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La contingencia por el coronavirus ha golpeado a todo el territorio nacional, pero ha tenido un impacto que no ha sido cuantificado en los municipios en los que se está desarrollando Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET). Estos son los municipios que dentro de los acuerdos de paz se identificaron como aquellos que tuvieron mayores afectaciones por el conflicto armado.
Históricamente estos municipios han sufrido un abandono estatal que los hizo vulnerables ante las violencias de los diferentes actores armados. Esta misma situación se ha hecho evidente en los últimos días con la crisis por el COVID-19. Por esta razón, la representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus y el representante por el Partido Liberal Harry González convocaron a un debate de control político para tratar la situación de estos municipios frente a la contingencia.
La cita fue multitudinaria, los representantes hicieron un llamado a rendir cuentas sobre las estrategias en los PDET a la Consejería para la Estabilización, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, entre otras carteras del gobierno colombiano. Antes de dar inicio, ambos representantes dieron un vistazo al preocupante panorama de los municipios PDET frente al coronavirus.
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La representante Juanita Goebertus, además de expresar lo limitantes en la atención de salud en estos territorios, señaló que la atención en estos municipios “no tiene un enfoque territorial”. Goebertus aseguró que no hay claridad frente a cómo se está llevando a cabo la cuarentena. Por esta razón, han sido las juntas de acción comunal las que han tenido que asumir la verificación del cumplimiento de esta, a pesar de que es una labor de la Fuerza Pública.
La representante también señaló que en varios departamentos donde hay proyectos PDET no tienen una estrategia de bioseguridad para proteger a los trabajadores de la salud. Goebertus destacó los casos de Chocó y Amazonas, este último un departamento donde varios de sus médicos y otros funcionarios de la salud renunciaron ante la falta de protección.
Además de los servicios médicos, la representante prendió las alarmas frente a los servicios públicos en estas zonas del país. Uno de los puntos expresados es que no hay forma de que estos municipios costeen los servicios públicos durante la pandemia. Además, hay casos en los que ni siquiera los servicios públicos han llegado a estas regiones. Un elemento que es preocupante, según Goebertus, debido a que el agua es uno de los elementos básicos la lucha en contra de este virus.
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Asimismo, la representante de la Alianza verde llamó la atención sobre el descenso en los precios de los aranceles que ha hecho el gobierno, pues al campesinado de estos PDET les estaría tocando competir de forma desleal con estas importaciones. Los productos traídos al país estarían gozando de mayores beneficios frente a los que son producidos en el territorio nacional.
La representante también hizo mención a la repartición de ayudas por parte del gobierno. Aunque el gobierno ha señalado que estos recursos se entregarán a través del sistema bancario, esta señaló que en estas zonas la bancarización es limitada y por ende los recursos nunca llegarían a estas regiones.
En su presentación inicial, la representante también hizo énfasis en los procesos de erradicación forzada que se están llevando a cabo en estos tiempos de cuarentena, pues estaría causando procesos de conflictividad y hace a un lado la orden de la Corte Constitucional de privilegiar el proceso de sustitución voluntaria.
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El proceso de educación de los menores en los PDET fue otro de los apartados que Juanita Goebertus tocó en su intervención inicial. Allí expresó su preocupación ante la imposibilidad de que los menores se conecten a internet para acceder a los recursos de educación virtual. Asimismo, señaló que los municipios cerca a las fronteras tenían la amenaza de los pasos irregulares, que no permitían tener un control sobre aquellos que entren a territorio colombiano y estén contagiados con el virus.
Por último, la representante mencionó los planes de desarrollo y llamó la atención de que no se haya ampliado la fecha para su entrega, pues no se permite una correcta adaptación de ellos al contexto del coronavirus. Además, cuestionó que los traslados hechos por el Inpec desde la cárcel de Villavicencio hayan llevado el virus a zonas donde no había casos.
La intervención del representante liberal Harry González se enfocó en su mayoría al Caquetá, departamento que representa. Este cuestionó al gobierno frente a los recursos que están llegando a los municipios PDET. Asimismo, señaló que, a pesar de la cuarentena, el asesinato de líderes sociales no ha dado tregua.
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De igual manera, pidió una mayor ayuda para su departamento ante la realidad de que el 90% de la población del Caquetá subsiste de economías no formales. Por otro lado, llamó la atención frente a que no están llegando los adelantos de los recursos del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). Un dinero que ayudaría a la subsistencia de las familias que se comprometieron con la erradicación voluntaria.
Tras la intervención de los dos representantes, los miembros del gobierno procedieron a dar respuesta a los cuestionarios hechos por los dos citantes. Uno de los primeros en intervenir fue el consejero para la estabilización, Emilio Archila. Este recordó que las razones por las que se eligió los PDET, dentro de lo desarrollado en los Acuerdos de la Habana, era que estas zonas eran los lugares con mayores números de víctimas, pobreza y presencia de cultivos ilícitos en el país.
Archila destacó que hasta el momento se han entregado más de 800 obras en los PDET También, el funcionario destacó que se ha hecho un tratamiento diferencial con los habitantes de estas poblaciones. Asimismo, señaló que por el COVID-19 se ha tenido que adelantar sesiones virtuales con las víctimas y se han realizado más de 37.000 mensajes de WhatsApp para asesorarlos sin que implique encuentros físicos.
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Por último, el secretario Archila celebró que los últimos días han tenido granes éxitos los sistemas de seguridad pues se han realizado un “montonón” de capturas. De igual manera destacó que en distintas operaciones se pudo extraer a personas que estaban siendo blancos de amenazas por grupos armados.
El siguiente en el listado fue el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que aseguró que la Fuerza Pública está cumpliendo con su tarea misional “desplegando todos los esfuerzos necesarios para aplicar las medidas para frenar la pandemia”. Frente a los temas de erradicación forzada, Trujillo aseguró que se le ha dado instrucciones a la tropa para no entrar en confrontación con los pobladores.
Sobre los cultivos ilícitos, el ministro señaló que se tiene bajo premisa acudir a todas las herramientas: erradicación forzosa, desarrollo alternativo, sustitución de cultivos y aspersión. Esta estrategia incluye actuar en contra de todos los eslabones de la “cadena criminal”.
El ministro de Defensa también se expresó sobre la acción de las Fuerzas Militares en las fronteras. En el caso venezolano, se destinaron 17.000 tropas, las cuales tienen la misión de custodiar los siete pasos formales y los 116 no formales. También se han destinado 1.025 tropas para la frontera brasileña, 1.400 hombres para custodiar la línea con el Perú y 10.105 para la frontera con Ecuador, uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus.
Por último, el ministro Trujillo destacó que las labores en los municipios PDET son respaldadas con la presencia de la Fuerza Pública y, por esto mismo, señaló que se había extendido el servicio militar por tres meses ante la imposibilidad de hacer nuevas incorporaciones durante el coronavirus. Al finalizar, la cabeza de la cartera de la Defensa pidió que se dedique toda una sesión para discutir la seguridad de las principales regiones del país.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, también rindió cuentas frente a las labores realizadas en los municipios PDET durante la pandemia del coronavirus. Angulo señaló que se está mejorando la infraestructura para lograr brindar las actividades educativas fuera de los centros de educación. Según contó en la sesión, desde el ministerio se destinaron dos semanas de desarrollo institucional para pasar a la virtualidad, en donde es posible, y a la educación remota.
Entre las estrategias ejecutadas está Aprender Digital (que necesita conexión a internet) y la educación a través de programas radiales y televisión. Para esta segunda estrategia se ha acompañado del uso de guías. La ministra también destacó que en la zonas PDET se ha garantizado el Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre un 70%-90%, llevando la comida a los menores hasta sus casas.
La intervención de Alicia Arango, ministra del Interior, se centró en las estrategias de protección en los territorios para evitar un posible contagio con el coronavirus. La ministra señaló que un millón de mercados serán entregados por la cartera que dirige, aunque hizo la salvedad de que solo serán entregados a las poblaciones que son de protección del Ministerio del Interior.
Por último, la ministra indicó que el tema del aplazamiento de la entrega de los planes de desarrollo se intentó vía decreto pero se encontró que aumentar o disminuir este plazo era únicamente potestad del Congreso. Por esta razón, señaló Arango, se mantuvo la fecha para que los mandatarios locales entreguen sus hojas de ruta para los próximos cuatro años.
De la sesión también participaron los ministros de las TIC, Agricultura y Exterior y los viceministros de Hacienda y Justicia. Entre las declaraciones a destacar está que desde la cartera de Hacienda se señaló que no hay una destinación especial a los municipios PDET de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), pero que sus habitantes han sido beneficiados por algunos de los programas que ya ha impulsado el gobierno durante la contingencia. Desde el Ministerio de Justicia se hizo mención de las estrategias en las comisarías de familia en los PDET.