Colombia no votó a favor de la declaración de los derechos campesinos en la ONU

El pasado lunes 17 de diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas le dio el último visto bueno que le faltaba a la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Se trata de un documento que reconoce la labor de estas poblaciones y su aporte al desarrollo. Además, llama a los Estados a tomar medidas que las protejan y promuevan condiciones dignas y herramientas para sus vidas y trabajo.

Reconoce a las mujeres campesinas, la niñez, la tercera edad y las personas con discapacidad; habla de los derechos a la vida, a los recursos naturales, a la integridad física, la libertad y la seguridad; menciona que estas poblaciones no deben ser sometidas a arrestos arbitrarios, tortura, esclavitud, ni servidumbre, entre otros; hace referencia a la necesidad de dar asistencia técnica, facilitar el acceso a tecnologías y garantizar que actores como las transnacionales respeten los derechos campesinos y de los trabajadores rurales. Solo por mencionar algunos puntos.

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“A la población rural se le ha dejado atrás de forma sistemática: constituye la gran mayoría de los pobres del mundo, generalmente tienen salarios más bajos y menos acceso al agua, energía, protección social y otros servicios que son esenciales para su desarrollo sostenible. Esta es una oportunidad para cambiar esta realidad", dijo Carla Mucavi, directora de la Oficina de Enlace de la FAO para las Naciones Unidas en Nueva York, entidad que celebró la adopción del texto.

Sin embargo, Colombia, en donde cerca del 20 % de la población vive en el campo y hay un 36 % de pobreza rural en términos monetarios –una tasa 12 puntos por encima de la urbana–, se abstuvo en la votación. Ya lo había hecho en el debate en la comisión tercera de la Asamblea en noviembre pasado, por lo que era casi previsible que el país mantuviera su posición.

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No obstante, entre las organizaciones campesinas y otras que defienden derechos humanos hay muchas preguntas sin responder. La semana pasada, más de 50 organizaciones y 40 congresistas y académicos enviaron al presidente de la República, Iván Duque, una carta exigiendo que Colombia respaldara la declaración o que, al menos, en caso de insistir en su postura, “informe públicamente al país las razones de ello”.

Calificaron de “vergonzosa” la oposición a esta declaración, que, afirman, “constituye un gran avance en el reconocimiento de los derechos de un sujeto social históricamente invisibilizado y excluido en el mundo entero y que, en nuestro país, ha sido altamente victimizado a causa del conflicto interno y los procesos históricos de despojo, desplazamiento y olvido estatal”. El mismo Estado ha reconocido ese abandono, por ejemplo, a través de la Misión para la Transformación del Campo que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se presentó como una herramienta de diagnóstico y recomendaciones para saldar la mentada “deuda histórica” con la población rural y campesina.

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Los firmantes agregaron que la abstención envía un “muy mal mensaje al país y al mundo, máxime cuando Colombia es un país agrícola y de fuerte tradición rural”. Un país de la región, Bolivia, lideró el proceso de negociación durante seis años, recordó la FAO en un comunicado. En la votación en la Asamblea, 121 naciones votaron a favor, 54 se abstuvieron –al igual que Colombia– y ocho votaron en contra: Australia, Guatemala, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

En respuesta a este medio, la Cancillería de Colombia explicó que el proyecto de resolución “fue considerado y sometido a votación en la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de noviembre de 2018. Como resultado, la Resolución fue aprobada con 144 votos a favor, 7 en contra y 49 abstenciones, dentro de las que se encuentra la del Estado colombiano”.

Añadió: “La posición de Colombia obró en consonancia con el concepto técnico sectorial allegado al Ministerio de Relaciones Exteriores el 17 de noviembre, para cuya elaboración fueron consultadas diversas Entidades del Estado, y en el que se propone que “[…] el pronunciamiento de Colombia sea de abstención”". Sin embargo, no especificó qué entidades. El Espectador consultó con el Ministerio de Agricultura, rector de la política sectorial, pero no recibió respuesta adicional a lo dicho por la Cancillería.

En su carta, organizaciones como Renaf –red de agricultura familiar– y la Onic y académicos e investigadores como Arturo Escobar, Tatiana Acevedo y Francisco Gutiérrez, manifestaron que por fortuna la oposición en Comisión fue minoritaria. Lo mismo ocurrió en plenaria y, por eso, la declaración fue aprobada. Sobre sus alcances, la resolución se limita a “invitar” a los gobiernos y otras entidades a difundir y promover el respeto por el documento.

“La Asamblea General como órgano de las Naciones Unidas no tiene la capacidad de emitir decisiones vinculantes, como sí ocurre en el Consejo de Seguridad. Lo que sale de la Asamblea es una hoja de ruta, si se quiere, recomendaciones o derroteros simbólicos, pero no es que obligue a los Estados”, explicó Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

Para Jaramillo, que la Asamblea General apruebe una declaración de este tipo sirve como referente o respaldo para las organizaciones sociales a la hora de hacer reclamos a los Estados, en este caso, por el respeto y garantía de los derechos campesinos.

Plan de Desarrollo, el próximo objetivo

Organizaciones entre las que está la Mesa Campesina del Cauca redactaron un “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”, con la intención de que sea incluido como capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo que deberá presentar el Gobierno ante el Congreso de la República.

En el documento, incluyen una línea de “Acceso, formalización y territorialidades campesinas-áreas protegidas”. Proponen formalizar cuatro millones de hectáreas en el cuatrienio, por ejemplo. Para el “fortalecimiento de la economía campesina y adecuación institucional” plantean que el “gobierno debe reconocer que la economía campesina como un modelo que le aporta riqueza al país, soporta la soberanía alimentaria y garantiza los bienes naturales, para el consumo y bienestar de la población colombiana”.

No dejan de lado el asunto de los derechos campesinos, por lo que marcan como objetivo caracterizar a esta población, para lo que sería necesario delimitar el concepto de “campesino”. Incorporan un tema que fue motivo de discusión alrededor del censo nacional de población: el autorreconocimiento como población campesina en los ejercicios estadísticos. Mencionan también objetivos de educación adecuada a los diferentes contextos, de salud, seguridad social y deporte y recreación.

Otros componentes son el de infraestructura, como las vías, el riego y drenaje, así como la reducción sostenible de cultivos de uso ilícito. Incluye la necesidad de educación y acciones contra el cambio climático y, por otro lado, el reconocimiento particular de las mujeres campesinas, para promover sus derechos y prevenir violencias. Finalmente, habla de crear una jurisdicción agraria “que tenga en cuenta que los conflictos por la tierra (y su judicialización) presentan características diferentes a aquellos que ocurren en las ciudades”.

La justificación del documento en el marco del Consejo Nacional de Planeación se haría el próximo 20 de diciembre.

El pasado lunes 17 de diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas le dio el último visto bueno que le faltaba a la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Se trata de un documento que reconoce la labor de estas poblaciones y su aporte al desarrollo. Además, llama a los Estados a tomar medidas que las protejan y promuevan condiciones dignas y herramientas para sus vidas y trabajo.

Reconoce a las mujeres campesinas, la niñez, la tercera edad y las personas con discapacidad; habla de los derechos a la vida, a los recursos naturales, a la integridad física, la libertad y la seguridad; menciona que estas poblaciones no deben ser sometidas a arrestos arbitrarios, tortura, esclavitud, ni servidumbre, entre otros; hace referencia a la necesidad de dar asistencia técnica, facilitar el acceso a tecnologías y garantizar que actores como las transnacionales respeten los derechos campesinos y de los trabajadores rurales. Solo por mencionar algunos puntos.

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“A la población rural se le ha dejado atrás de forma sistemática: constituye la gran mayoría de los pobres del mundo, generalmente tienen salarios más bajos y menos acceso al agua, energía, protección social y otros servicios que son esenciales para su desarrollo sostenible. Esta es una oportunidad para cambiar esta realidad", dijo Carla Mucavi, directora de la Oficina de Enlace de la FAO para las Naciones Unidas en Nueva York, entidad que celebró la adopción del texto.

Sin embargo, Colombia, en donde cerca del 20 % de la población vive en el campo y hay un 36 % de pobreza rural en términos monetarios –una tasa 12 puntos por encima de la urbana–, se abstuvo en la votación. Ya lo había hecho en el debate en la comisión tercera de la Asamblea en noviembre pasado, por lo que era casi previsible que el país mantuviera su posición.

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No obstante, entre las organizaciones campesinas y otras que defienden derechos humanos hay muchas preguntas sin responder. La semana pasada, más de 50 organizaciones y 40 congresistas y académicos enviaron al presidente de la República, Iván Duque, una carta exigiendo que Colombia respaldara la declaración o que, al menos, en caso de insistir en su postura, “informe públicamente al país las razones de ello”.

Calificaron de “vergonzosa” la oposición a esta declaración, que, afirman, “constituye un gran avance en el reconocimiento de los derechos de un sujeto social históricamente invisibilizado y excluido en el mundo entero y que, en nuestro país, ha sido altamente victimizado a causa del conflicto interno y los procesos históricos de despojo, desplazamiento y olvido estatal”. El mismo Estado ha reconocido ese abandono, por ejemplo, a través de la Misión para la Transformación del Campo que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se presentó como una herramienta de diagnóstico y recomendaciones para saldar la mentada “deuda histórica” con la población rural y campesina.

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Los firmantes agregaron que la abstención envía un “muy mal mensaje al país y al mundo, máxime cuando Colombia es un país agrícola y de fuerte tradición rural”. Un país de la región, Bolivia, lideró el proceso de negociación durante seis años, recordó la FAO en un comunicado. En la votación en la Asamblea, 121 naciones votaron a favor, 54 se abstuvieron –al igual que Colombia– y ocho votaron en contra: Australia, Guatemala, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

En respuesta a este medio, la Cancillería de Colombia explicó que el proyecto de resolución “fue considerado y sometido a votación en la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de noviembre de 2018. Como resultado, la Resolución fue aprobada con 144 votos a favor, 7 en contra y 49 abstenciones, dentro de las que se encuentra la del Estado colombiano”.

Añadió: “La posición de Colombia obró en consonancia con el concepto técnico sectorial allegado al Ministerio de Relaciones Exteriores el 17 de noviembre, para cuya elaboración fueron consultadas diversas Entidades del Estado, y en el que se propone que “[…] el pronunciamiento de Colombia sea de abstención”". Sin embargo, no especificó qué entidades. El Espectador consultó con el Ministerio de Agricultura, rector de la política sectorial, pero no recibió respuesta adicional a lo dicho por la Cancillería.

En su carta, organizaciones como Renaf –red de agricultura familiar– y la Onic y académicos e investigadores como Arturo Escobar, Tatiana Acevedo y Francisco Gutiérrez, manifestaron que por fortuna la oposición en Comisión fue minoritaria. Lo mismo ocurrió en plenaria y, por eso, la declaración fue aprobada. Sobre sus alcances, la resolución se limita a “invitar” a los gobiernos y otras entidades a difundir y promover el respeto por el documento.

“La Asamblea General como órgano de las Naciones Unidas no tiene la capacidad de emitir decisiones vinculantes, como sí ocurre en el Consejo de Seguridad. Lo que sale de la Asamblea es una hoja de ruta, si se quiere, recomendaciones o derroteros simbólicos, pero no es que obligue a los Estados”, explicó Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

Para Jaramillo, que la Asamblea General apruebe una declaración de este tipo sirve como referente o respaldo para las organizaciones sociales a la hora de hacer reclamos a los Estados, en este caso, por el respeto y garantía de los derechos campesinos.

Plan de Desarrollo, el próximo objetivo

Organizaciones entre las que está la Mesa Campesina del Cauca redactaron un “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”, con la intención de que sea incluido como capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo que deberá presentar el Gobierno ante el Congreso de la República.

En el documento, incluyen una línea de “Acceso, formalización y territorialidades campesinas-áreas protegidas”. Proponen formalizar cuatro millones de hectáreas en el cuatrienio, por ejemplo. Para el “fortalecimiento de la economía campesina y adecuación institucional” plantean que el “gobierno debe reconocer que la economía campesina como un modelo que le aporta riqueza al país, soporta la soberanía alimentaria y garantiza los bienes naturales, para el consumo y bienestar de la población colombiana”.

No dejan de lado el asunto de los derechos campesinos, por lo que marcan como objetivo caracterizar a esta población, para lo que sería necesario delimitar el concepto de “campesino”. Incorporan un tema que fue motivo de discusión alrededor del censo nacional de población: el autorreconocimiento como población campesina en los ejercicios estadísticos. Mencionan también objetivos de educación adecuada a los diferentes contextos, de salud, seguridad social y deporte y recreación.

Otros componentes son el de infraestructura, como las vías, el riego y drenaje, así como la reducción sostenible de cultivos de uso ilícito. Incluye la necesidad de educación y acciones contra el cambio climático y, por otro lado, el reconocimiento particular de las mujeres campesinas, para promover sus derechos y prevenir violencias. Finalmente, habla de crear una jurisdicción agraria “que tenga en cuenta que los conflictos por la tierra (y su judicialización) presentan características diferentes a aquellos que ocurren en las ciudades”.

La justificación del documento en el marco del Consejo Nacional de Planeación se haría el próximo 20 de diciembre.