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A 48 horas de que obreros y trabajadores del sector textil salgan a la calle para retomar sus labores durante la pandemia —producto de la medida del Gobierno que da apertura a los sectores de construcción y manufactura, que es el primer paso para ir abriendo nuevamente la economía— son muchas las dudas que aún rondan entre políticos y expertos sobre el impacto de esa determinación en el incremento del contagio del COVID-19.
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¿Debería o no abrir el país dichos sectores económicos? Es una pregunta que para muchos, si bien no viene al caso porque es una decisión tomada por el presidente Iván Duque, sí da pie a cuestionar las acciones que aún faltan por parte del Ejecutivo para evitar un inminente colapso de la salubridad nacional.
Por ello, la mesa de seguimiento parlamentario a las medidas de control de la enfermedad, conformada por los senadores Roy Barreras, del Partido de la U; Iván Cepeda, del Polo Democrático; y Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, pusieron en conversación a epidemiólogos, virólogos, médicos, entre otros expertos, con Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi); Juan Pablo Uribe, exministro de Salud; y Juan Guillermo Plata, gerente para la atención integral de la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es el panorama y qué acciones se están adelantando y son urgentes de implementar?
Si bien hay opiniones diferentes entre unos y otros expertos, todas apuntan a una idea que se ha manifestado insistentemente desde todos los campos: la falta de articulación entre el Estado, las EPS y demás actores implicados en la respuesta al nuevo coronavirus, un factor que desencadena el resto de problemáticas y que impide que se brinde una atención integral. Estas son los frentes en los que piden que el Gobierno avance.
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Pruebas masivas a población y a profesionales de la salud
De los 10 invitados al diálogo virtual, siete son expertos con conocimiento en epidemias, infecciones respiratorias y el sistema de salud. Zulma Cucunubá, epidemióloga del Imperial College y una de las voces más citadas para analizar el comportamiento del virus SARS-CoV-2 en el país, insistió en que es fundamental que se implementen pruebas masivas a todo el personal de salud que está en la primera línea de contagio.
“Es una forma de garantizar que el sistema de salud pueda responder ante la crisis, porque si se infecta gran parte de los profesionales se pone en riesgo a los pacientes. El testeo masivo sería hacerles pruebas una o dos veces por semana”, dice. Justamente, Cucunubá explicó a los presentes en la charla que si no se hace de esa manera como está pasando actualmente, pues las pruebas diagnósticas que se realizan en este momento “solo controlan algunas cadenas de transmisión. Con la disponibilidad de pruebas actuales no vamos a poder identificar todas”, argumentó.
Según la epidemióloga, hay una tensa calma en Colombia porque efectivamente la transmisión del nuevo coronavirus se ha reducido. Pero, una vez se reactiven las actividades comerciales, como ocurrirá este lunes 27 de abril, el contagio se activará a la par. Y si los casos aumentan muchos de ellos ingresarán al sistema de salud, donde está el personal médico al que, si no se le realizan las pruebas constantemente y no se maneja información al respecto, se perdería el rastro de ese posible foco de contagio. “Puede existir transmisión del personal de salud y pacientes y a la comunidad. Es decir, están en el centro crítico porque son receptores y transmisores. Es necesario potencializar la estrategia de testeo de forma masiva”, reiteró.
Articular esfuerzos de pruebas con universidades y sus laboratorios
Por ello, los presentes le hicieron hincapié al gerente Plata sobre la necesidad de incluir la capacidad de los laboratorios y talento humano de las universidades del país para aumentar la capacidad de pruebas diagnósticas y rápidas diarias. Sobre ese punto la doctora Beatriz Parra, viróloga y PhD. en microbiología molecular e inmunología de la Universidad del Sur de California, manifestó que si las pruebas rápidas se van a realizar, deben hacerse inhouse, es decir, en el país y no traidas de otro lado. Y dio cifras sobre la ayuda de los claustros universitarios para ese trabajo: “Si un laboratorio contara con todos los recursos, se podrían hacer cada dos horas seis o siete platos, es decir, 2.000 o 3.000 pruebas diarias. Entonces, en un mes se podrían hacer hasta 90.000 pruebas en un espacio universitario”, contabilizó.
Vigilancia a la movilidad de los colombianos
Sobre la coyuntura nacional, la Ph.D Lyda Osorio, médica y docente en la Universidad del Valle, fue enfática en que la pregunta a estas alturas no debería centrarse en dar apertura o no: “El interrogante debe ser dónde se abre, cómo y hasta cuándo, porque va a llegar el momento en que sea necesario volver a una medida de aislamiento estricto”. Por ello, ella explicó que los expertos y el Gobierno deben utilizar información georeferenciada del comportamiento del virus y de las personas en tiempo real en todo el territorio colombiano. “Hay sitios en los que no se debería abrir porque el nivel de transmisión se mantiene. Para cuantificar se necesita también análisis de cálculos de esa transmisión e indicadores de la movilidad de las personas en las ciudades”, dijo.
En ese sentido, recordando que por ahora esos datos los consiguen a partir del registro de las cámaras de seguridad en las vías, pero que es crucial que el Gobierno identifique la movilidad a partir de los celulares para acceder a datos más precisos. Es algo, sin embargo, que el Ejecutivo debe solicitar a las empresas de telefonía, como Movistar, Tigo y Claro. Esa idea fue reiterada por el senador Roy Barreras.
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Aplicar medida de aislamiento por regiones, pero teniendo en cuenta la particularidad regional
Sobre la línea de controlar la apertura de la cuarentena, otros expertos complementaron que debe hacerse con un enfoque territorial marcado, teniendo en cuenta la diversidad de las poblaciones y la realidad en el servicio de salud. Mario Hernández, Ph.D en Historia y coordinador del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional, llamó a esa acción “territorializar” la atención.
Hernández enumeró los problemas que enfrentan en municipios y departamentos: la inequidad acumulada entre la población rural y urbana, de género y entre clases sociales, un fenómeno que aqueja la atención de todo el sistema de salud y se evidencia con más fuerza en esta pandemia. Esa inequidad se acentúa, por supuesto, en la disparidad entre la atención que brindan las EPS y el servicio de salud pública por parte de los entes territoriales.
“Creemos que hay una tensión muy fuerte porque el mecanismo de protección—en este caso se refiere al servicio prestado para salvaguardar la salud, es decir, estar asegurados bajo el régimen contributivo o subsidiado— frente a cada individuo está concentrado en la demanda y en la atención. No se ha desarrollado un modelo de gestión de riesgo individual y se necesita para mutar a una atención temprana de la enfermedad”, dice el académico.
Bajo ese contexto, Hernández propuso que las debilidades del sistema de salud se corrijan a partir de una atención que se dé en los territorios y a la que se le inyecten recursos. Para ello revivió el modelo de los consejos territoriales de seguridad social y salud —un espacio de concertación que por ley es viable, pero que no se aplica en el presente—. “Allí deben participar delegados de las EPS de ambos regímenes, delegados de hospitales y clínicas, de universidades, del sector privado y usuarios, que discutan el uso de recursos. Esto requiere mucha vigilancia, pero sin duda es algo que va más allá de realizar contratos y comprar mercados”, concluyó.
Por su parte, el senador Roy Barreras atribuyó que el problema está enquistado en la llamada tramitología que empaña y retrasa los procedimientos de la salud. Mientras eso se soluciona, hizo una propuesta para mitigar el contagio de la población y disminuir la posibilidad del colapso del sistema. "Es indispensable que el Gobierno tenga una primera medida: que dispona millones de tapabocas distribuidos gratis en la calle. Tendrán que ser por lo menos 50 millones de tapabocas", planteó.
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Sobre ello, el senador Juan Luis Castro añadió que en efecto los hospitales y las clínicas en las regiones aún no cuentan con las condiciones para atender a los pacientes. Mientras Castro hizo referencia a la precariedad, por ejemplo, que viven los doctores, enfermeros y enfermeras del Pacífico colombiano y otros lugares del interior, el doctor Julio César Castellanos, gerente del Hospital Universitario San Ignacio, un centro médico de cuarto nivel, resaltó que su hospital necesita ventiladores, pruebas rápidas y elementos de protección.
Por tanto, pidió al Gobierno focalizar la atención también en esos aspectos, diferenciando qué se puede conseguir en el país y que debe solicitarse en el exterior. En ese sentido, reiteró en que debe haber una verificación de los implementos que la industria nacional está produciendo (como batas para el personal médico, tapabocas, máscaras, y alcohol).
¿Cómo manejar una pandemia en un país con actores armados?
Este fue un asunto que puso sobre la mesa el Saúl Franco, Ph.D en salud pública, quien ahondó en que a ese fenómeno social se le suman otros como el hacinamiento y la falta de agua potable en lugares como el Chocó. “Es gravísimo. Las cárceles, los inquilinatos, son espacios donde las medidas del Gobierno pierden parte de la eficacia. Además, esta pandemia llega a unas regiones donde aún hay conflicto armado. El algunos lugares, grupos armados están amenazando a la gente, diciéndole a las personas que si les da coronavirus los matan", explicó.
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Y añadió: “Debe haber pautas nacionales, pero este es un país de regiones y se requiere una clara complementariedad entre ambos espectros. Tenemos que volver a la salud pública, en que nos salvamos en colectivo, q esto no nos salva un sistema de salud fraccionado como el que tenemos, sino en una salud en la que todos podamos vivir con la mayor dignidad”, Pidió que se insista que todos los actores armados, legales e ilegales, cesen el fuego porque “una cosa es enfermarse en una situación tranquila, pero entra en una de guerra”. Como sus compañeros, reiteró la importancia de abandonar el sistema de salud fragmentado y retomar la salud pública.
Por su lado, Roosvelt Rodríguez, senador del Partido de la U, expuso su preocupación sobre la decisión del Gobierno, pues con esta se deja en un alto riesgo a los cuatro o cinco millones de trabajadores de esos sectores económicos que volverán a las calles desde el lunes. “Lo que ha evidenciado esta pandemia es crisis social enorme. La infraestructura de salud no está preparada para atender esto. En las regiones la queja de alcaldes y gobernadores es que no llegan los recursos de la nación para avanzar en el combate del COVID-19. Es es un llamado que tenemos que hacerle al doctor Plata”, dijo.
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También, puntualizó en que ve muy confiado al presidente y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la idea de que las empresas van a ser responsables de sus trabajadores y cumplirán con su protección. Así mismo, evidenció la desarticulación que hay entre las ARL a la hora de cumplir con los decretos que les piden proveer los artículos de bioseguridad a los profesionales médicos.
“Esto no está sucediendo. Las ARL dicen que deben ser las clínicas las que atiendan ese requerimiento. Las clínicas, por su lado, no tienen dinero. Los entes del Estado deben articularse y ponerse al unísono ante la crisis. Los poderes del Estado deben actuar de manera rápida y eficiente porque se van derivando las responsabilidades y no termina pasando nada”, finalizó.
Las respuestas frente a las peticiones
Fueron más de dos horas de conversación entre 10 invitados. En ese encuentro, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aclaró que su principal preocupación es la disminución del empleo y que esto derive en un incremento de la pobreza y la pobreza extrema. Por ello, manifestó que apoya la apertura económica del sector textil y de construcción. “Se inició con los sectores de abastecimiento y ahora con los dos que permitió el presidente. Es necesaria la generación de ingresos”, dijo.
Por su lado, Juan Pablo Uribe, exministro de Salud, comunicó que está a favor de la apertura controlada porque los efectos colaterales y el daño en la economía también terminará afectando a la sociedad colombiana. “No creo que una opción sea quedarnos encerrados, tampoco sea negar el riesgo, creo que debemos encontrar un camino intermedio para retomar la vida con responsabilidad y aprendiendo de nuevo de lo que ya sabemos de la enfermedad. Tenemos que ser pragmáticos y realistas”, advirtió.
Tanto él como los expertos afirmaron en que todas las medidas deben estar acompañadas de un componente que impacte en el cambio cultural, es decir, en un comportamiento salubre más estricto. Según Uribe, la adopción de esos protocolos y de políticas públicas específicas para cuidar a los grupos de mayor riesgo donde se concentra el virus, permitirá focalizar la atención y de esa manera intervenir barrios y localidades que estén en mayor riesgo de contagio.
Finalmente, el Gobierno recibió todas las recomendaciones y explicó las medidas en las que están avanzando. En nombre de Juan Guillermo Plata habló Andrés Villamizar, economista y quien está acompañando a Plata en la atención integral al virus. Manifestó que el Gobierno está agilizando la compra tanto de ventiladores como de camas UCI. “Hay un faltante catastrófico, pero queremos llegar como mínimo a 10.000 ventiladores”, expresó.
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Aunque fueron generales sus comentarios sobre la adquisición de elementos de protección y el trabajo articulado con entes territoriales, ciudadanía y universidades, enfatizó en la compra de pruebas. “Logramos adquisición de 1’200.000 kits de extracción. Con eso vamos a ampliar capacidad de hacer pruebas en los 40 laboratorios habilitados. Estas se podrán hacer hasta final de año”, anunció.
Y añadió que el Gobierno ha ampliado la definición de los criterios de los casos de COVID-19, que era algo que pedían las EPS. “Se amplió a ocho criterios, como contacto con el enfermo, contacto con alguien con cualquier síntoma respiratorio, conglomerados sociales, y fallecidos de quienes se sospechaba como portadores de la enfermedad, pero a quienes en vida no se les realizó prueba, entre otros. Eso sirve para pasar a una manera proactiva de buscar los casos que están ahí afuera. Aclaramos con las EPS que estas pueden hacer las pruebas. Esto nos permite pasar en un corto plazo de 3.000 a 7.000 pruebas diarias. Y si le sumamos a eso los kits de extracción, estaríamos en 12 mil pruebas por día”.