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El impacto económico de los bonos de agua no tendría una escala de cientos de miles de millones de pesos, sino de billones de pesos. Así es, si bien los créditos que adquirieron 117 municipios entre 2009 y 2011 sumaron $440.000 millones, diez años después el efecto agregado podría ser de entre dos o tres veces el monto original. Es por esto que el debate en torno a este polémico mecanismo de financiación no es solo político, sino público, pues les interesa a todos los colombianos que seguirán poniendo de su bolsillo para pagar estas deudas durante la siguiente década.
*Lea aquí la entrega anterior del especial de El Espectador sobre los bonos de agua: el perjuicio en Bello y Caldas (Antioquia).
Aunque la polémica en torno a los bonos de agua no es nueva, ha revivido debido a que el presidente Iván Duque nombró a Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, quien ya había ocupado ese cargo en el Gobierno Uribe entre 2003 y 2007, y debido a las denuncias que el periodista Daniel Coronell hizo hace poco más de un mes en su columna. (Lea el informe que revela cómo se pactaron los bonos de agua)
En este documento periodístico se asegura que el funcionario (Carrasquilla) en 2007 ayudó a impulsar la ley que dio vida a los bonos de agua, y que en 2008 (cuando Carrasquilla estaba fuera del Gobierno) la empresa Konfigura Capital (de Carrasquilla y otros dos socios) ayudó a gestionar los bonos de agua.
Y en su columna el periodista cita al senador Jorge Enrique Robledo, quien denuncia que la firma se benefició de esta operación: a los prestamistas les pagaron “la atractiva tasa de UVR + 8 %, en tanto que a los municipios les cobraron la muy alta de UVR + 11 %, porque Carrasquilla y sus socios se quedaron con el 3 %, unos $14.000 millones anuales durante cinco años”, asegura el congresista.
Carrasquilla se defendió en un debate de control político en su contra asegurando que no estaba en el Gobierno cuando se aprobó la ley que reglamentó los bonos de agua y que su empresa tan solo brindó una asesoría. Además, dijo que ese diferencial de tasas son reservas a las cuales tienen derecho los estructuradores de cualquier emisión.
Y aunque este lunes se conoció que la mesa directiva del Senado declaró improcedente la moción de censura contra el ministro, hay todavía sectores que piden la renuncia del funcionario. (Lea la noticia aquí)
Pero más allá de si Carrasquilla debe salir o no de su cargo, el impacto económico de los bonos de agua permanece en los 117 municipios. Es más, podría seguir por más de década.
El efecto financiero de los bonos de agua en los municipios
Aunque los bonos tenían un período de cinco años en los que solo tenían que pagar intereses, en 2014 los créditos se tornaron nocivos e insostenibles. Por lo que los municipios no pudieron soportar ni el primer año luego de que se terminara este período de gracia; lo cual motivó a Findeter a comprar esta cartera y mejorarles las tasas.
Aunque hasta el momento no ha sido posible calcular cuánto se pagó antes del rescate, El Espectador tuvo acceso a un documento que Alianza Fiduciaria hizo para Findeter que muestra cómo se comportó la cartera de los bonos de agua de los 117 municipios durante los últimos cuatro años (agosto 2014-31 de agosto de 2018). En este informe se detalla la tasa que tiene cada préstamo (ver listado aquí), cuánto han pagado de intereses (intereses de financiación), cuánto han abonado a la deuda (amortización) y el saldo pendiente por pagar (saldo a capital). (Ver tabla de pagos aquí)
Precisamente por estas tasas altas es que estos municipios también se encuentran en el listado de los que más presión de deuda tienen. El que encabeza la lista es Buenaventura, que ha pagado $29.330 millones, ha abonado $8.209 millones, pero todavía le quedan por pagar $41.045 millones. De hecho, este fenómeno de que los intereses estén próximos a superar el monto de la deuda es frecuente en este tipo de municipios que tiene la tasa de IPC + 11 %.
Asimismo, el informe también advierte de los municipios que se encuentran en este momento en mora con sus respectivos créditos: Caramanta, en Antioquia (debe $1.975 millones); Guaca, en Santander (debe $1.706 millones), Margarita, en Bolívar (debe $2.329 millones) y Susacón, en Boyacá (debe $2.469 millones). (Ver informe de municipios en mora aquí)
Los que menos presión de deuda presentan son los municipios que lograron pagar sus préstamos de forma anticipada: Caicedonia (Valle), Florencia (Caquetá), Floridablanca (Santander), San Juan de Girón (Santander), Ipiales (Nariño), Los Patios (Norte de Santander), Rionegro (Antioquia), Sabaneta (Antioquia), San Pelayo (Córdoba), Soacha (Cundinamarca) y Valledupar (Cesar). Pero esto no se debe precisamente a que hayan logrado superar la deuda, sino que en la mayoría de los casos es porque lograron trasladar sus préstamos a la banca privada: pedían un préstamo en alguna entidad que les diera mejores tasas para pagar la deuda con Findeter.
En resumen, en los últimos cuatro años estos 117 municipios han experimentado una presión de deuda de $727.000 millones: $241.000 millones solo en intereses, han abonado $165.000 millones y todavía deben $320.000 millones. Pero vale la pena recordar que los municipios realizaron pagos (de intereses) por más de tres años antes de ser rescatados por Findeter, por lo que el efecto netamente financiero sería aun mayor.
Además, esos $241.000 millones son apenas los intereses que se han pagado en los últimos cuatro años y la mayoría de los créditos vencen en 2028. Por lo que quedan todavía diez años de estos pagos, lo que podría duplicar o incluso triplicar (si la inflación se dispara) el efecto de los intereses en las finanzas municipales. Además, cabe recordar que los saldos pendientes están en UVR, por lo que el capital que se debe podría variar en función de la inflación de la próxima década.
En efecto, José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria, advierte que “el efecto financiero no ha terminado, sino que irá creciendo. Los colombianos seguiremos pagando por varios años esa deuda por medio de las transferencias que les hace el Gobierno a los municipios a través del SGP. Por lo que no tienen sentido los comentarios del ministro Carrasquilla de que este debate es viejo; todo lo contario: sigue y seguirá presente por casi una década”.
Impacto total
Claramente el efecto de los bonos de agua es mucho mayor a los $440.000 millones que se pensaban inicialmente y con un agravante: según un informe de 2015 del Ministerio de Vivienda, al que tuvo acceso este diario, solo en 29 de los 117 municipios las obras fueron terminadas y son funcionales. (Ver aquí informe MinVivienda)
Por lo que el 75 % de los municipios necesitarían más recursos para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado, y al parecer los capitales estarían disponibles. Hace mes y medio el presidente Iván Duque anunció un plan de $1,2 billones para la reactivación de la economía regional, en donde hay más de $350.000 millones para infraestructura de agua y de saneamiento.
El Espectador le consultó a Findeter sobre qué municipios podrían acceder a estos nuevos recursos para agua y alcantarillado. La entidad respondió: “Los recursos son para nuevas inversiones y para entidades territoriales que tengan capacidad de endeudamiento”.
De esta manera, hay varios indicios de que la escala del impacto de los bonos de agua sería de billones de pesos y no de cientos de miles de millones: los $727.000 millones del efecto total de la deuda que se indican en el informe de Findeter (realizado por Alianza Fiduciaria), por los pagos de intereses y de amortización de los próximos diez años, por el monto que se desconoce que se pagó antes del rescate y por los gastos adicionales en que deberán incurrir los 88 municipios en donde no terminaron las obras de acueducto y alcantarillado.
