Aprobado presupuesto, se viene la ley de financiamiento

El fin del debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año, al que la mayoría del Congreso de la República le dio luz verde en la noche del miércoles, implicó casi de inmediato el inicio de otra discusión: la ley de financiamiento, a través de la cual se conseguirían los recursos que, según el Ministerio de Hacienda, hacen falta en las cuentas para 2019.

Así lo afirmó la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, ponente del proyecto que fue aprobado primero en la Cámara de Representantes y minutos después en el Senado, con 113 votos a favor y 18 en contra y 68 votos positivos y 18 negativos, respectivamente. Según la congresista, el hueco de $14 billones se “atenderá” con la llamada ley de financiamiento que presentará el gobierno del presidente Iván Duque.

Inicialmente el déficit se había calculado en $25 billones, pero se redujo después de un canje de deuda que realizó el gobierno hace unas semanas, que amplió los plazos en los que Colombia deberá cumplir con sus obligaciones. Le puede interesar: ¿Se debe aumentar el endeudamiento del Gobierno?

“La disyuntiva del Congreso hacia adelante es que, si la idea es gastar lo que se aprobó, hay que conseguir financiamiento, y no puede ser a través de deuda, porque la regla fiscal no lo va a permitir. Entonces, habría que hacer una reforma tributaria más o menos de ese tamaño”, explicó Marc Hofstetter, profesor de economía de la Universidad de los Andes.

Se espera que el Ministerio de Hacienda lleve la propuesta al Congreso de la República en los próximos días, probablemente la semana que viene, según fuentes cercanas. El jefe de esa cartera, Alberto Carrasquilla, advirtió que, de no aprobarse el nuevo proyecto de ley, habría que hacer recortes en el gasto.

Lea también: El plan para achicar el Estado y direccionar subsidios

Entre los aspectos del contenido de esa iniciativa que ha anticipado el Ministerio de Hacienda está que se dividirá en varios capítulos. El primero de ellos buscaría “reformular” los gastos administrativos del Estado. Habría también propuestas para la lucha contra la evasión y reformas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Pero quizá el apartado que más ha encendido el debate es el que abordaría el asunto tributario. En particular, lo que se proponga en materia de IVA, si su tasa se reducirá (sin que afecte el recaudo, por ejemplo, combatiendo la evasión) y si el gravamen se extenderá a toda la canasta básica, a cambio de mecanismos que “anticipen” o “devuelvan” recursos a las familias de menores ingresos. Esto último ha sido un aspecto ampliamente criticado, por ejemplo, por quienes ponen en duda la efectividad de dichos mecanismos, mientras que hay quienes sostienen que el país está preparado para hacer ese tipo de transferencias, como ha ocurrido con Más Familias en Acción. 

Para el senador opositor Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, la aprobación del presupuesto, por un lado, se hizo a “pupitrazo” y, por otro, representa una “camisa de fuerza” que dejó de lado la discusión de transferir recursos de unos sectores a otros (para intentar cubrir el faltante) y el “problema” de la deuda. “El principal rubro en el presupuesto no es la educación, sino la deuda”, dijo.

Precisamente este jueves, el Ministerio de Hacienda publicó la “Estrategia de la gestión de la deuda de mediano plazo”, un documento con miras a cinco años que tiene entre sus objetivos disminuir el costo de la deuda a mediano plazo “bajo límites prudentes de riesgo”, según esa cartera. El texto reconoce la escalada de la relación entre la deuda del Gobierno y el PIB en los últimos años, hasta 46,4 %, a partir de la caída de los precios del petróleo en 2014.

El presupuesto general de la nación que pasó esta semana es 10,9 % superior al de 2018. Suma un total de $258,9 billones, de los cuales más de $51 billones van destinados al servicio de la deuda (4,8 % del PIB). Para la educación se aprobaron $41,4 billones, seguido por Defensa, con $33 billones, y Salud, con $32 billones (ver gráfico).

El fin del debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año, al que la mayoría del Congreso de la República le dio luz verde en la noche del miércoles, implicó casi de inmediato el inicio de otra discusión: la ley de financiamiento, a través de la cual se conseguirían los recursos que, según el Ministerio de Hacienda, hacen falta en las cuentas para 2019.

Así lo afirmó la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, ponente del proyecto que fue aprobado primero en la Cámara de Representantes y minutos después en el Senado, con 113 votos a favor y 18 en contra y 68 votos positivos y 18 negativos, respectivamente. Según la congresista, el hueco de $14 billones se “atenderá” con la llamada ley de financiamiento que presentará el gobierno del presidente Iván Duque.

Inicialmente el déficit se había calculado en $25 billones, pero se redujo después de un canje de deuda que realizó el gobierno hace unas semanas, que amplió los plazos en los que Colombia deberá cumplir con sus obligaciones. Le puede interesar: ¿Se debe aumentar el endeudamiento del Gobierno?

“La disyuntiva del Congreso hacia adelante es que, si la idea es gastar lo que se aprobó, hay que conseguir financiamiento, y no puede ser a través de deuda, porque la regla fiscal no lo va a permitir. Entonces, habría que hacer una reforma tributaria más o menos de ese tamaño”, explicó Marc Hofstetter, profesor de economía de la Universidad de los Andes.

Se espera que el Ministerio de Hacienda lleve la propuesta al Congreso de la República en los próximos días, probablemente la semana que viene, según fuentes cercanas. El jefe de esa cartera, Alberto Carrasquilla, advirtió que, de no aprobarse el nuevo proyecto de ley, habría que hacer recortes en el gasto.

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Entre los aspectos del contenido de esa iniciativa que ha anticipado el Ministerio de Hacienda está que se dividirá en varios capítulos. El primero de ellos buscaría “reformular” los gastos administrativos del Estado. Habría también propuestas para la lucha contra la evasión y reformas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Pero quizá el apartado que más ha encendido el debate es el que abordaría el asunto tributario. En particular, lo que se proponga en materia de IVA, si su tasa se reducirá (sin que afecte el recaudo, por ejemplo, combatiendo la evasión) y si el gravamen se extenderá a toda la canasta básica, a cambio de mecanismos que “anticipen” o “devuelvan” recursos a las familias de menores ingresos. Esto último ha sido un aspecto ampliamente criticado, por ejemplo, por quienes ponen en duda la efectividad de dichos mecanismos, mientras que hay quienes sostienen que el país está preparado para hacer ese tipo de transferencias, como ha ocurrido con Más Familias en Acción. 

Para el senador opositor Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, la aprobación del presupuesto, por un lado, se hizo a “pupitrazo” y, por otro, representa una “camisa de fuerza” que dejó de lado la discusión de transferir recursos de unos sectores a otros (para intentar cubrir el faltante) y el “problema” de la deuda. “El principal rubro en el presupuesto no es la educación, sino la deuda”, dijo.

Precisamente este jueves, el Ministerio de Hacienda publicó la “Estrategia de la gestión de la deuda de mediano plazo”, un documento con miras a cinco años que tiene entre sus objetivos disminuir el costo de la deuda a mediano plazo “bajo límites prudentes de riesgo”, según esa cartera. El texto reconoce la escalada de la relación entre la deuda del Gobierno y el PIB en los últimos años, hasta 46,4 %, a partir de la caída de los precios del petróleo en 2014.

El presupuesto general de la nación que pasó esta semana es 10,9 % superior al de 2018. Suma un total de $258,9 billones, de los cuales más de $51 billones van destinados al servicio de la deuda (4,8 % del PIB). Para la educación se aprobaron $41,4 billones, seguido por Defensa, con $33 billones, y Salud, con $32 billones (ver gráfico).