Así se vive aguas arriba de Hidroituango

Para llegar a Ituango (Antioquia) desde el sur es necesario cruzar de una orilla del río Cauca a la otra. Antes era posible usando el puente Pescadero, pero la estructura quedó sumergida a principios de mayo por el caudal, luego de los taponamientos del túnel de desviación en Hidroituango, proyecto de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Se activó, entonces, un plan de movilidad para comunicar el municipio con el resto del departamento*.

El paso de un lado a otro hoy se hace a través de la obra, por encima de la presa que durante la última semana fue escenario de una carrera contra el tiempo. Las volquetas trabajaban a toda marcha para alcanzar en el muro la altura de 410 metros sobre el nivel del mar que evitara que el Cauca, en caso de crecer, se desbordara y ocasionara una avalancha sin precedentes.

Lea también: La vida, como el agua, siguió en Valdivia

Para cruzar hay que transitar por los túneles del proyecto hidroeléctrico. Bajo el suelo se encuentra la casa de máquinas, la misma que EPM decidió inundar el 10 de mayo para impedir que el nivel del río represado siguiera subiendo. La caída subterránea del agua deja aire atrapado que, como sea, trata de salir. Por eso, al pasar por los túneles se escucha como si la montaña estuviera tratando de respirar. Con cada inhalación y exhalación se nubla todo alrededor y se tapan los oídos.

La vía se abre tres veces al día: a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. El tránsito se hace en caravanas. Hacia Ituango, los escoltas acompañan hasta el sector conocido como El Bombillo, en donde, por estos días, se encuentran familias albergadas, que afirman ser damnificadas por el embalse. Aseguran que el aumento del caudal el 28 de abril, en la playa Sardinas, se llevó sus ranchos, animales y herramientas de trabajo para hacer minería artesanal.

Lea también: Mascotas, las otras víctimas de la emergencia de Hidroituango

Yamil Higuita, uno de los albergados, señala que tras la instalación del proyecto “los peces no volvieron a subir. El río es como una tienda, si no llega surtido, se acaba. No hay forma de pescar, entonces estábamos trabajando el oro. Ahora, al llenarse las playas por el taponamiento, ya no pudimos trabajarlo”.

“Nos desplazamos acá porque no tenemos adónde ir”, afirma Alba Torres. Dicen ser 15 familias y pasan los días en una suerte de cambuches formados con plásticos y camas tendidas sobre escombros al lado de la vía. Cocinan en improvisadas fogatas y se bañan en la cañada.

“Aquí nos colaboran más que en el propio pueblo. Allá en el coliseo están a lo que Dios les lleve”, respondió Alba Lucía a mi pregunta de por qué se ubicaron en la carretera, a la espera de la solidaridad de los conductores que pasan por ahí tres veces al día, y no en el coliseo municipal, en donde hay otro grupo de albergados (que dicen ser 23), articulados con el movimiento Ríos Vivos. “Para uno reclamar sus derechos no necesita inscribirse a ninguna asociación”, agregó Alba.

Lea también: Celebración a medias por Hidroituango

Lo mismo piensa Sara**. “Nunca me quise salir del río”, cuenta. Hasta que sus vecinos le empezaron a advertir por la creciente: “Doña Sara, ¡muévale!”. Entonces se dio cuenta de que el aumento del caudal era inminente y que debía abandonar la playa. “Las gallinas ariscas no se dejaron coger, entonces se quedaron allá. También los gatos”. Añade: “Me volé con la batea, fue lo único que salvé, la mera batea y tres gallinitas”.

Doña Sara ha sido víctima del conflicto armado. Asesinaron a dos de sus hijas y a otro, luego de una tortura, lo dejaron con secuelas permanentes. A pesar de eso, afirma, con agua en los ojos: “Nunca me había tocado una vida tan dura. Ahora no sé dónde vamos a trabajar, no tenemos a quién pedirle nada”. Eso me lo contó mientras de su mochila sacaba un pequeño atado de tela. Adentro había un polvillo dorado. Dice que es el oro que sacó el último domingo. “No lo quiero vender. Es el recuerdo de mi río, que fue el papá de nosotros por tantos años”.

Salir de la orilla, según relatan, fue más difícil aún al no encontrar ayuda humanitaria en la cabecera municipal. “Por la noche (del 3 de mayo) nos trajeron para acá, nos dijeron que al otro día nos resolverían la alimentación. Han pasado 20 días y no lo han hecho”, cuenta María Eugenia Gómez, refugiada en el coliseo. Justo el día que los conocí, el miércoles 23 de mayo, llegaron las primeras ayudas, por parte del Dapard, productos como enlatados, panela, aceite, pastas y otros. Una de las quejas de los damnificados es que el tamaño de los kits es el mismo, independientemente del tamaño de la familia.

Vea: Así se vive la evacuación por la emergencia de Hidroituango

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de Ituango, Hernán Darío Álvarez, en entrevista con este diario, afirmó: “A las personas que están allí en Guasimal (El Bombillo) se les ha prestado atención por parte de la Alcaldía. La comisaría de familia estuvo la semana pasada y han estado los cuerpos de socorro. Las personas a veces tienen pretensiones mayores, pero trabajamos con los recursos que tiene la administración”.

Con respecto al coliseo, sostuvo que “también nos hemos reunido con las personas que están allí” y resaltó las ayudas que finalmente llegaron y que, según la administración municipal, se solicitaron el 4 de mayo (fecha de la que también hablan la Defensoría del Pueblo y la Personería), pero tardaron casi tres semanas en estar disponibles. En total, en los registros que tiene la Alcaldía, hay 127 personas que dicen ser afectadas y 14 en un listado que, dice la autoridad, pasó el grupo albergado en el Coliseo.

Según Álvarez, la prioridad ha sido armar un plan de contingencia de movilidad en caso de que la situación en la presa se agrave. “Sólo un día estuvimos sin el paso (el miércoles 16, cuando ocurrió la emergencia en casa de máquinas) y empezamos a ver el desabastecimiento. Si ocurre alguna emergencia o calamidad, serían 25.000 personas afectadas. Hemos prestado atención a cómo vamos a solucionar el paso de pasajeros y de la carga”.

Con respecto al futuro de las personas albergadas, el alcalde explicó que, junto con la Secretaría de Minas, está haciendo un cotejo para ver cuántos están en el sistema reconocidos como barequeros. Señaló que es necesario hacer “un estudio profundo” para esclarecer la situación de las personas que se declaran damnificadas. La administración agregó que, debido a que la inundación de las playas impidió hacer la verificación de las afectaciones in situ, no se puede afirmar que todos los albergados son damnificados, pero que se presume la buena fe y por eso presta la atención de emergencia.

Lea también: Autoridades ajustan niveles de alerta por Hidroituango

El alcalde, quien expresó su “solidaridad con el proyecto hidroeléctrico”, afirma que contaban con que la comunidad perdería el puente Pescadero una vez se hiciera el llenado del embalse, a mitad de año. De hecho, sobre la presa quedará la vía definitiva para entrar y salir de Ituango. Pero los planes se adelantaron y de la forma quizá más abrupta. Por eso, la administración también sostiene que estas personas tenían “previo conocimiento” de que tendrían que dejar las playas. Por tanto, las ayudas fueron sólo por la emergencia, pero no se extenderán.

La Personería, por su parte, hizo un llamado a “que se mire con lupa” el asunto de quiénes deben recibir una indemnización. Una de las quejas que se escucha con frecuencia es que EPM hizo “mal” el censo, hace casi 10 años. “Censaron gente en el puente y no fueron a las playas donde estaba la gente trabajando”, dice Yamil Higuita. Sobre quienes afirman que de la situación hay “avivatos” que se tratan de aprovechar, agrega: “¿para qué no fueron a las playas? Es responsabilidad de ellos (EPM) averiguar quién es el avivato o no”.

¿Qué dice EPM?

La siguiente es la respuesta por escrito que Jorge Ignacio Castaño Giraldo, director Ambiental, Social y Sostenibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, envió a El Espectador:

EPM realizó la toma de información censal en tres momentos, de acuerdo con los hitos, la leyes 56 del 81 y la 99 del 93. El primer momento fue en 2006, en el marco del estudio de impacto ambiental. El segundo en 2008, previa la declaratoria de utilidad pública e interés social para el licenciamiento del proyecto. Durante 2009 y 2010, en los diseños definitivos, se actualizó la información censal. La metodología fue concertada con líderes, personerías y alcaldes, teniendo en cuenta el calendario económico, el verano y el veranillo.

El proyecto cuenta con el mecanismo de quejas y reclamos abierto a los ciudadanos por medio de las oficinas de atención a la comunidad.

EPM no pone en tela de juicio que las personas sean mineras, se trata de que en su condición de pública debe soportar de manera objetiva su accionar. Por tal razón, los reclamantes deben soportar por qué no estuvieron en los momentos de la toma de información.

Los predios son propiedad del proyecto, de acuerdo con el MVU (Manual de Valores Unitarios) aprobado por el MME (Ministerio de Minas y Energía).

Las playas ocupadas por quienes aducen ser damnificados son propiedad del proyecto y, muchos de ellos, están notificados para de acuerdo con el procedimiento para restablecer la propiedad. Otros han sido compensados. Otros tienen la compensación en el juzgado. Otros no están en el censo ni han soportado objetivamente por qué no estaban durante la toma de información.

Las personas impactadas en su actividad económica y que se encuentran en el censo han sido compensadas de acuerdo con el real impacto. A la fecha, EPM no tiene personas o familias censadas de Ituango pendientes por concertar.

El proyecto ha concertado con el 93 % de la población impactada. Sólo faltan 22 mineros, a quienes se les adelanta en proceso de información y de consulta para la concertación y posterior firma del contrato.

El proyecto no tiene damnificados en Ituango. Al contrario, previa la situación ocurrida adelantaba el debido proceso para restablecer los bienes de su propiedad, ocupados de manera irregular por estos ciudadanos.

*Nota del editor: En la noche del sábado 26 de mayo, EPM informó que las caravanas para llegar y salir de Ituango, de las que habla este artículo, que forma parte de la edición dominical impresa, quedaron suspendidas a causa de un nuevo derrumbe registrado en horas de la tarde del mismo día. Agregó que la movilización de pasajeros entre un lado del río y el otro se empezaría a desarrollar a partir de las seis de la mañana del día siguiente, por medio de lanchas.

** Nombre cambiado por petición de la fuente.

Para llegar a Ituango (Antioquia) desde el sur es necesario cruzar de una orilla del río Cauca a la otra. Antes era posible usando el puente Pescadero, pero la estructura quedó sumergida a principios de mayo por el caudal, luego de los taponamientos del túnel de desviación en Hidroituango, proyecto de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Se activó, entonces, un plan de movilidad para comunicar el municipio con el resto del departamento*.

El paso de un lado a otro hoy se hace a través de la obra, por encima de la presa que durante la última semana fue escenario de una carrera contra el tiempo. Las volquetas trabajaban a toda marcha para alcanzar en el muro la altura de 410 metros sobre el nivel del mar que evitara que el Cauca, en caso de crecer, se desbordara y ocasionara una avalancha sin precedentes.

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Para cruzar hay que transitar por los túneles del proyecto hidroeléctrico. Bajo el suelo se encuentra la casa de máquinas, la misma que EPM decidió inundar el 10 de mayo para impedir que el nivel del río represado siguiera subiendo. La caída subterránea del agua deja aire atrapado que, como sea, trata de salir. Por eso, al pasar por los túneles se escucha como si la montaña estuviera tratando de respirar. Con cada inhalación y exhalación se nubla todo alrededor y se tapan los oídos.

La vía se abre tres veces al día: a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. El tránsito se hace en caravanas. Hacia Ituango, los escoltas acompañan hasta el sector conocido como El Bombillo, en donde, por estos días, se encuentran familias albergadas, que afirman ser damnificadas por el embalse. Aseguran que el aumento del caudal el 28 de abril, en la playa Sardinas, se llevó sus ranchos, animales y herramientas de trabajo para hacer minería artesanal.

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Yamil Higuita, uno de los albergados, señala que tras la instalación del proyecto “los peces no volvieron a subir. El río es como una tienda, si no llega surtido, se acaba. No hay forma de pescar, entonces estábamos trabajando el oro. Ahora, al llenarse las playas por el taponamiento, ya no pudimos trabajarlo”.

“Nos desplazamos acá porque no tenemos adónde ir”, afirma Alba Torres. Dicen ser 15 familias y pasan los días en una suerte de cambuches formados con plásticos y camas tendidas sobre escombros al lado de la vía. Cocinan en improvisadas fogatas y se bañan en la cañada.

“Aquí nos colaboran más que en el propio pueblo. Allá en el coliseo están a lo que Dios les lleve”, respondió Alba Lucía a mi pregunta de por qué se ubicaron en la carretera, a la espera de la solidaridad de los conductores que pasan por ahí tres veces al día, y no en el coliseo municipal, en donde hay otro grupo de albergados (que dicen ser 23), articulados con el movimiento Ríos Vivos. “Para uno reclamar sus derechos no necesita inscribirse a ninguna asociación”, agregó Alba.

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Lo mismo piensa Sara**. “Nunca me quise salir del río”, cuenta. Hasta que sus vecinos le empezaron a advertir por la creciente: “Doña Sara, ¡muévale!”. Entonces se dio cuenta de que el aumento del caudal era inminente y que debía abandonar la playa. “Las gallinas ariscas no se dejaron coger, entonces se quedaron allá. También los gatos”. Añade: “Me volé con la batea, fue lo único que salvé, la mera batea y tres gallinitas”.

Doña Sara ha sido víctima del conflicto armado. Asesinaron a dos de sus hijas y a otro, luego de una tortura, lo dejaron con secuelas permanentes. A pesar de eso, afirma, con agua en los ojos: “Nunca me había tocado una vida tan dura. Ahora no sé dónde vamos a trabajar, no tenemos a quién pedirle nada”. Eso me lo contó mientras de su mochila sacaba un pequeño atado de tela. Adentro había un polvillo dorado. Dice que es el oro que sacó el último domingo. “No lo quiero vender. Es el recuerdo de mi río, que fue el papá de nosotros por tantos años”.

Salir de la orilla, según relatan, fue más difícil aún al no encontrar ayuda humanitaria en la cabecera municipal. “Por la noche (del 3 de mayo) nos trajeron para acá, nos dijeron que al otro día nos resolverían la alimentación. Han pasado 20 días y no lo han hecho”, cuenta María Eugenia Gómez, refugiada en el coliseo. Justo el día que los conocí, el miércoles 23 de mayo, llegaron las primeras ayudas, por parte del Dapard, productos como enlatados, panela, aceite, pastas y otros. Una de las quejas de los damnificados es que el tamaño de los kits es el mismo, independientemente del tamaño de la familia.

Vea: Así se vive la evacuación por la emergencia de Hidroituango

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de Ituango, Hernán Darío Álvarez, en entrevista con este diario, afirmó: “A las personas que están allí en Guasimal (El Bombillo) se les ha prestado atención por parte de la Alcaldía. La comisaría de familia estuvo la semana pasada y han estado los cuerpos de socorro. Las personas a veces tienen pretensiones mayores, pero trabajamos con los recursos que tiene la administración”.

Con respecto al coliseo, sostuvo que “también nos hemos reunido con las personas que están allí” y resaltó las ayudas que finalmente llegaron y que, según la administración municipal, se solicitaron el 4 de mayo (fecha de la que también hablan la Defensoría del Pueblo y la Personería), pero tardaron casi tres semanas en estar disponibles. En total, en los registros que tiene la Alcaldía, hay 127 personas que dicen ser afectadas y 14 en un listado que, dice la autoridad, pasó el grupo albergado en el Coliseo.

Según Álvarez, la prioridad ha sido armar un plan de contingencia de movilidad en caso de que la situación en la presa se agrave. “Sólo un día estuvimos sin el paso (el miércoles 16, cuando ocurrió la emergencia en casa de máquinas) y empezamos a ver el desabastecimiento. Si ocurre alguna emergencia o calamidad, serían 25.000 personas afectadas. Hemos prestado atención a cómo vamos a solucionar el paso de pasajeros y de la carga”.

Con respecto al futuro de las personas albergadas, el alcalde explicó que, junto con la Secretaría de Minas, está haciendo un cotejo para ver cuántos están en el sistema reconocidos como barequeros. Señaló que es necesario hacer “un estudio profundo” para esclarecer la situación de las personas que se declaran damnificadas. La administración agregó que, debido a que la inundación de las playas impidió hacer la verificación de las afectaciones in situ, no se puede afirmar que todos los albergados son damnificados, pero que se presume la buena fe y por eso presta la atención de emergencia.

Lea también: Autoridades ajustan niveles de alerta por Hidroituango

El alcalde, quien expresó su “solidaridad con el proyecto hidroeléctrico”, afirma que contaban con que la comunidad perdería el puente Pescadero una vez se hiciera el llenado del embalse, a mitad de año. De hecho, sobre la presa quedará la vía definitiva para entrar y salir de Ituango. Pero los planes se adelantaron y de la forma quizá más abrupta. Por eso, la administración también sostiene que estas personas tenían “previo conocimiento” de que tendrían que dejar las playas. Por tanto, las ayudas fueron sólo por la emergencia, pero no se extenderán.

La Personería, por su parte, hizo un llamado a “que se mire con lupa” el asunto de quiénes deben recibir una indemnización. Una de las quejas que se escucha con frecuencia es que EPM hizo “mal” el censo, hace casi 10 años. “Censaron gente en el puente y no fueron a las playas donde estaba la gente trabajando”, dice Yamil Higuita. Sobre quienes afirman que de la situación hay “avivatos” que se tratan de aprovechar, agrega: “¿para qué no fueron a las playas? Es responsabilidad de ellos (EPM) averiguar quién es el avivato o no”.

¿Qué dice EPM?

La siguiente es la respuesta por escrito que Jorge Ignacio Castaño Giraldo, director Ambiental, Social y Sostenibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, envió a El Espectador:

EPM realizó la toma de información censal en tres momentos, de acuerdo con los hitos, la leyes 56 del 81 y la 99 del 93. El primer momento fue en 2006, en el marco del estudio de impacto ambiental. El segundo en 2008, previa la declaratoria de utilidad pública e interés social para el licenciamiento del proyecto. Durante 2009 y 2010, en los diseños definitivos, se actualizó la información censal. La metodología fue concertada con líderes, personerías y alcaldes, teniendo en cuenta el calendario económico, el verano y el veranillo.

El proyecto cuenta con el mecanismo de quejas y reclamos abierto a los ciudadanos por medio de las oficinas de atención a la comunidad.

EPM no pone en tela de juicio que las personas sean mineras, se trata de que en su condición de pública debe soportar de manera objetiva su accionar. Por tal razón, los reclamantes deben soportar por qué no estuvieron en los momentos de la toma de información.

Los predios son propiedad del proyecto, de acuerdo con el MVU (Manual de Valores Unitarios) aprobado por el MME (Ministerio de Minas y Energía).

Las playas ocupadas por quienes aducen ser damnificados son propiedad del proyecto y, muchos de ellos, están notificados para de acuerdo con el procedimiento para restablecer la propiedad. Otros han sido compensados. Otros tienen la compensación en el juzgado. Otros no están en el censo ni han soportado objetivamente por qué no estaban durante la toma de información.

Las personas impactadas en su actividad económica y que se encuentran en el censo han sido compensadas de acuerdo con el real impacto. A la fecha, EPM no tiene personas o familias censadas de Ituango pendientes por concertar.

El proyecto ha concertado con el 93 % de la población impactada. Sólo faltan 22 mineros, a quienes se les adelanta en proceso de información y de consulta para la concertación y posterior firma del contrato.

El proyecto no tiene damnificados en Ituango. Al contrario, previa la situación ocurrida adelantaba el debido proceso para restablecer los bienes de su propiedad, ocupados de manera irregular por estos ciudadanos.

*Nota del editor: En la noche del sábado 26 de mayo, EPM informó que las caravanas para llegar y salir de Ituango, de las que habla este artículo, que forma parte de la edición dominical impresa, quedaron suspendidas a causa de un nuevo derrumbe registrado en horas de la tarde del mismo día. Agregó que la movilización de pasajeros entre un lado del río y el otro se empezaría a desarrollar a partir de las seis de la mañana del día siguiente, por medio de lanchas.

** Nombre cambiado por petición de la fuente.