Comunidad académica pide una revisión técnica de la ley de financiamiento
Por medio de una carta abierta, distintos actores de diversas universidades del país solicitaron al Congreso de la República la creación de una comisión técnica e independiente que revise la denominada ley de financiamiento.
Redacción Economía.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana adelanta una iniciativa que consiste en manifestar la preocupación que siente la comunidad académica frente a los $9 billones de pesos, “más del doble de la financiación de la universidad pública”, aseguran, en nuevos beneficios tributarios que tendrían las empresas por medio de la ley de financiamiento.
En menos de 48 horas personajes ajenos a la Javeriana decidieron sumarse a la iniciativa. Dentro de ellos se encuentran economistas, abogados, profesores, decanos y hasta estudiantes youtubers de diferentes claustros como El Externado, Universidad del Rosario y los Andes, entre otros.
Lea también: Ponencia de ley de financiamiento no toca a trabajadores independientes
Por medio de una carta abierta, firmada por casi 70 personas, esta comunidad, además de manifestar su inconformidad, solicita que se cree una comisión técnica e independiente que se haga cargo del proyecto de ley, ya que consideran que ha faltado un debate técnico alrededor de este tema.
“Desde su publicación, hemos sido testigos de una presión injustificada por aprobar, bajo imposición política, un proyecto de ley que sin mayor debate técnico concede casi 9 billones de pesos en beneficios tributarios a las grandes empresas. Si bien provenimos de distintas corrientes ideológicas, coincidimos en que las exenciones tributarias que se pretenden entregar a nuevos sectores económicos carecen de una justificación técnica robusta: no es clara la razón detrás de la entrega de los alivios tributarios a las mega-inversiones, ni tampoco los criterios utilizados para escoger tanto los 70 sectores que componen la llamada “Economía Naranja” como la naturaleza y el monto de las inversiones que dan lugar al beneficio, por citar
algunos ejemplos”, manifiesta parte del documento.
Para los firmantes, esta ley podría terminar en afectaciones como una reducción en el recaudo fiscal, un encarecimiento de la administración pública y un entorpecimiento en la supervisión adelantada por la DIAN, entre otras.
“Sometemos a su criterio que esta idea sea ejecutada de la forma más armónica posible para que, entre todos, sentemos un precedente y hagamos un verdadero ejercicio colectivo de política pública en el país”, concluye el documento.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana adelanta una iniciativa que consiste en manifestar la preocupación que siente la comunidad académica frente a los $9 billones de pesos, “más del doble de la financiación de la universidad pública”, aseguran, en nuevos beneficios tributarios que tendrían las empresas por medio de la ley de financiamiento.
En menos de 48 horas personajes ajenos a la Javeriana decidieron sumarse a la iniciativa. Dentro de ellos se encuentran economistas, abogados, profesores, decanos y hasta estudiantes youtubers de diferentes claustros como El Externado, Universidad del Rosario y los Andes, entre otros.
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Por medio de una carta abierta, firmada por casi 70 personas, esta comunidad, además de manifestar su inconformidad, solicita que se cree una comisión técnica e independiente que se haga cargo del proyecto de ley, ya que consideran que ha faltado un debate técnico alrededor de este tema.
“Desde su publicación, hemos sido testigos de una presión injustificada por aprobar, bajo imposición política, un proyecto de ley que sin mayor debate técnico concede casi 9 billones de pesos en beneficios tributarios a las grandes empresas. Si bien provenimos de distintas corrientes ideológicas, coincidimos en que las exenciones tributarias que se pretenden entregar a nuevos sectores económicos carecen de una justificación técnica robusta: no es clara la razón detrás de la entrega de los alivios tributarios a las mega-inversiones, ni tampoco los criterios utilizados para escoger tanto los 70 sectores que componen la llamada “Economía Naranja” como la naturaleza y el monto de las inversiones que dan lugar al beneficio, por citar
algunos ejemplos”, manifiesta parte del documento.
Para los firmantes, esta ley podría terminar en afectaciones como una reducción en el recaudo fiscal, un encarecimiento de la administración pública y un entorpecimiento en la supervisión adelantada por la DIAN, entre otras.
“Sometemos a su criterio que esta idea sea ejecutada de la forma más armónica posible para que, entre todos, sentemos un precedente y hagamos un verdadero ejercicio colectivo de política pública en el país”, concluye el documento.