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La crisis ocasionada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades y vulnerabilidades existentes en el país y las dificultades de acción coordinada en el ámbito internacional. En términos de salud, implica una carga extraordinaria en sistemas de por sí insuficientes y fragmentados. Acentúa, además, las condiciones de acceso desigual a la atención médica según el nivel de ingreso y el lugar de residencia.
Por otra parte, las medidas para reducir los efectos directos de la enfermedad, como el aislamiento obligatorio y el cese de actividades, implican efectos graves en la oferta y la demanda en el corto y largo plazo, a nivel agregado y sectorial, que se traducen en desempleo, reducción de ingresos, aumento de la pobreza, quiebra de empresas y menor crecimiento económico. Estos fenómenos afectan a los más pobres y vulnerables.
En el caso de Colombia, al inicio de 2020, las proyecciones de crecimiento del PIB estaban cercanas a 3,3 %. A raíz de la pandemia se han ajustado a -2,5 % en promedio, con valores cercanos a -5 %. En términos de pobreza extrema, se estima un aumento en la incidencia de este indicador de entre 2,2 y 7,3 puntos porcentuales (que implicaría que se duplique el número de personas en pobreza extrema).
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Ante estos impactos económicos y sociales de la pandemia, y de las medidas para contenerla, los gobiernos alrededor del mundo están haciendo grandes esfuerzos en el corto plazo por mejorar su capacidad de atención en salud, por apoyar a las poblaciones más vulnerables económicamente y a las empresas a sobrellevar la crisis. En el mediano plazo están preparando la estrategia que permita la recuperación de la economía.
Existe la tentación de volver lo más rápidamente posible a la normalidad, es decir, a la estructura productiva que ha impulsado el crecimiento, con los cambios en procesos y formas de relacionarse necesarios para reducir el riesgo de contagio. Sin embargo, esto puede traer un respiro en el corto plazo, pero no mejorará las capacidades para enfrentar crisis futuras, como el cambio climático.
El COVID-19 puede verse como una prueba de lo que significarán las variaciones en temperatura y precipitaciones, incremento en frecuencia e intensidad de desastres naturales, aumento del nivel del mar y acidificación de los océanos, entre otros, ya que nuestro nivel de preparación también es bajo y no se ha logrado la reducción de emisiones a escala internacional necesaria para evitar los escenarios más graves.
Ahora bien, la estrategia de reactivación de la economía poscovid es una oportunidad única para promover una recuperación verde e inclusiva, que provea ingresos y empleo, pero que también logre mayor productividad, resiliencia y equidad de la economía y la sociedad. De otro modo, las generaciones futuras tendrán la responsabilidad de pagar la deuda en la que se incurra en este momento para enfrentar los efectos de la pandemia y, además, las futuras crisis asociadas con el cambio climático y pérdida de biodiversidad.
Para armonizar los objetivos de corto plazo, en cuanto a generación de empleos e ingreso con las metas de mediano y largo plazo de reducción de emisiones y de desigualdad, es necesario que los paquetes de estímulos tengan las siguientes características: 1) Que prioricen inversiones en tecnologías verdes, transporte limpio, agricultura sostenible y resiliencia climática. 2) Que los apoyos que se den a empresas o sectores intensivos en carbono estén condicionados a una trayectoria de reducción de emisiones. 3) Que eviten inversiones que generen dependencia tecnológica en alternativas intensivas en carbono. 4) Que los estímulos formen parte de una trayectoria de innovación e inversión para las próximas décadas, es decir, que duren el tiempo suficiente para dar certidumbre y estabilidad a las actividades bajas en carbono. 5) Que estén acompañados por un paquete de reformas estructurales que apuntalen los nuevos sectores y faciliten el cambio tecnológico y productivo, de forma que no estén en desventaja frente a tecnologías o sectores tradicionales.
Hay un portafolio amplio de inversiones que pueden crear empleo en el corto plazo y generar sostenibilidad en el largo, además de beneficios de crecimiento. Para identificarlos se puede partir del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes integrales de gestión de cambio climático sectoriales (Pigccs) y territoriales (Pigcct) y evaluarlos según sus resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo.
Por ejemplo, puede pensarse en proyectos de eficiencia energética para edificios existentes, generación de energía renovable, preservación o restauración de áreas naturales que proveen servicios ecosistémicos y protección contra inundaciones, sequías y huracanes, remediación de tierras contaminadas, inversiones en plantas de tratamiento y saneamiento de agua, infraestructura sostenible de transporte, como ciclorrutas o sistema metro, entre otros.
A la par que se desarrollan nuevos proyectos y se dan apoyos con estos criterios, es necesario mantener los estándares de emisiones, regulaciones e impuestos ambientales, incluido el impuesto al carbono que da la señal de precios correcta para la inversión e innovación en tecnologías bajas en carbono. Adicionalmente, los ingresos generados por este impuesto pueden utilizarse para ayudar a los hogares más vulnerables, reducir impuestos distorsionantes e invertir en salud, educación e infraestructura.
La crisis del COVID-19 es una llamada para que Colombia esté mejor preparado para la crisis climática, que será más grande en todas las dimensiones y durará más tiempo. Si somos capaces de implementar a escala rápida y masiva procesos económicos de menor contacto y mayor bioseguridad para enfrentar el COVID-19, sin duda seremos capaces de hacer los cambios necesarios que nos hagan más resilientes ante el cambio climático.
* Vicepresidente general del Consejo Privado de Competitividad