Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Diversas organizaciones han alertado al mundo de la necesidad de pensar en las personas que se encuentran en cárceles en medio de la pandemia del COVID-19. En Colombia, por ejemplo, el Colegio de Abogados Penalistas ha denunciado las graves consecuencias que tendría el virus en cualquier cárcel. Francisco Bernate Ochoa, su presidente, y Johana Bahamón, cabeza de la Fundación Acción Interna, le hicieron otro llamado al Gobierno y al fiscal general para no ignorar la situación cárcelaria y para que se acaten las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a esta crisis (CIDH).
Consideerando el contexto de la pademia y la situación de la población provada de la libertad, la Comisión recomendó:
1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.
2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.
3. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.
4. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia.
Según ambas organizaciones, la propuesta de la Fiscalía de enviar a la población carcelaria en mayor riesgo de contagio por COVID-19 a bienes que administre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) enfrenta más de una objeción. Entienden la propuesta inviable por las limitaciones legales para destinar los bienes en poder de la SAE. De igual manera, sostienen, el Inpec y la Uspec no cuentan con los recursos necesarios para adecuar estas instalaciones en un corto plazo y así poder atender a los internos. De lograr la adecuación, tampoco se les garantizaría a los internos una alimentación adecuada ni acceso a la salud, cosa que ni siquiera se da en los centros de reclusión en condiciones normales.
(Lea también: Prevenir la pandemia en cárceles es urgente y requiere medidas novedosas: abogados penalistas)
Por lo anterior, el Colegio de Abogados hizo otro llamado al Ministerio de Justicia para que proyecte y expida, con la urgencia que la crisis por la pandemia está pidiendo a gritos, el decreto que permita descongestionar los centros de reclusión y “regular, de manera coherente, libertades y medidas privativas de la libertad en el domicilio”. El gremio de litigantes también exhorta al Gobierno y sus instituciones para que garanticen los principios de dignidad humana, tanto como los derechos de los niños, de la tercera edad, a la salud y a la prohibición de recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Hace dos semanas, el Gobierno decretó la emergencia carcelaria. Ocurrió luego de que en la cárcel Modelo se diera, según las autoridades, un intento de fuga que terminó en 23 muertos. Desde entonces, se espera el decreto que evite que un brote de COVID-19 en las cárceles sea una situación incontrolable. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, explicó que este decreto permitiría excarcelar a miles de personas, bien sea dándoles libertad o casa por cárcel. Sin embargo, el Colegio de Abogados propuso nuevamente evaluar alternativas diferentes y que se tenga en cuenta a los internos con mayor vulnerabilidad ante la epidemia, como mayores de 60 años y mujeres gestantes o con niños a cargo. Así mismo, que se dé prioridad a las personas que estén a punto de cumplir con su sentencia.
(Lea tambien: Una propuesta desde La Picota para solucionar la crisis carcelaria)
Aunque estaba planeado que el Ministerio de Justicia presentara el decreto la semana pasada, no lo hizo. Demoras en la presentación de conceptos, como el de la Fiscalía, habría demorado el proceso. Se espera que en los próximos días se conozca el documento aprobado por el presidente Iván Duque.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.