Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Los habitantes del sur de Chocó han padecido décadas de guerra y ahora se está activando una nueva. El pasado domingo, 2 de junio, la comunidad indígena de Pichimá Quebrada quedó atrapada en medio de un combate. Según cuatro fuentes de la región, que pidieron la reserva de sus nombres por temor a represalias, se presentó un enfrentamiento entre la disidencias del frente 30 de las Farc y el Eln. Ese hecho significa un nuevo panorama de orden público en la zona: la llegada al municipio de Litoral del San Juan de un actor armado que se creía desactivado.
Hasta el casco urbano de dicho municipio llegaron unas 417 personas provenientes del resguardo Pichimá Quebrada. Pudieron salir de la comunidad el lunes hacia las 3:00 p.m. gracias a que otros indígenas llegaron hasta el sitio y los transportaron. El combate del domingo se extendió entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. En estos momentos los desplazados se encuentran en un albergue de la Alcaldía del municipio, en una casa que les prestó la Defensa Civil y en viviendas de conocidos. “Dejaron sus enseres, sus bienes, sus animales”, cuenta un líder.
Hoy Pichimá Quebrada es un caserío fantasma. “Allá no quedó nadie”, dice otro líder que pidió no ser referenciado. La Institución Educativa la Unión de Pichimá cerró sus puertas, por lo que más de 250 estudiantes quedaron sin clases.
El martes varios líderes indígenas estuvieron en una reunión con diferentes autoridades para coordinar la atención que van a recibir. Como lo estipula la Ley de Víctimas, la responsabilidad de la atención humanitaria de los desplazados recae en un primer momento en la administración municipal. Aunque intentamos, de manera insistente, comunicarnos con el alcalde, Willinton Ibargüen, y con la personera Maira Abadía no pudimos hablar con ellos. Ayer en Quibdó (Chocó) se dio una reunión entre autoridades locales y departamentales para evaluar el panorama del sur del departamento.
La Brigada de Infantería de Marina Número 2 informó que el lunes desembarcaron en un lugar cercano a Pichimá efectivos de la Fuerza Pública. Aseguran que en medio de las operaciones han encontrado dos campamentos que habrían estado ocupados por alguno de los grupos armados que se enfrentaron el domingo. Ayer en la mañana se presentaron combates. “La proyección es consolidar el área y abrir un corredor humanitario”, afirmó el coronel Eduardo Ramírez, comandante de esa unidad. “El objetivo es que las comunidades vuelvan a sus asentamientos”, complementó.
Guerra tras guerra
No es la primera vez que los indígenas wounaan de Pichimá Quebrada tienen que salir de su resguardo. El 11 de abril 2016, debido a combates entre la Fuerza Pública y el Eln, se desplazaron hacia el casco urbano de Litoral del San Juan 450 personas. Volvieron en mayo del mismo año, pero la situación de orden público hizo insostenible resistir en el caserío. Por eso, volvieron a desplazarse el mismo mes. Residieron en la cabecera municipal hasta el 23 de diciembre del mismo año, cuando retornaron para pasar las festividades, donde estuvieron hasta el pasado 3 de junio. Las comunidades que habitan el río Pichimá han quedado en medio de varias confrontaciones debido a su ubicación estratégica cerca al océano Pacífico.
Un factor nuevo del conflicto en Litoral del San Juan es la presencia de una disidencia de las Farc. Según personas de la zona, la semana pasada llegaron hasta Pichimá Quebrada hombres uniformados que se identificaron como integrantes de las disidencias del frente 30 y le expusieron a la comunidad sus “ideales”. “Esto no se veía allá”, dijo una persona que conoce la zona. El coronel Ramírez también asegura que es la primera vez que tienen información de que allá Chocó está actuando un “grupo residual de Farc”, como los califica la Fuerza Pública. Días antes de la confrontación personas de la comunidad le habían pedido al Eln respeto por las autoridades indígenas. “Ellos hacen caso omiso”, enfatizó un habitante de la región.
La situación del río Pichimá está conectada con la que se vive en el vecino río San Juan. Hace décadas este es escenrio de varias guerras. Durante años el frente 30 de las Farc mantuvo el control de la zona. En la región recuerdan varios bombardeos de la Fuerza Pública contra esa guerrilla que generaron terror entre las comunidades. Asimismo, los indígenas padecieron el reclutamiento forzado por parte de la exguerrilla. Entre 2007 y 2008 en la región también estuvieron Los Rastrojos y las Águilas Negras (que en 2012 pasaron a llamarse Los Urabeños), grupos paramilitares posdesmovilización que generaron desplazamientos masivos. En el 2013, Los Urabeños derrotaron a Los Rastrojos y se autodenominaron Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), como consta en el informe de riesgo 011 de 2017 de la Defensoría del Pueblo.
Los actores armados se disputan tanto el San Juan como el Pichimá debido a su ubicación estratégica de cara al mar Pacífico. La zona es corredor de drogas de uso ilícito, armas y otras mercancías como el oro y la madera que son extraídos ilícitamente de las selvas chocoanas y vallecaucanas. Las conexiones fluviales con ríos como el Calima también explican el afán por controlar esos afluentes.
La ilusión de una vida en paz llegó con los diálogos entre el Estado y las Farc. Desde 2014 las acciones bélicas de esa guerrilla empezaron a disminuir. Como quedó consignado en el mismo informe de riesgo, ese grupo insurgente suspendió los cobros a comerciantes, transportadores y población en julio de 2016. También desarrollaron “un fuerte trabajo pedagógico sobre la paz en la región”, según el mismo documento.
Pero esa paz fue una ilusión corta. Desde que las Farc empezaron a ceder territorio, el San Juan fue el escenario de una nueva confrontación: el Eln y las Agc se disputaban los espacios que dejó la exguerrilla. En medio de ese conflicto sucedieron hechos como la tortura de una mujer en la comunidad wounaan Unión San Juan, en agosto de 2016, y la masacre de Carrá, perpetrada por esa guerrilla, en medio de la cual fueron asesinadas cinco personas de la comunidad. Ese enfrentamiento cesó, al parecer, por acuerdos entre los actores armados. Según la Unidad para las Víctimas, durante 2017, en Litoral del San Juan fueron afectadas 1.642 personas por el conflicto armado. Esa cifra se redujo drásticamente en 2018: con 150 casos. Los paramilitares quedaron con el control de las siete bocanas (donde el río desemboca al mar Pacífico) mientras la insurgencia está presente en la parte baja y ejerce control entre las comunidades de Palestina y Chagpien Tordó. La Infantería de Marina ha negado ese control diciendo que las incursiones de los grupos armados son esporádicas.
La “paz” entre armados la estaría rompiendo la incursión de la disidencia. Tras la dejación de armas se conocía la existencia de disidencias como la Columna Móvil Jaime Martínez y las Fuerzas Unidas del Pacífico, que operarían en ríos como el Marroquín, el Yurumanguí, el Naya y el Raposo. Se teme que los disidentes de las Farc hayan llegado a recuperar los espacios de los que habían salido. “Nosotros necesitamos protección”, clama uno de los líderes, que en tan solo tres años ha tenido que abandonar tres veces su hogar y ahora ve cómo se activa una nueva guerra.