Cualquier ensayo está sujeto a errores y dificultades. Eso lo saben bien en el Congreso de la República, que suma poco más de una semana sesionado virtualmente por primera vez en más de dos siglos. Si bien esa medida ha caído bien en la opinión pública y en quienes reclamaban mayor vigilancia al Gobierno en tiempos de coronavirus, comienza a tomar fuerza un bloque parlamentario que sigue sin ver con buenos ojos el “tele-Congreso”, que alega que no se están cumpliendo sus propósitos y que aboga por medidas mucho más contundentes y prácticas para deliberar en democracia.
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Si bien las sesiones virtuales han contribuido a que haya quórum, se ponga un alto al tristemente célebre ausentismo e incluso, a que ministros y sus funcionarios asistan con juicio a cada sesión, los reparos de los que se oponen van desde poco chance para hacer auténtico control político, cero actividad legislativa (no se han podido presentar y votar proyectos) y hasta enredos para cumplir con formalidades de las sesiones –como el registro–. Y sin hablar, por ejemplo, de detalles como la conexión a internet: mientras para muchos resulta simple, para otros congresistas de regiones en las que prima la poca conectividad resulta un asunto decisivo en su ejercicio político.
Hay quienes van más allá e incluso, aseguran que todo este panorama termina siendo conveniente para el Gobierno de Iván Duque precisamente porque la tardía reanudación del Congreso evitaba un trabajo esencial en estos tiempos para el Congreso: poner la lupa en la avalancha de decretos por cuenta de la emergencia sanitaria, que ya suma más de un mes y cuya medida principal, la cuarentena nacional, se extenderá hasta el 11 de mayo (por ahora).
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De allí que ya haya un grupo de parlamentarios preparando una carta, que sería presentada hoy, en la que piden a las mesas directivas tanto de Senado como Cámara que enfoquen la atención en una fórmula mixta para fortalecer el trabajo legislativo: que se avale la asistencia presencial en el Capitolio a un número reducido de congresistas para no afectar la salud de gente y que, ahí sí, se eche mano de la virtualidad.
El descontento es tal que, por ejemplo, ha servido para unir a congresistas políticamente opuestos: Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y Jorge Robledo, del Polo Democrático. Para el primero, el Legislativo se ha vuelto en una red social sin ninguna trascendencia, al punto de ser una simulación insustancial. Para el segundo, aunque valora la alternativa, se trata de “algo en lo que todo mundo puede decir cualquier cosa”.
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Según Lara, es incomprensible que se levante la cuarentena para millones de trabajadores, en su mayoría humildes, mientras los parlamentarios insisten en “seguir simulando ser un Congreso desde su privilegiada cuarentena en casa”. Para el senador, Colombia hoy no tiene Congreso y la idea de pretender que se sesione 100 % virtualmente es “ingenua y contraproducente”.
“No hay control político, ni actividad legislativa. Siento vergüenza de haber llegado a esta situación. Confío en que haya un congreso mixto, con sesiones con un quórum mínimo y canales virtuales para los congresistas por razones de salud. Hoy sesiona el parlamento inglés, no van todos, sino solo voceros de acuerdo con los temas, se habilitan canales para el resto. Eso sí es un debate”, asegura.
Por su parte, Robledo abogó por verdaderos debates de control que posibiliten la deliberación y aseguró que tal como está organizada la sesión, no permite debatir a fondo las medidas del Gobierno. “La gracia del Congreso en esta labor es hacer verdaderos debates. Esto (sesiones virtuales) puede ser otra cosa y no le quito el interés, pero ya va siendo hora de que nos pasemos a los auténticos debates de control, que son verdaderas controversias, con los congresistas teniendo tiempo suficiente para cuestionar. ¿Cómo así que Duque sacó más de 30 decretos y aquí no hubo un debate de fondo sobre eso?”, alegó.
De hecho, ambos señalan que el Gobierno podría sacar provecho de la situación. “En el Senado no se está haciendo verdadero control político. Iván Duque debe estar feliz”, dijo Robledo, mientras que Lara manifestó que esta crisis va a resultar costosa para el país e implicará un déficit público que habrá que pagar. “Nada mejor para una reforma tributaria 3.0 que un Congreso virtual y reducido, como pretende un representante a la Cámara del uribismo”.
A esa vertiente se suman los representantes Katherine Miranda e Inti Asprilla, de la Alianza Verde. Aunque ambos participaron activamente en el reciente debate de control político virtual que la Cámara le realizó a Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, para hacerle seguimiento a las medidas económicas tomadas en el marco del Estado de emergencia, alegan que ese tipo de ejercicios desde sus casas y a través de una pantalla no tiene “dientes” y, por tanto, no aporta a la ya debilitada democracia en tiempos de COVID-19.
La cadena de peros a esta práctica empieza con uno fundamental: Carlos Cuenca, presidente de esa corporación, que le dio un carácter informal al debate de control político a Carrasquilla. Ante ello, Miranda asegura que no están ejerciendo su trabajo por las trabas tecnológicas que aún tienen y en un periodo de tiempo reducido para, por lo menos, meterle mano a los decretos expedidos en el Estado de emergencia. Por ello, su postura es tajante cuando insiste en que, a sus ojos, es necesaria la reunión presencial para meterle acelerador a esas tareas.
“Desde la Comisión Económica estamos estudiando más de 60 decretos que por supuesto tendrían muchas modificaciones. Sin embargo, la cuarentena va hasta el 11 de mayo y el Congreso tiene hasta el 26 del mismo mes para dar opinión y visto bueno a dichas normas. Pero los presidentes de Cámara y Senado no han designado una comisión para ejecutar un informe. Además, el artículo 215 de la Constitución nos dice que los decretos solo se pueden modificar vía proyecto de ley, pero aún no podemos votarlos en la virtualidad. Imagínense 171 congresistas votando un proyecto de ley en una plenaria virtual, cuando la Ley Quinta dice que solo tenemos media hora para votar un artículo. No hay las condiciones desde casa. No podemos ser un Congreso de mentiras y hacer debates de control político de mentiras”, declaró.
Por su parte, Asprilla, quien reitera que el Congreso está debilitado, media por una opción un poco más equilibrada para el escenario actual: “El control político tiene una serie de ritualidades que se llevan a cabo por el hecho de estar ahí presentes. Personalmente creo que tenemos que pasar a un Congreso semipresencial en el cual los voceros puedan hacer debate de control político en el recinto”, dijo.
Desde la orilla opuesta, Ernesto Macías, del Centro Democrático y quien viene de ser presidente del Senado, destacó que –además de que el confinamiento y la distancia social es obligatoria “por salud y no por capricho”–, las sesiones virtuales han funcionado, en tanto han logrado que el quórum sea completo tanto n plenarias como en las comisiones. “Algo que nunca se había visto en la historia”.
Frente a las críticas por el poco espacio para la deliberación, Macías sostuvo que se trata de una reclamo de quienes “les gusta hablar solos una hora y media. La eficiencia en las deliberaciones es más amplia con la virtualidad”. No obstante, admitió que no se ha podido llegar a votar proyectos porque la Ley Quinta (que regula al Congreso), está por encima de las leyes ordinarias o decretos leyes, que les han permitido sesionar.
“La radicación de proyectos se puede hacer virtual y habría que fijar en el reglamento la discusión de proyectos. Después de que se normalice esta situación y podamos sesionar de forma presencial, algunas actividades deben seguir siendo virtuales, como la discusión de proyectos y que luego solo sea llegar a votar”, precisó el senador, confiando de que antes del 20 de julio, cuando arranca el segundo periodo legislativo, se puedan hacer votaciones.
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En materia de Salud, Macías dijo que el actual presidente del Senado, Lidio García, “no se puede asumir la responsabilidad (como dos o tres quieren), de convocar a sesiones presenciales con funcionarios y senadores, poniendo en riesgo su vida”. Ante ello, Rodrigo Lara respondió que, además de que los congresistas asumen mayores cargas y dignidades por su posición, a las sesiones presenciales no irían funcionarios, periodistas o trabajadores de las unidades de trabajo legislativo (UTL).
De hecho, la defensa por las sesiones virtuales la ha hecho también Gregorio Eljach, secretario general del Senado. Sin más, él asegura que “a ninguno, salvo al senador Jorge Robledo, le he oído decir reparos en plenaria que, entre otras cosas, han sido muy bien comentadas. La sesión del 20 de abril fue muy diciente”, aseguró. Justamente en esa primera sesión de plenaria virtual, congresistas como José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, pedían habilitar el acceso a la cámara del dispositivo tecnológico a quienes la tenían apagada para verificar la identidad y la asistencia de los parlamentarios.
José Daniel López, representante de Cambio Radical, ha sido uno de los fieles defensores de la implementación de un “tele-Congreso”, y asegura que las percepciones de cada congresista frente a las sesiones virtuales tienen que ver con su relación con la tecnología y capacidad para adaptarse a las herramientas dispuestas. Acepta, sin embargo, que la debilidad actual es más que “lógica y esperable”, pues falta migrar totalmente a un sistema que dé lugar a la discusión y votación de proyectos de ley.
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“He sentido positivo el debate de control político desde la virtualidad. El debate sobre violencia contra la mujer durante la cuarentena salió bien, al igual que el que le hizo la Cámara al ministro Carrasquilla”. Se refirió así mismo a los llamados de varios congresistas a legislar de manera presencial, argumentando que “no es un mensaje pedagógico para la sociedad en estos momentos que se le pide no salir de casa. Es el camino más seguro por ahora”. En ese sentido, añadió que citar en el recinto afectaría los derechos y deberes legislativos de los parlamentarios mayores de 60 años que tienen y jóvenes con afectaciones de salud, como condiciones cardíacas, ambos grupos poblacionales con restricción de movilidad.
Según López, la Cámara desde ya está agilizando el trámite para votar proyectos de ley en comisiones, un paso más en la búsqueda por recobrar la normalidad en las tareas del Congreso. “La próxima semana vamos a debatir proyectos de ley en Comisión Primera de la Cámara. Como somos 38 miembros, hacemos uso del voto nominal y que se haga público. La secretaria nos llama uno por uno y el congresista aparece ante la cámara y da su voto. Hicimos la prueba, por ahora, con la plataforma habilitada por la corporación y salió bien, a pesar de no contar con todas las herramientas para llevar a cabo ese deber”, comentó.
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Con todo, la realidad para la democracia es abrumadora: mientras el Congreso, el poder legislativo, avanza un paso, el nuevo coronavirus se adelanta tres. Mientras se adecúa la tecnología para garantizar los derechos de todos los legisladores, algo es cierto: el Ejecutivo reacciona, inevitablemente, en forma de decretos y decisiones que aún no se sabe si podrán o no revisar a tiempo. Mientras la gente está preocupada por sobrevivir, la esfera política discute cómo restablecer la democracia en un momento inédito y lleno de incertidumbre. El desafío sigue.