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Ni siquiera en tiempos de COVID-19 se dejan de escuchar denuncias acerca de supuestos malos manejos de los dineros públicos en Colombia. Primero que el virus, la otra pandemia que azota al país es la de la corrupción.
El reto de Carlos Felipe Córdoba, contralor general, es mayúsculo, más aún durante la emergencia por el coronavirus.
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¿Qué resultados ha dado el frente común entre Contraloría, Fiscalía y Procuraduría para proteger los recursos en atender los efectos de la pandemia?
Esa suma de esfuerzos nos permite vigilar, en tiempo real, el manejo que se les está dando en todos los niveles del Gobierno nacional y los entes territoriales a los recursos destinados a atender la más grave emergencia en la historia del país. Es la primera vez que los máximos órganos de control establecen un frente común de esta naturaleza para salvaguardar esos dineros. Desde nuestras órbitas de competencia hemos examinado ya 7.756 contratos celebrados, en gran parte bajo la figura de la urgencia manifiesta. Hemos dispuesto los mejores recursos humanos y tecnológicos para alertar y prevenir sobre posibles anomalías que se traducen, como lo hemos verificado técnicamente, en presuntos sobrecostos en los productos que componen los kits de alimentación para comunidades vulnerables y también en equipos y material hospitalario. Con esto, no solo estamos previniendo males mayores, sino que estamos listos para juzgar integralmente la conducta de quienes resulten responsables. Nuestro mensaje conjunto es que les vamos a aguar la fiesta a los corruptos y hacer respetar los derechos de la gente, particularmente en estos tiempos de crisis donde no se puede perder ni un centavo.
¿Cuál es la cantidad de recursos públicos que está en la mira de la Contraloría?
Las evidencias encontradas en 60 entidades territoriales podrían llegar presuntamente a los $80.000 millones, pero el seguimiento será integral a todos los recursos provenientes de distintas fuentes presupuestales para la atención de la emergencia.
¿La Contraloría ha puesto la lupa a los recursos que nutren el FOME?
Nuestro despliegue de control preventivo incluye, por supuesto, los recursos del FOME que provienen de dos fuentes muy sensibles: el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) y del Fondo de Ahorro y Estabilización, cuya base son las regalías. Ahí está y estará nuestra lupa, no solo con el apoyo de Fiscalía y de la Procuraduría, sino de la propia comunidad a través del control social que es muy importante. Estamos actuando en tiempo y oportunidad para evitar que la corrupción tenga efectos más devastadores que los del COVID-19. No vamos a permitir que esta pandemia sea una excusa para quedarse con el dinero público.
¿A cuánto ascienden los recursos que hasta el momento ha destinado el Gobierno para atender la pandemia y que están en el radar de la Contraloría?
Todos son y serán objetos de control. Por ahora suman cerca de $1,2 billones, pero una vez que entren a regir todas las normas de emergencia podrían llegar a los $12 billones.
¿Cómo evitar que los recursos públicos se desvíen para gastos suntuarios y otros fines no prioritarios para atender la pandemia?
En nuestro caso, la Contraloría dispone de herramientas muy poderosas que nos da el nuevo Régimen de Control Fiscal y las disposiciones que lo reglamentan. El control preventivo con el que estamos actuando tiene soporte tecnológico en la Dirección de Reacción Inmediata (DIARI) para hacer el seguimiento al instante a toda la ejecución de los recursos públicos. Además, este equipo que hemos conformado tiene jugadores muy importantes: la comunidad, las veedurías, los ciudadanos de a pie y la prensa nos están haciendo llegar constantemente sus denuncias, que nos sirven de punto de partida en varias de nuestras actuaciones. Las autoridades, que tienen la obligación de entregar la información precontractual y contractual, están entendiendo que el control preventivo no es para entorpecer sus actuaciones, sino para ayudarlas a que se ajusten a la ley. No podemos sacrificar la pulcritud en aras del afán.
¿Cuál ha sido la denuncia más preocupante hasta el momento?
Los presuntos sobrecostos en los productos dispuestos, en teoría, para garantizar la seguridad alimentaria y también los posibles gastos desorbitados en algunas compras de material médico, en un país que solo tiene hospitales de cuarto nivel en unas pocas capitales. No puede ser que nos quejemos de que falten materiales indispensables para enfrentar la pandemia y que estemos al parecer sobrepagando camas, camillas y otros instrumentos sanitarios.
¿Qué ha detectado la Contraloría en la compra y distribución de mercados y elementos de protección?
Le menciono algunos de los casos más dicientes y que más afectan a las personas más humildes. En el caso de Arauca, el precio de la sal estaba presuntamente 145 % por encima de los precios del mercado; el de la panela estaba al parecer inflado 206 % y el de la pasta estaría 211 %. En Guaduas, Cundinamarca, encontramos presuntos sobrecostos hasta de 374 % en los mercados de plaza para un Hogar de Bienestar. Un kit de mercado ha sido cotizado en algunas regiones en $184.500, cuando la verificación de costo referenciado con cifras del DANE es de $152.294, es decir, cerca de $30.000 por encima. En Coveñas estarían oscilando entre el 21,3 % y el 31,7 % de más en alimentos como arroz, pasta, aceite y lentejas. En Barrancabermeja esos mismos presuntos sobrecostos han llegado hasta 38,8 % en productos de la canasta básica.
¿Qué han encontrado sobre la falta de suministro de elementos de protección a personal de la salud?
Estamos actuando en todos los sitios donde ha habido denuncias sobre el particular. En el Valle, en Magdalena, en Bogotá; allí donde se han perdido valiosas vidas de médicos. Las responsabilidades serán probadas oportunamente y entonces haremos públicos los nombres y razones sociales de quienes deben asumirlas. ¿Qué tan difícil es cauterizar esa vena por donde se pierden tantos recursos de los colombianos? Es un desafío muy grande que exige un esfuerzo conjunto como el que estamos desarrollando con la Procuraduría y la Fiscalía. Pero requiere de mucho más: del concurso de la ciudadanía y de la acción de las autoridades. Si no aprendemos la lección en la actual situación tan crítica, no la aprenderemos nunca.
¿En qué sectores hay más peligro de que se pierdan los recursos destinados para ayudar a los afectados por la pandemia?
Ningún sector puede considerarse libre de riesgos, sobre todo porque algunos de los funcionarios que gestionan recursos no conocen bien los alcances del régimen de excepción y de la urgencia manifiesta. Todavía hay quienes creen que porque pueden contratar más rápido, pueden hacerlo con cualquiera y al costo que sea. Y resulta que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y todos los demás principios que rigen la contratación, empezando por la transparencia, están vigentes.
¿Por qué se tiene la percepción de que los corruptos no les temen a los órganos de control?
Porque hasta ahora los órganos de control no disponían de las herramientas necesarias para disuadir a los corruptos. Pero de aquí en adelante la situación cambiará porque nos vamos a anticipar a sus jugadas. Si reciben a tiempo el castigo, entonces los demás sabrán que jugarle sucio al patrimonio público no seguirá siendo un negocio rentable. Esa consigna tiene que transformarse en realidad.
¿A pesar de los anuncios del frente común de los órganos de control, se siguen presentando pérdida de recursos públicos?
No ahorramos esfuerzos para evitar que eso ocurra. Pero si ocurre, los responsables deben saber que no se mantendrán impunes como en el pasado y que tendrán que devolver peso a peso lo que se hayan robado. Ahora la batalla contra ellos es en serio, y tiene que convertirse, hoy más que nunca, en una causa nacional, de lo contrario, estaremos perdidos.
¿Con todos los compromisos políticos, por la forma de elección del contralor, qué tan difícil es cumplir una ejemplar gestión al frente de la Contraloría General?
Mi único compromiso político es con la Constitución Política. Eso tiene que quedar claro, el buen trato con los distintos sectores de la vida pública no quiere decir que haya complicidades con alguno de ellos. El hecho de haber recibido el respaldo de distintos partidos y vertientes en el momento de mi elección, lejos de convertirme en cautivo de sus intereses, me compromete todos los días a presentar mejores resultados. La independencia de la Contraloría debe garantizarse por encima de cualquier circunstancia. Durante estos 19 meses de gestión le hemos presentado al país resultados concretos que nos ha valido un mayor apoyo ciudadano, que es el que más nos interesa a todos los servidores de la Contraloría.