil para que desistan de su anhelo de restitución.
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“Recordar que somos campesinos y reclamantes de tierra y que a nueve campesinos propietarios de sus tierras hoy los tenemos en la cárcel, privados por una denuncia sin fundamento, incluso algunos ya con la sentencia de restitución en sus manos. Es doloroso para nosotros esto. No es justo lo que está pasando en este momento”, dijo, por ejemplo, Ayineth Pérez, presidenta de la Asociación de Reclamantes de tierras: Tierra y Paz, de la cual hacen parte más de 500 reclamantes de la región.
Un contexto de violencia trabajado a profundidad en los documentos que entregaron a la CEV cuatro organizaciones que acompañan hace más de dos décadas a estas comunidades víctimas del conflicto armado: Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación, la Corporación Jurídica Libertad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
“El desplazamiento y el despojo fue hecho por unos sujetos que se enriquecieron a costa de los campesinos y de las comunidades indígenas y afro. Desde la Colonia española, esta región fue para los ricos y los extranjeros, nunca fue para las comunidades, para los indígenas y afros”, dijo Marta Peña, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC).
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Y agregó: “Cuando llegó la industria bananera junto con la Carretera al Mar desde Medellín llegaron las principales desgracias para estas comunidades. Porque con la experiencia del Magdalena, llegaron con una visión antisindical, en toda parte veían guerrilleros, todo les parecía muy comunista, por eso las guerrillas en esta región se dedicaron tanto a los asuntos laborales. Hubo mucha violencia. Los empresarios también fueron víctimas, pero muchos de ellos usaron esta disculpa para robarse las tierras, para vaciar el territorio”.
Un territorio, según datos de estos informes, que entre 1996 y 2006 produjo casi 6.000 desapariciones forzadas; que entre el año 1995 a 1997 fueron despojadas 166.000 hectáreas (más del 10% del territorio. Una cifra tan grande que no es fácil de dimensionar, pero que triplica el área de Medellín, la capital antioqueña, para hacerse una idea). De esas 80.000 solo fueron en Turbo, casi toda su área, el municipio donde construyeron un puerto al mar para la exportación. Un territorio con más de 100 masacres y más de 500 personas muertas en esas masacres; con casi 3.000 asesinatos por razones políticas; 200 líderes sindicales y de la Unión Patriótica asesinados (el partido político que surgió del proceso de paz a mediados de los años 80 entre el Gobierno y las Farc). Y 21 reclamantes de tierras asesinados desde 2008 a la fecha.
Entre los años 1997 y 2007, según las cifras oficiales, Chocó fue el departamento más afectado por el desplazamiento forzado de miembros de comunidades afrocolombianas (24.127 desplazados) y según el Registro Único de Población Desplazada, en los años 2000, 2001, y 2002, la situación fue particularmente crítica. La tercera fase del plan criminal, entre 2002 y 2006, consistió en la consolidación empresarial. En esta fase, la alianza entre militares y paramilitares protegió las tierras para los empresarios, según las investigaciones.
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Las empresas legalizaban el despojo, de acuerdo con estos informes, mediante diferentes estrategias como: constitución de bases sociales con repobladores; redes de falsos testigos y opositores ante las reclamaciones de tierra, aseguramiento de financiación pública y privada; persecución ilegal por medio de operaciones ofensivas del DAS; montajes judiciales y campañas de desprestigio; asesinatos de denunciantes y testigos; persecución a operadores judiciales, entre otros. Esta etapa coincide con un alto tráfico comercial de las tierras en la región a través de la celebración de contratos de compraventa de los predios privados, la compraventa ilegal de mejoras, la suscripción de contratos de arrendamiento o usufructo.
En 2006, se da por terminado el proceso de desmovilización colectiva de las AUC, con 38 estructuras desmovilizadas. Sin embargo, cuando el Bloque Elmer Cárdenas, con influencia en Chocó y Urabá, se desmovilizó el 15 de agosto de 2006, ya era evidente la irrupción de nuevos grupos criminales. Desde 2016, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) hacen presencia y hoy controlarían el 90% de las comunidades, sitiadas por retenes y bases que tienen en Tumaradó, La Honda y La Larga, según reportes de la propia Defensoría del Pueblo.
“Entonces, ¿qué estamos diciendo? -comentó Marta en el evento- Que esto fue orquestado en un plan criminal entre empresarios, fuerza pública y paramilitares, en su momento también fueron las Convivir, las cooperativas que ellos dicen que eran legales. Primero se encargaron de instalar el terror: mataron a los líderes, en los 80, para que después nadie hablara y cuando ya estaba instalado el miedo se dedicaron a sacar a las comunidades de los territorios. Y en el año 1997 (el de mayor desplazamiento) cumplieron su cometido con la ayuda del Estado. Pero el tema no quedó ahí. Cuando se dio el desplazamiento empezaron a expandir sus proyectos palmeros, ganaderos, bananeros y el sector de la infraestructura. Ese es el patrón que le queremos decir a la Comisión de la Verdad: en esta región se dio una eliminación sistemática de los liderazgos sociales y locales, así como la apropiación y el robo de la naturaleza, de los ríos, las montañas y el agua. Aquí les negaron a las comunidades construir sus propios proyectos y su futuro. Y por eso le solicitamos a la Comisión de la Verdad que ponga eso en el informe final, que se lo cuente a la sociedad y al mundo y que diga si ese modelo de acumulación no se acaba nunca va a haber paz y no se van a cumplir el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y mucho menos la no repetición y reparación, porque donde hay tanto miedo, tanta exclusión, tanta violencia, no hay democracia. Ese es nuestro mensaje central”.
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Por eso también hablan de "ecocidio", porque cuando las comunidades retornaron sin garantías a sus territorios se dieron cuenta de que sus tierras y riquezas habían sido saqueadas; su madera explotada o desaparecida. “Los daños ambientales causados por las plantaciones de palma, por ejemplo, son enormes, reemplazando un área de alta biodiversidad por un monocultivo”, explicó la abogada de la Comisión Justicia y Paz, Diana Muriel Forero.
En esa dirección, otra invitación importante que le hizo a la Comisión de la Verdad Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, fue que escuche a las comunidades afro, indígenas y campesinas, humilladas y violentadas, para que nutra su informe final y que realice actos de reconocimiento de lo que hicieron, antes de que termine su mandato, con todos los bananeros, palmeros y ganaderos, en busca de la reparación y restitución de las tierras despojadas.
Un desafío enorme por la poca participación que ha tenido este sector en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y no Repetición, que surgió del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc y que reúne la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Así como pidieron a la Fiscalía y a las entidades del sistema de justicia transicional que esclarezcan qué pasó con la investigación de la lista de cerca de 400 nombres de empresarios que dio como aporte a Justicia y Paz, Raúl Emilio Hasbún, empresario bananero y comandante paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operó en el Urabá y sería, según su propio testimonio y el de otros paramilitares como Salvatore Mancuso, el intermediario de los aportes que las empresas bananeras hicieron a los paramilitares. Esto a través de la Convivir “Papagayo”, creada por Hasbún y dirigida por Arnulfo Peñuela, la multinacional Chiquita Brands y las empresas bananeras Banadex, Banacol, Delmonte, Unibán, Dole, entre otras. “Esa falta de investigación solo pudo ser posible porque la Fiscalía fue cooptada, y hubo ayuda del Ejército y de otras autoridades para que eso jamás se determinara”, aseveró Marta Peña.
Alejandro Valencia, comisionado de la Verdad, a cargo de esta región, escuchó atento los testimonios y agradeció la entrega de estos trabajos, así como Angela Salazar, la comisionada encargada del tema étnico, quien conoce de cerca las violencias que han padecido en esta región las comunidades negras e indígenas. A su turno, el representante por la Jurisdicción Especial de Paz, del despacho de la magistrada Nadyezda Henríquez Chacín, aseguró que en el caso 004, que priorizó la región de Urabá, se está ad portas de emitir "resoluciones de conclusiones que identificarían las responsabilidad de excombatientes tanto por comisión directa como por omisión".
¿Hasta cuándo? Se preguntaron muchos en sus intervenciones y por eso resaltaron la importancia de la verdad. Uno de ellos fue Héctor Pérez, campesino despojado de la Larga Tumaradó (Chocó): “Han pasado 22 años y el Gobierno no quiere reconocer a las víctimas. También somos colombianos y sentimos y somos los más afectados y vivimos en situaciones difíciles, ¿hasta cuándo? Pero vamos a seguir y resistir porque los ricos de este país somos nosotros porque es nuestra la tierra, por eso nos despojan. Seguimos unidos y por eso hemos creado mecanismos para protegernos como las zonas humanitarias y de biodiversidad, somos comunidades que nos necesitamos entre sí. Tenemos propuestas como la de la Universidad de Paz, que creemos nos va a ayudar a reencontrarnos para promover una justicia restaurativa en los territorios”.
*Enviada especial Apartadó.