Con la aclaración de que para la Contraloría General de la República es importante el cumplimiento de los acuerdos de paz, dicha entidad comunicó este miércoles su preocupación sobre el uso que se le está brindando al dinero recaudado proveniente de los impuestos a las bolsas plásticas y el carbono. Según el máximo ente de control fiscal, el grueso de estos recursos se está destinando a financiar el posconflicto y no el cuidado del medio ambiente, como se supone.
La información manejada por la Contraloría, entregada a la misma por la DIAN, da cuenta de que para noviembre de 2018 el recaudo proveniente del impuesto al carbono representó $294.000 millones, de los cuales, el 70% fueron destinados para la implementación de los acuerdos pactados entre el Gobierno y las extintas Farc-EP, mientras que el 30% fue utilizado para temas medioambientales.
En detalle, mientras el posconflicto recibió $205.800 millones, provenientes de este tributo ambiental, los asuntos ecológicos solo $88.200 millones.
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De igual forma, se estima que el recaudo proveniente del impuesto a las bolsas plásticas, a junio de 2018, ascendió a $14.510 millones. Para este caso, según lo comunicado por la Contraloría, estos ingresos no tienen una destinación en específico sino que van a la bolsa común del tesoro nacional.
Ante tal panorama, la Contraloría hizo un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para que estudien la posibilidad de asegurar que los recursos e impuestos ambientales sean direccionados al sector medio ambiental. Lo anterior, explicando que este campo necesita de inversiones significativas que permitan la corrección de acciones negativas causadas por la emisión de gases de efecto invernadero producto del consumo de combustibles fósiles.
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En concreto, para el ente de control la destinación de estos recursos no está cumpliendo con su propósito inicial, que es el cuidado del medio ambiente, sino que están siendo redireccionados para financiar otras obligaciones del Estado.
Sumado a lo anterior, también asegura que el Gobierno carece de sistemas de control adecuados que permitan verificar si los beneficios tributarios otorgados corresponden a los resultados ambientales esperados, es decir, no hay manera de evaluar si la inversión que está recibiendo el sector medio ambiental del país, y las acciones implementadas en esta materia, son las necesarias.
“Si una persona o una empresa declara una inversión para la mejora en la calidad del aire, no se verifica si la misma está funcionando, si costó el valor declarado y, lo más importante, si se logró el beneficio ambiental”, ejemplifica la Contraloría.