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El Gobierno radicó este miércoles el proyecto de ley para quitarle tres ceros al peso colombiano. La iniciativa, en un principio, iba a ser radicada el mes pasado.
Esta no es la primera vez que se propone hacer esta modificación al peso colombiano. Esta sería la quinta vez que se intenta darle vuelo a esta idea, que ya fue enunciada en 2000, 2010, 2014 y 2016.
En esta ocasión, la propuesta nació del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, como una forma de volver obsoleto el dinero que está en poder de las organizaciones criminales en el país.
Sin embargo, diferentes voces han advertido que un cambio de esta magnitud podría demorarse demasiado en ser implementado y este tiempo sólo le da ventaja a los criminales para el reemplazo de los fondos que se busca sacar de circulación.
De acuerdo con experiencias internacionales, el tiempo del cambio se demora entre dos y cuatro años. Un periodo de esta magnitud hace dudar a varios observadores sobre la utilidad de la medida.
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario lo explicó así en una columna publicada por este diario: “Si la implementación es larga, las economías subterráneas o grupos o ex grupos al margen de la ley sabrán rápidamente cómo reemplazar su moneda por divisas y otros bienes poco a poco, directamente, o a través de testaferros, al punto que al final será un modelo generoso y lento de lavado de activos, que si bien puede traer nuevos recursos al sistema, no enfrenta el problema descrito por el Fiscal”.
Por otro lado, emprender este cambio en momentos en que aún se está integrando la nueva familia de billetes del Banco de la República al mercado supondría un problema extra, de acuerdo con Asobancaria. Según el gremio de los bancos, apenas se ha avanzado 30 % en la implementación de la nueva familia de billetes.
De acuerdo con Asobancaria: “La banca, después de un análisis riguroso en materia de costo/beneficio de las propuestas planteadas desde la Fiscalía y el Gobierno, encuentra que la medida resulta ser poco eficiente -y costosa-, tanto por los desafíos operativos como culturales que incorpora. Un sistema multimoneda como el que se derivaría de una nueva denominación sin tres ceros, resultaría no solo multi-ineficiente sino costoso en materia transaccional y constituiría un claro retroceso en la solidez y simplicidad para el ecosistema de pagos”.
De ser aprobada la ley, su implementación comenzaría en 2020 y el costo del proceso sería de unos $800.000 millones, según datos del Banco de la República.
Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda se ha referido al proyecto al decir que “es una idea que ha tenido gran respaldo, tenemos la firme convicción de que el país está listo para dar ese paso, ahorrar en términos de costos de transacción, simplificar la vida de las personas, facilitar el intercambio, también la conversión de monedas, el turismo”.