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Durante el programa de "Acción y Prevención" —en el que diariamente el presidente Iván Duque muestra resultados de su gobierno frente a la gestión del COVID-19—, Fernando Ruiz, ministro de Salud, explicó el alcance del decreto 538 de 2020 y anunció cambios al mismo. Cuando se expidió la norma causó polémica entre los profesionales de la salud porque dicta que estos deben estar listos y prestos, de manera obligatoria, a atender el llamado nacional en caso de necesitarles para atender el nuevo virus. Sin embargo, durante el espacio institucional explicó que esa disposición fue modificada este jueves mediante la firma de la resolución 628. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)
La nueva decisión aclara que la obligatoriedad solo será si el país se encuentra en una situación extrema en la que no tenga capacidad de atender y se necesiten a los profesionales de la salud. Define una serie de esquemas voluntarios de notificación, lo que queremos es el bienestar de los profesionales de la salud para atender el COVID-19, aclaró. (Puede leer: Gobierno obliga a trabajadores de salud a estar disponibles para la emergencia de Covid-19)
Así las cosas, según el ministro Ruiz, la resolución atiende los llamados de la comunidad médica, enfermeros y enfermeras, y auxiliares, que continúan solicitando implementos de bioseguridad para minimizar el riesgo de contagio mientras ejercen su trabajo. Ante estos reclamos, Ruiz explicó que el llamado que hicieron se entiendió como obligatorio, "situación que copia de alguna manera la legislación de países como Canadá. Pero hemos trabajado con varias asociaciones de profesionales, revisamos y expedimos una nueva resolución", añadió el jefe de cartera.
Además, anunció que en los próximos días autorizará a las reservas técnicas de las EPS para pagar cuentas de IPS. "Tenemos IPS que han venido sufriendo porque han dejado de tener demanda de servicios y los hospitales están desocupados. Se podrían emplear para atender pacientes con COVID-19, pero no le generaría ingresos a estos centros", comentó Ruiz.
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Por medio de un decreto, el ministerio de Salud autorizará que, con las reservas técnicas de las EPS, se puedan pagar las cuentas atrasadas que tengan algunas IPS. En total, se destinarán $1.7 billones y, una vez el decreto salga oficialmente, la EPS tiene hasta 20 días para establecer su plan de compra y anunciar qué IPS va a pagar.
Una vez la EPS defina esos dos puntos, tendrán cinco días para notificar a la Supersalud. "No podrán distribuir esos recursos entre empresas de su propiedad", sentenció Ruiz. (Puede leer: La colombiana que busca la vacuna contra el coronavirus)